El líder de UGT critica que la sentencia por las facturas falsas se conozca en pleno congreso del sindicato

La antigua cúpula de UGT en Andalucía financió «de forma consciente y fraudulenta» al sindicato con subvenciones de la Junta por valor de 40,6 millones de euros para cursos de formación a parados andaluces entre los años 2009 y 2013, en tiempos de los Gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, según una sentencia de la Audiencia de Sevilla emitida en pleno congreso de UGT en Barcelona.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado este jueves precisamente esta circunstancia. «Creo poco en las casualidades y que después de 15 años de este litigio haya aparecido justamente en el momento en el que el sindicato está en buenas condiciones en su Congreso no me parece casualidad», ha afirmado el líder sindical en una entrevista en Canal Sur Radio.

En cualquier caso, Álvarez ha expresado el «respeto» de UGT a la Justicia, al considerar que son «un sindicato que lucha contra la corrupción sin ningún lugar a duda», y ha defendido que UGT-A «ha hecho sus deberes como nadie», porque «en el momento en que se abrió aquella crisis no quedó nadie en la dirección del sindicato».

«Vamos a ver el contenido [de la sentencia] a fondo y, desde luego, si es menester presentar o no recurso. Pero, en todo caso, me parece que 15 años después esta sentencia no deja buen cuerpo», ha subrayado.

Cuestionado por si está sugiriendo que la Audiencia Provincial de Sevilla ha hecho coindicir la difusión de la sentencia con el Congreso de UGT, Álvarez ha señalado que se limita a «relatar los hechos» de que «justo en el momento en el que nos vamos a ir de un Congreso tan importante para el sindicato y con un resultado tan positivo en los últimos años como el que hemos hecho en Barcelona conozcamos la sentencia de un proceso que lleva como unos 15 años».

Multa de 50 millones

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años de prisión y al pago de una multa de 50 millones de euros al ex secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla; a su ex secretario general de Administración, Federico Fresneda; a su ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín, y al ex consejero delegado de Soralpe –la empresa instrumental–, Enrique Goicoechea, como autores de delitos de falsedad en documento mercantil y fraude de subvenciones.

Además, el tribunal le ha impuesto seis meses de cárcel y multa de 25 millones a la que fuera responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez, como cómplice penalmente responsable de dichos delitos.

UGT Andalucía, por su parte, deberá indemnizar a la Junta de Andalucía con 40,6 millones de euros como responsable civil subsidiario del fraude, aunque recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia de Sevilla. El sindicato, igualmente, se ha desligado de sus antiguos dirigentes. «Consideramos que serán sus abogados quienes deberán determinar la presentación de los correspondientes recursos», añade en un comunicado.