El PSC y ERC pactan para incumplir la sentencia del 25 % de español en las aulas

Los gobiernos no tienen opción, las sentencias gusten o no deben ejecutarse. Un país que se precie debe tener administraciones que garanticen seguridad jurídica y neutralidad institucional, lo contrario lleva a perder puestos en el ranking de democracias tal como le ha pasado a España en la última edición de dicho ranking publicado por The Economist. La revista argumentaba la situación en Cataluña como uno de los motivos para degradar a España.

Cataluña lleva años haciendo oídos sordos a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de los tribunales de justicia. Los Gobiernos de España, tanto del PSOE como del PP, lo han tolerado. La paradoja es que a la vez que los gobiernos de Pujol (CiU), Maragall, Montilla (PSC), Mas (CDC), Puigdemont, Torra (Junts)y Aragonés (ERC) hacen oídos sordos a todas las sentencias que no les son favorables son a la vez el gobierno regional que más recursos presenta frente al alto tribunal.

A finales del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en respuesta a una demanda de la Generalitat de Cataluña, dictaminó que se debía dar un 25 % de docencia en castellano en las aulas catalanas. Desde el primer momento el Gobierno catalán garantizó la insumisión, llamó a los directores de los centros a desobedecer e insistió en la existencia de lo que ellos consideran consenso social sobre el modelo educativo basado en la inmersión lingüística.

El próximo lunes, 28 de marzo, se debe empezar a aplicar la sentencia en todos los centros educativos, tanto públicos como concertados, y en el último minuto el Gobierno catalán, tras la convocatoria del Pacte nacional per la lengua (pacto nacional por la lengua) donde están representados los partidos del gobierno ERC y Junts, así como la CUP, el PSC y los Comunes, anunciaron un acuerdo de modificación legislativa que pretende ser la respuesta a la sentencia. Más allá que horas más tarde Junts, presionado por sus bases, se descolgaba del acuerdo, el mismo pretende sortear la aplicación de la sentencia con vaguedades, pero sin modificar el fondo de la ley.

En Cataluña, la ley de Política Lingüística y el estatuto margina desde el artículo 1 a la lengua española, ya que establece un distingo entre el catalán como lengua propia de los catalanes y el español, al que degrada simplemente a lengua oficial, puede parecer un matiz, pero no lo es. El objetivo del nacionalismo es fijar claramente la idea de que solo el catalán es propio de los catalanes y que el español es una lengua de imposición.

La ley de enseñanza catalana deja en manos de los centros el diseño del currículum lingüístico, argumento tras el que se refugia el gobierno de ERC y sus aliados del PSC para incumplir una sentencia que no da pie a interpretaciones. La aplicación de la sentencia no pone en peligro en forma alguna la enseñanza en catalán, dado que en la práctica supondría que en primaria, con 25 horas semanales lectivas, 6,25 serían en español y 19 en catalán, y en secundaria, con 30 horas lectivas semanales, 7,5 deberían ser impartidas en lengua española y 23 en catalán.

En la actualidad, en los centros catalanes toda la enseñanza, siguiendo el principio de la inmersión, se dan en catalán excepto lengua castellana y lengua extranjera. Efectivamente los centros tienen libertad para adaptar ese recorrido lingüístico, pero las instrucciones de la Generalitat y la profunda ideologización de la mayoría del profesorado catalán hace que la inmersión impere en la inmensa mayoría de centros. Además, desde tiempos de Aznar la alta inspección del Estado en materia educativa en Cataluña está maniatada y no actúa en forma alguna.

Asamblea por una Escuela Bilingüe, encabezada por Ana Losada, ha promovido a través de Escuela de Todos una demanda colectiva exigiendo el cumplimiento de la sentencia y recordando que no hay modificación legislativa alguna que substituya el cumplimiento de la misma. Hasta el momento, más de 100 familias se han adherido a Escuela de Todos. Acciones como la de Escuela de Todos incomodan profundamente al Gobierno catalán, dado que son movimientos de resistencia que surgen de la propia sociedad catalana y rompen el discurso de consenso social que el gobierno independentista y el PSC promueven con el apoyo de la mayoría de medios de comunicación en Cataluña.

