Archivada la causa por intrusismo y revelación de secretos contra el perito del caso Marta del Castillo

El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha dado carpetazo a la investigación contra Manuel Huerta de la Morena, responsable de Lazarus Technology, por presuntos delitos de intrusismo profesional, revelación de secretos, estafa procesal y falso testimonio, en el informe pericial informático de los datos crudos del teléfono móvil de Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo.

Así figura en un auto emitido por dicha instancia el pasado 14 de marzo, en el que el juzgado plantea directamente que «llama la atención que el presidente del Colegio Profesional que alerta nuevamente sobre la actuación de Huerta» se dirigiese inicialmente al juzgado responsable de la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, el de Instrucción número cuatro, «en lugar de presentar una denuncia en toda regla contra el teórico intruso».

La citada prueba pericial fue encargada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla para «la comprobación, si ello fuese posible, del lugar en el que se encuentra el cuerpo de la víctima, única razón del mantenimiento de la presente pieza» relativa a la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, aún no localizado, «sin que a través de ella pueda alcanzarse a una revisión de lo ya enjuiciado, ni a la ampliación de la instrucción», según el juzgado.

Al respecto, el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía señalaba que, tras la intervención de Manuel Huerta como perito informático en esta prueba pericial con la emisión del informe solicitado, había constatado «que el querellado no posee titulación oficial habilitante para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática, ni pertenencia a colegio profesional alguno», exponiendo que Manuel Huerta «difundió en televisión las pruebas intervenidas del teléfono móvil examinado, con afectación a la intimidad de su dueño y de terceras personas de las que se difundieron mensajes y diversas fotografías», entre otros aspectos.

«No se dio con ninguna posición novedosa en la noche de autos que permitiera dar con el cuerpo de Marta del Castillo. Tras la elaboración de su informe pericial, el querellado ha provocado nuevas actuaciones policiales infructuosas, de patente coste económico, así como la generación de falsas expectativas a la familia de Marta del Castillo, conducentes a nuevas e infructuosas acciones judiciales, con coste económico para la familia«, señalaba el presidente del Colegio, considerando que Huerta «únicamente pretendía dar la imagen pública de ser un perito informático de renombre, sirviéndose de un proceso judicial mediático».

Lazarus, de su lado, alegaba que el Ministerio de Justicia no requiere para una actividad como la señalada «ninguna titulación oficial, ya que la informática no se encuentra entre las materias reguladas, y mucho menos la disciplina de informática forense o recuperación de datos, que no existe como carrera». «No es obligatorio tener una titulación oficial para ser perito judicial», aseguraba.

«Denuncias anteriores en otros casos por parte del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Andalucía han sido todas archivadas, reiterándose una y otra vez que en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se exige necesariamente, a los efectos de la prueba pericial, que el perito sea titulado», aseguraba la empresa; explicando que Manuel Huerta «no cuenta con una licenciatura universitaria concreta», pero tiene un Máster en Harvard en Gestión de Ciberriesgos, es profesor en instituciones como la UNED, la Universidad Carlos III o la Universidad Europea de Madrid y «ha sido condecorado por la Guardia Civil por su colaboración como informáticos forenses en casos de investigación», contando además con la Cruz de la Orden al Mérito Pericial, entre otros aspectos.

Ante este escenario, el juzgado ha determinado que «en lo relativo al delito de revelación de secretos», coincide con el Ministerio Fiscal en que «difícilmente puede calificarse de secreto lo que es más que notorio, ya que durante años todos los implicados en el procedimiento referido anteriormente han acudido a los medios de comunicación contando o relatando sus puntos de vista sobre los hechos» y «no parece Huerta esté contando nada nuevo», con lo que «en modo alguno puede hablarse de relatos que infrinjan el deber de guardar silencio sobre lo que ha sido objeto de una intervención profesional».

En cuanto al supuesto caso de instrusismo profesional, el juzgado determina que «no se aprecian indicios de que Huerta actuara como ingeniero técnico en informática, firmando los documentos que entregó en el Juzgado, en nombre de una sociedad sin que aparezca por parte alguna que se atribuye la condición de tal ingeniería». «La declaración de De la Torre pone de relieve que ambas partes están inmersas en una lucha por conseguir ante los tribunales una declaración o no de aptitud para ser considerados con una categoría profesional concreta», reflexiona el juez instructor, que resuelve el archivo de la causa.