Medio millón por no ir a trabajar: el exalcalde de Lebrija se forró gracias al enchufe de otro socialista

La Audiencia de Sevilla ha celebrado el inicio del juicio contra el ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén, y el exalcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres García, a los que se les achaca delitos de prevaricación y malversación derivados de la contratación «injusta» del segundo en el citado organismo.

De esta manera, Torres García se pudo embolsar hasta casi medio millón de euros sin ni siquiera tener que ir a trabajar en todos los años en los que supuestamente pertenecía a la Faffe, ya que su vinculación se extendió entre los años 2004 y 2020.

Para el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, el ex edil socialista, una vez perdió la alcaldía de Lebrija en las municipales de 2003, solicitó a Villén «su colocación en la Faffe», a lo que el entonces director general técnico accedió «promoviendo en su favor un novedoso cargo directivo, inexistente en realidad» y a pesar de que Torres «carecía de la formación y aptitudes para asumir funciones correspondientes a dicho nivel profesional».

El exalcalde de Lebrija «fue contratado el 1 de julio de 2003 con un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con fecha de efectos 1 de diciembre de 2004, como directivo, con una retribución total de 46.750 euros anuales, encontrándose de alta como empleado en la Faffe hasta la extinción de esta y su integración en mayo de 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)».

Contratación injusta y arbitraria

La contratación, según el juez instructor, se produjo, «sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar», es decir «de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto, y de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación, de conformidad con la propia normativa».

«No existe ninguna documentación que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la selección y contratación de personal, ya sea técnico o directivo, por parte de una fundación pública como la Faffe», determina ´la instrucción.

Por si fuera poco, en el organigrama administrativo de la Faffe «no se contemplaba puesto directivo alguno al que pudiera acceder» el exalcalde investigado, por lo que el otro encausado «vino a crear uno 'ad hoc' que denominó Dirección de Relaciones Externas», un departamento que «era en realidad inexistente, de modo que carecía de estructura, funciones y contenido efectivo; sin sede física, ni oficinas, ni despachos, ni personal adscrito».