Un ex sindicalista y el ex director de Trabajo se enfrentan a 7 y 5 años de cárcel por los ERE de Fertiberia

La sombra de la corrupción en la etapa del PSOE en la Junta de Andalucía continúa saldando sus cuentas ante la justicia. Así, este jueves da comienzo el juicio contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Daniel Alberto Rivera, y un ex sindicalista de CCOO a los que se les imputan presuntos delitos de prevaricación y malversación por casi diez millones, concedidos por la Junta «al margen del procedimiento legal» para pólizas de seguro de rentas de trabajadores de Fertiberia.

La Fiscalía asegura en su acusación que la firma promovió en el año 2003 un ERE para 166 puestos de trabajo, aunque no solicitó ninguna ayuda directa ni a la Dirección General de Trabajo ni a la entonces Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Sin embargo, algunos se beneficiaron de la situación y por partida doble. Anticorrupción sospecha de la doble ayuda que supuestamente recibieron doce trabajadores de la compañía que pidieron la baja incentivada en este marco días después de haber cobrado otra indemnización por traslado de centro.

Unos hechos que ahora llevan al banquillo tanto al ex cargo de la Junta como a ese sindicalista de Comisiones Obreras del que se cree que asesoró a estos trabajadores para que cobraran por partida doble esa ayuda no oficial. La Fiscalía pide cinco y siete años para ellos, respectivamente.

Ayudas por partida doble y triple

La trama ideó que esa docena de trabajadores, asesorados por sus representantes sindicales, pudieran solicitar la baja incentivada pese a que ya habían cobrado el incentivo relacionado con el traslado de centro. Por si fuera poco, contactaron con el entonces director general de Trabajo, el ya fallecido Francisco Javier Guerrero, solicitándole colaboración para recibir otras «ayudas sociales».

«De este modo se articuló una mecánica ilícita de solicitar el traslado de centro de trabajo para, al poco tiempo, obtener una baja incentivada y la inclusión de estos trabajadores como beneficiarios de las pólizas de seguro de renta de jubilación a través de las cuales se instrumentalizó el pago ilícito de las ayudas», explica Anticorrupción.

Mediación de un sindicalista

La Fiscalía señala el papel en los hechos del acusado J.A.F.G. como entonces secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias, Textil, Químicas y Afines de CCOO, «conocedor de la ilicitud de las subvenciones y la incorrecta actuación de la administración concedente».

Según el escrito de acusación, los citados trabajadores y J.A.F.G. «materializaron el procedimiento descrito para conseguir las condiciones de prejubilación a las que no tenían derecho» estas personas, «eludiendo cualquier tipo de disciplina administrativa», acordando el citado sindicalista «la inclusión de estos trabajadores» como beneficiarios de las pólizas de seguro de rentas de jubilación de Fertiberia, «con la participación de la mediadora Vitalia Vida» a través del también acusado y ex directivo de dicha entidad Antonio Albarracín.

Así, en octubre de 2004 el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero formalizó un documento destinado a «abonar» 812.049 euros para costear la póliza de estos 12 extrabajadores de Fertiberia; tras lo cual el directivo de Vitalia acusado en la causa «intervino en la formalización de las correspondientes pólizas de seguro (...) a sabiendas de la ilegalidad del sistema de concesión y financiación de las ayudas, prevaliéndose de su relación con cargos de la Dirección General de Trabajo».