El amedrentamiento hacia la parte de la sociedad reticente a la imposición del monolingüismo ha sido y es parte de la política habitual de la Generalitat. La Plataforma por la Lengua, ONG subvencionada por la Generalitat, espía a los niños en los patios de los colegios para saber en que idioma hablan en sus ratos de juegos, la Generalitat y la misma organización persiguen a comercios que tienen personal que responde en español, señalándolos en las redes, y organiza campañas para que la gente no cambie de idioma cuando se les pregunta en castellano. Recientemente, se ha puesto buzones en las universidades públicas donde los alumnos pueden denunciar, anónimamente, siguiendo un modelo propio de la RDA, a los profesores que den clase en lengua española.

La legislación sobre comercio establece la obligación de que todo comercio, industria o empresa de servicios esté rotulada obligatoriamente en catalán, dejando a criterio del propietario si quiere rotular en una segunda lengua, ya sea el español o, por ejemplo, el romanche o el urdu. Con esa ley en la mano, en 2020 se impusieron por parte de la Agencia catalana de consumo 87 multas y 790 sanciones por valor de 52.770 €.

El poder político en Cataluña lanza mensajes contradictorios sobre la lengua catalana. Por un lado, afirman que el modelo de inmersión lingüística, por el cual los niños en los ciclos de educación obligatoria estudian todas las asignaturas en catalán, excepto lengua española y lengua extrajera, es un éxito, y, por el otro, lanzan señales de alarma sobre el retroceso del uso del catalán en las calles.

La realidad es que el catalán es la lengua número 88 más utilizada del mundo con cerca de 10 millones de hablantes. La encuesta de usos lingüísticos del Ayuntamiento de Barcelona afirma que el 94,4 % de los barceloneses entiende el catalán, pero que solo es su lengua habitual en el 29,5 % de los casos. El uso del catalán no es uniforme en todos los estratos sociales dado que entre las clases más acomodadas lo usa habitualmente el 41,3 %, en la clase media el 32 % y entre las rentas más bajas el uso del catalán se limita al 13,9 %. La encuesta municipal afirma que el uso del catalán entre los jóvenes ha caído en cinco años del 62 % al 56 %.

La caída del uso del catalán sorprende, dado que el mismo es lengua de uso exclusivo en medios de comunicación públicos, TV3 es líder de audiencia en Cataluña por delante de Tele5 y Antena 3. En los medios privados el catalán también goza de una situación de liderazgo, dado que las tres primeras radios en audiencia en Cataluña emiten exclusivamente en catalán: RAC1, Cataluña Radio y SER Cataluña. El Gobierno catalán riega con onerosas subvenciones a los medios de comunicación para que realicen ediciones en catalán y fruto de eso los dos principales medios de comunicación en formato papel tienen ediciones en catalán: La Vanguardia y el Periódico.

El catalán es lengua de uso exclusivo en los 900 ayuntamientos catalanes, las cuatro diputaciones y todos los organismos que tengan relación con la administración como son colegios profesionales, concesionarias públicas, etc. El catalán es lengua mimada en premios literarios y cualquier manifestación cultural. El independentismo alega que la globalización, la inmigración, las plataformas digitales y las redes sociales ponen el jaque al catalán, otras fuentes ponen el foco en que el intento de homogeneización de la sociedad catalana imponiendo un modelo único lingüístico y social ha convertido al catalán en una lengua de poder que genera rechazo en capas crecientes de la sociedad al identificar estas al catalán con los poderosos y los privilegiados.

El miércoles el sindicato mayoritario en el mundo de la enseñanza, USTEC, un sindicato radical de izquierdas e independentista, así como los sindicatos más extremos de la órbita independentista, como el Sindicat d’Estudiants del Països Catalans, SEPC, la organización que agrede a los jóvenes de la organización de jóvenes constitucionalistas y controla con métodos fascistoides los campus de las universidades públicas catalanas, convocaron una huelga en el sector de la enseñanza para protestar por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El Gobierno regional (ERC-Junts) se sumó a la convocatoria, así como los rectores de la universidades públicas. En la Universitat de Girona el rector pidió que ese día no hubiera actividades evaluables y el de la Autónoma participó en la manifestación que reunió a poco más de 4000 personas por el centro de Barcelona. A pesar de este apoyo oficial, la huelga se saldó con un sonoro fracaso. Datos de la consejería de educación cifraban la participación en un 6 % en primaria y un 5 % en secundaria.