La demora de dos años en la valoración de la discapacidad provoca que muchos andaluces se sientan olvidados

Imagínate que a ti o a alguno de tus familiares o amigos le detectan una discapacidad y que para recibir alguna de las prestaciones que ofrece el Gobierno tienes que esperar «más de dos años» o «hasta tres» para recibirlas. Según ha recogido en su memoria del año 2023 la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, en Andalucía tardan en dar una cita para valorar tu grado de discapacidad en torno a 24 meses, a lo que hay que sumar después el tiempo que tarda en resolverse el proceso y emitir una resolución.

La demora de este servicio público tiene una serie de consecuencias para este colectivo vulnerable, que requiere de estos informes para el acceso al mercado laboral o para poder solicitar becas y otro tipo de ayudas, que son esenciales para su día a día. A esto hay que sumarle el retraso que se produce en el pago o en la aplicación de los beneficios que se desprenden de ese reconocimiento, una vez fijado el grado de dependencia.

Este problema no es nuevo y si no que se lo digan a los padres de niños con discapacidad que tienen que invertir en terapias, que costean de su propio bolsillo, al no poder acceder a unas ayudas que les corresponden, por no tener la valoración. Otro caso son los ancianos que tienen un alto grado de dependencia debido a su avanzada edad y a una patología severa y no llegan a recibir esta ayuda nunca.

Según el informe del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de 2023, el 94,74 % de las comunidades autónomas tienen como causa principal de esta demora la escasez de personal y el 78,95 % los procedimientos lentos y complejos. Por provincias, Cádiz y Granada son en las que mayor dilación en el tiempo presentan a la hora de conseguir el grado de discapacidad de toda la comunidad andaluza.

El objetivo es agilizar los plazos

Esta semana una comisión del Parlamento andaluz dedicada al ámbito de la discapacidad ha sacado a relucir otra vez este tema. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha respondido que su objetivo es agilizar los plazos y, para ello, a principios de este año, se puso en marcha una reforma para mejorar la atención y servicio que se presta en los centros de valoración y orientación de personas con discapacidad en Andalucía. La Junta ha señalado que gracias a ella se ha producido «una reducción notable en los tiempos de demora para la atención de menores y ya están prácticamente al día con las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida».

Esta reforma de la Junta tiene tres ejes principales: la creación de 60 puestos de trabajo, de los que ya se han cubierto 47, una mejora del procedimiento y una apuesta por la innovación tecnológica.

Por su lado, el Grupo Parlamento Popular ha presentado también una proposición no de ley para que a la hora de obtener su permiso de conducir las personas con movilidad reducida estén en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos.