PP y Vox ponen contra las cuerdas al Gobierno por la laxitud en los controles en la verja de Gibraltar

La laxitud en la aplicación de los controles policiales en la verja de Gibraltar ha abierto un cisma en la Policía Nacional que amenaza con salpicar al Gobierno de España. El PP y Vox tienen presente la denuncia del jefe del puesto fronterizo contra varios de sus superiores, recientemente ampliada, y ya le han pedido explicaciones al Ejecutivo.

Los populares quieren que el Gobierno de Pedro Sánchez aclare por qué no se aplica estrictamente el Código de Fronteras Schengen a los llanitos al cruzar la Verja. La normativa obliga a requerir el pasaporte a los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea, como es el caso del Reino Unido tras el Brexit y, por extensión, de su colonia en la Península Ibérica.

En una pregunta por escrito al Gobierno registrada en el Congreso de los Diputados, el PP sostiene que «desde enero de 2021 los controles Schengen en la Verja no han sido realizados conforme al Código de Fronteras Schengen por decisión del Gobierno de Pedro Sánchez», lo que supone «un persistente incumplimiento y una grave irresponsabilidad».

Los populares denuncian que «supuestamente al puesto fronterizo de La Línea de la Concepción se le han dado instrucciones orales para incumplir sistemáticamente los artículos 6 y 11 del Código de Fronteras Schengen con los ciudadanos residentes en Gibraltar», a quienes no se procede a sellar sus pasaportes cuando cruzan hacia territorio español.

El PP pretende que el Gobierno reconozca que «de manera persistente y voluntaria, contraria a la práctica administrativa, se ha negado a transmitir órdenes escritas al puesto de La Línea de la Concepción en relación a la no aplicación» de los dos citados artículos y que se aclare sobre qué base legal se aplica dicha decisión.

Además, plantea al Ejecutivo si es consciente de que «esta práctica supone un riesgo para los funcionarios de la Policía Nacional que podrían ser acusados de prevaricación» y le reclama una aclaraciones sobre si «los responsables de la Policía Nacional han coaccionado al personal del puesto fronterizo con sanciones disciplinarias si aplicaban las normas de Schengen». Esto guarda relación con el pulso que el jefe policial del puesto fronterizo mantiene con sus superiores por esta misma situación.

«¿Intentan que los funcionarios policiales incumplan a sabiendas la normativa en vigor? ¿Obligan a los funcionarios a escoger entre ser sancionados disciplinariamente o prevaricar?», abunda el PP en su pregunta al Gobierno, presentada por su portavoz en la Comisión de Interior, Ana Belén Vázquez.

Por último, reclaman al Gobierno que concrete en cuántas ocasiones el jefe de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras competente en el puesto de La Línea de la Concepción ha recibido peticiones por escrito para que traslade sus instrucciones también por escrito.

Vox señala a Marlaska

Por su parte, Vox ha solicitado la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska ante la comisión de Interior del Congreso para que, igualmente, explique los motivos por los que no se están aplicando los controles fijados en el Código de Fronteras Schengen en la Verja.

La diputada nacional de Vox por Cádiz, Blanca Armario, ha recordado que «el inspector jefe del puesto fronterizo lleva meses intentando obtener una orden escrita que justifique el incumplimiento del Código Schengen en Gibraltar, la única frontera de la Unión Europea con países terceros en la que no está plenamente en vigor». Este es el motivo por el cual Vox quiere saber «los motivos que aduce el Gobierno para haber relevado de su cargo al inspector jefe responsable del puesto fronterizo con Gibraltar».

Vox ha solicitado también información acerca de la existencia de una orden escrita, cursada por el Ministerio del Interior, en la que se habría exigido el cese de los controles Schengen en la frontera con Gibraltar.

El pasado mes de diciembre, Vox preguntó al Gobierno por escrito cómo se iban a llevar a cabo los controles Schengen con Gibraltar y solicitaba garantías de que estos controles no comprometiesen la soberanía de España sobre el territorio y sus fronteras. También afeaba al Ejecutivo que «durante la negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit, no haya defendido su soberanía sobre la colonia de Gibraltar».