Paco Mena: «Pedimos a Marlaska un estatus especial para Campo de Gibraltar, pero lleva cuatro años estudiándolo»

«Cuando el Estado abandona un lugar, ese espacio lo ocupa el narco», lamentó Francisco Mena, activista contra el negocio de las drogas en la zona del Campo de Gibraltar, tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate.

Este electricista de profesión, presidente de la Coordinadora contra la droga 'Alternativas', se había reunido con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, justo el día anterior a este trágico suceso.

Mena y otros representantes vecinales siguen pidiendo a las instituciones un plan de acción social complementario al Plan Especial de Seguridad y la declaración de todo el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad, con el convencimiento de que ofrecer oportunidades a aquellos que han sido captados por las redes de los narcotraficantes solucionará el problema en parte en el futuro. Además, ha aprovechado esta entrevista en El Debate para exigir a la Junta andaluza y al Gobierno central que se sienten a dialogar, reencarnando contra el narcotráfico lo que han venido a llamar el 'Espíritu de Doñana'.

–¿Quién es Francisco Mena y por qué está tan implicado en el problema del narcotráfico?

–Soy el presidente de la Coordinadora Alternativas y llevo involucrado en la lucha contra las drogas unos 40 años. Lo que me marcó de por vida para comprometerme viene de la década de los 80 y los inicios de los 90 y aquella lucha de las madres en las calles exigiendo respuesta para los heroinómanos del Campo de Gibraltar. Junto a lo que sucedía en Galicia, aquello fue una pandemia enorme y fueron miles los jóvenes de esta zona que murieron como consecuencia de la heroína o del sida.

–¿Se ha perdido aquella respuesta ciudadana que había en aquella época o peor aún, se ha transformado en connivencia y aceptación de la presencia del narco?

–La diferencia es que en los 80, las familias sufrían en sus propias carnes la lacra de la droga: eran sus hijos los que morían, o quizás eran los encarcelados. Actualmente, lo que sucede con el tráfico de hachís es que no afecta directamente a la gente de aquí porque no suele ser para su consumo y la sociedad no percibe como entonces la magnitud del problema. La percepción del riesgo en nuestros días es muy baja. Si antes tu vecino era traficante, y su actividad ponía en riesgo la vida de los tuyos, esa persona era tu enemiga. Ahora, aunque sospeches que se pueda dedicar a ello por su nivel de vida, miras para otro lado.

En esta zona hay siete veces más abandono escolar que en el resto de la provincia de Cádiz

–¿Y cómo se explica que de ahí se pase ya a jalear a los narcos como sucedió en Barbate?

–Es una parte mínima de la población en el Campo de Gibraltar la que participa en el narcotráfico. El problema está focalizado en las barriadas más pobres y humildes, donde se le ve como una salida o una forma de vida. Se trata de lugares con mucha pobreza y riesgo de exclusión, como La Atunara en La Línea o Saladillo en Algeciras, donde el índice de paro de la población juvenil es del 60 % y la forma de salir para muchos de ellos es la de participar de una forma directa en el tráfico de drogas.

–Además, el absentismo escolar y el abandono son una constante...

–Todo está relacionado. Solo aquí hay siete veces más abandono escolar que en el resto de la provincia de Cádiz. Hablamos de adolescentes sin preparación condenados a no encontrar empleo y que son captados por las redes del narcotráfico que se nutren de esa falta de oportunidades. Por eso siempre hemos defendido que, aparte de la mano dura policial, judicial y penal, hay que hacer más cosas. Hemos perdido ya dos generaciones en el narcotráfico. Es un problema estructural donde somos puerta de entrada a la droga que se produce en Marruecos.

–¿Qué respuesta ha tenido por parte del Ministerio de Interior tras la propuesta de un plan de acción social para el Campo de Gibraltar?

–Precisamente, esa reunión fue el día antes del asesinato de los dos guardias civiles de Barbate. Fue un encuentro con el movimiento social y vecinal y allí le planteamos al ministro que lo que aquí ocurre no solo lo puede resolver Interior, sino que es tarea de todas las instituciones que tienen competencias. Aquí se tienen que sentar tanto la Junta como el Gobierno, por ello le pedimos a Marlaska lealtad institucional entre ambas, si no la hay y caemos en el 'y tú más' no avanzamos en nada.

–¿Qué otras iniciativas hay que acometer?

–Pedimos que se penalice a los petaqueros con algo más que simples sanciones. España es el país de la UE donde las penas por tráfico de hachís son las más leves. Urge la reforma del Código Penal. Y a Marlaska le dijimos que necesitamos estabilidad en las plantillas de los policías, ser atractivos para los funcionarios judiciales dando un estatus especial al Campo de Gibraltar, poniendo sobre la mesa los incentivos económicos a través de la Zona de Especial Singularidad porque si no, todos esos trabajadores vienen dos años y se van.

–¿ Y cuál fue su respuesta?

–La respuesta fue que ‘lo estamos estudiando’, y esa propuesta la hicimos hace cuatro años y ya se estaba estudiando, y no lo podemos entender. Ante una situación excepcional, hay que tomar medidas excepcionales y sobre todo, valientes, para fortalecer el compromiso de todos aquellos dedicados a la lucha contra el narcotráfico. Por eso le pedimos a Marlaska que fuera nuestra voz en el Consejo de Ministros para elaborar un plan integral.

–Con este panorama, ¿cuál es el futuro de la zona?

–Esta es una tierra de futuro. Tenemos el puerto de carga más importante del Mediterráneo, y aun así, no tenemos un tren para darle salida a los contenedores. Tenemos un tramo de autovía entre Algeciras y Barbate, con el potencial turístico que tienen estas playas, sin haber sido desdoblado. Para ello apelamos a lo que nosotros hemos llamado el ‘Espíritu de Doñana’, se deben sentar las dos administraciones para solucionar ya esto.

–Una duda, ¿por qué circulan las narcolanchas con tanta impunidad?

- Es muy fácil. Hasta el año 2018 podían navegar sin problema ninguno si no llevaban hachís. Si una lancha detenida y tenía sus papeles en regla, no se podían requisar. A partir de entonces se cambia el protocolo para que lleven o no lleven esta droga, automáticamente esa embarcación queda requisada. Entonces, de estar guardadas en los ríos, la solución que han encontrado los traficantes ha sido la de no tener narcolanchas en territorio español, o bien en alta mar o en Marruecos, pero si hace mal tiempo vienen a resguardarse a la costa, por eso ahora son mucho más visibles. Pero siempre han existido.

–¿Hay solución?

–Esta situación es reversible si la clase política y las diferentes administraciones se comprometen para que una tercera generación no se incorpore al narcotráfico. Pero los partidos no parecen por la labor. Hace poco, Por Andalucía solicitó mi presencia en el Parlamento en la Comisión de Interior, pero el PP la ha vetado, a pesar de que tenemos buena relación con el Consejero de Gobernación (Antonio Sanz) con el argumento peregrino de que el Reglamento no lo permite. En realidad, están a hacer política y no quieren escuchar a los que tenemos algo que decir.