Un año después de las elecciones autonómicas, Cataluña prosigue su declive económico

Esta semana se cumplió un año de las últimas elecciones autonómicas al Parlamento de Cataluña. Aunque la victoria fue para el PSC de Salvador Illa, la presidencia recayó en Pere Aragonès, que se convirtió en el primer presidente de la Generalitat de este partido desde la II República. Fue gracias al acuerdo entre ERC y Junts, que tardó más de tres meses en fraguarse, dado que Junts quería que Puigdemont tuviera un papel de tutela sobre la presidencia, al que los republicanos se negaron.

El independentismo, experto en fabricar eslóganes, afirmo que había obtenido el 52 % de los votos pero, en realidad, añadían a tal porcentaje los votos obtenidos por candidaturas como la del PDECAT de Àngels Chacón, a la que muchos sitúan hoy cerca incluso del PP de Pablo Casado, o el PNC de Marta Pascal, que no obtuvieron representación parlamentaria.

En este primer año, Aragonès, un presidente poco carismático, ha mantenido una retórica formalmente continuadora del procés, pero en la práctica ha sido un aliado fiel de Pedro Sánchez mucho más cómodo que Podemos. ERC es considerada por muchos en Cataluña una actualización de CiU en versión del siglo XXI por su papel clave en el mantenimiento de la mayoría de Sánchez en el Congreso, aunque ciertamente las formas y el fondo de Rufián nada tiene que ver con el de Miquel Roca.

La gobernanza republicana ha mantenido una retorica provocativa e incendiaria, las decisiones tomadas en materia de educación, lengua o fiscalidad han sido dogmáticas y de un marcado perfil izquierdista, pero en todo momento se ha evitado infringir la ley para evitar procesamiento alguno.

Objetivo: copar el poder

El objetivo principal de la presidencia de ERC no es la independencia sino copar todos y cada uno de los resortes de poder ocupados durante décadas por Junts, antes CiU. Las desavenencias entre republicanos y neoconvergentes son públicas y manifiestas y ninguna de las dos partes hace esfuerzo alguno por disimularlas, pero la complicidad del PSC con el gobierno independentista y la debilidad de las fuerzas constitucionalistas han brindado a Aragonés un primer año de presidencia placido en una política que, como la catalana, se ha acostumbrado en los últimos años a constantes crisis.

Indultos y perfil bajo mediático

El principal momento del primer año de presidencia de Aragonés fue la concesión, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, de los indultos a los políticos condenados por sedición y malversación. El indulto llego en junio y desde entonces los políticos indultados han tenido un perfil muy bajo a nivel mediático.

El segundo gran momento de la presidencia fue septiembre, cuando Sánchez se desplazo a Barcelona para escenificar el inicio de las sesiones de la llamada mesa de diálogo, donde se supone que los gobiernos catalán y español debaten cómo atender las reivindicaciones del Gobierno catalán como, por ejemplo, el referéndum de autodeterminación o la retirada de cargos a cualquier persona imputada por presuntos delitos cometidos en el marco del proceso separatista. La visita de Sánchez fue planeada por el Gobierno catalán con todo detalle para dar la máxima sensación de bilateralidad y en ella se fraguó el acuerdo presupuestario que permitió a Sánchez sacar adelante las cuentas del reino para 2022.

Aragonès también consiguió aprobar sus cuentas, no con la reciprocidad del Partido Socialista, aunque este se ofreció, sino con el apoyo de los Comunes, la marca de Podemos en Cataluña. El presupuesto catalán profundizó en los errores que han llevado a Cataluña a perder el liderazgo en PIB a nivel nacional e introdujo tres nuevos impuestos, que se suman a los 15 ya existentes y que hacen de Cataluña la comunidad autónoma con más figuras tributarias de España y la que tiene mayor carga fiscal. Los nuevos impuestos gravan alimentos ultraprocesados, pisos vacíos propiedad de personas físicas y emisiones portuarias de grandes barcos. Este último impuesto propuesto por la CUP busca desincentivar el turismo de crucero, uno de los motores de la economía barcelonesa.

Voracidad fiscal

La voracidad fiscal de la Generalitat para mantener una estructura de más de 324.000 trabajadores ha llevado a Aragonès a aprobar un presupuesto con un incremento del 60 % de ingresos en impuestos propios y del 11,3 % en los cedidos con una carga fiscal nueva de 600 millones de € en relación al año anterior. Muy espectacular es la cifra que la Generalitat recauda en el impuesto de sucesiones, 643 millones, casi el 50 % del total de España, debido a que muchas CCAA han suprimido este tributo y 1.815 millones de € más en transmisiones patrimoniales, otro impuesto inexistente en diversas CCAA.

Esta fiscalidad es uno de los motivos por los que durante el primer año de presidencia de Aragonés ha seguido la fuga de empresas de Cataluña a un ritmo de más de una al día hasta alcanzar un total de 396 empresas. La política de la Generalitat frente a este éxodo empresarial ha sido, en boca de Jaume Giró, que en su día fue máximo ejecutivo de Fundación La Caixa, y ahora es el más visible de los consejeros de Puigdemont en el Gobierno catalán, que dicha fuga no tenía efecto alguno en la economía catalana.

Deuda pública disparada

La estructura gigantesca y el gasto corriente ha disparado la deuda de la Generalitat, que en el primer año de Pere Aragonès ha tenido que hacer frente a más de 10.500 millones de pagos de deuda, y que supone uno de cada cuatro euros de gasto público catalán. Este embargo de recursos lleva a la Generalitat a ser la comunidad más peticionaria de recursos al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), al que la Generalitat ha solicitado para 2022 un total de 12.662 millones de €, siendo la autonomía que más dinero recibe de dicho fondo.

Pere Aragonès no puede esperar que el resto de mandato sea tan plácido como el primer año de gobierno; tiene encima de la mesa grandes temas y no cuenta con apoyos parlamentarios para desatascarlos, como son el desarrollo de energías renovables, los JJ.OO de invierno en el Pirineo o el expediente más complejo, que es el retorno sin imputación alguna de Puigdemont y sus acólitos.

Desde los partidos independentistas, pero también desde algunos medios de comunicación, como La Vanguardia, se repite el mantra ya utilizado para pedir los indultos de que el retorno sin pisar el juzgado del expresidente prófugo contribuiría a desescalar el procés y a normalizar la vida catalana. Incluso el Presidente de la patronal catalana, Fomento del Trabajo, según revelo también La Vanguardia, se ha reunido en Waterloo con Puigdemont para tantear las posibilidades de un acuerdo que pasaría por que Puigdemont hiciera algún tipo de gesto de reconocimiento del statu quo actual.

Aragonès tiene como próximo objetivo las elecciones municipales, en las que Barcelona es el gran objetivo republicano pero su candidato, Ernest Maragall, es solo el hermano del expresidente y exalcalde pero no esta dotado de las aptitudes de liderazgo ni carisma de Pasqual Maragall y por lo tanto los republicanos no han ratificado aún su candidatura.