Ofensiva judicial de tres asociaciones para que se cumpla la sentencia del 25 % de castellano

Este miércoles Hablamos español y Convivencia Cívica Catalana (CCC) han presentado una reclamación de ejecución de la sentencia del 25 % de castellano ante la Sección 5ª de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El objetivo, según sus promotores, es «obligar al Gobierno catalán a introducir el español como lengua vehicular». También la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha presentado una demanda de ejecución forzosa de la sentencia, en nombre de 1.643 familias con alumnos en el sistema educativo catalán, que se consideran perjudicados por el incumplimiento de la misma.

Consideran estas entidades que están legitimadas para llevar a cabo esta reclamación, porque defienden derechos lingüísticos, si bien reconocen que «la jurisprudencia juega en nuestra contra». Es lo que ha explicado a El Debate Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, quien ha precisado que «aunque nosotros consideremos que sí estamos legitimados, el tribunal puede no opinar igual». De hecho, ha recordado que hay casos en los que se ha decidido que no se puede legitimar una entidad para este tipo de actuaciones. Aún así, Lago ha destacado un precedente reciente, cuando el TSJC admitió a trámite una demanda de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en relación al uso de la lengua en los exámenes de Selectividad. Pero en ese caso, dice Gloria Lago, «se trataba de una vía cautelarísima, por lo que el tribunal no entró en el fondo de la legitimación».

La presidenta de Hablamos Español ha explicado que la entidad ha abierto varios frentes judiciales para que se pueda cumplir la sentencia sobre el castellano en las escuelas catalanas. Una de ellas, y en «la que tenemos mucha confianza», es la reclamación que se presentó el lunes pasado en nombre del JUCIL, organización sindical de la Guardia Civil. Gloria Lago espera conseguir la legitimación en este caso por los estatutos de la entidad, «por un derecho de conciliación familiar, están legitimados a tener hijos en edad escolar». Y en este caso, añade, «se nos permitiría aplicar la sentencia en todo el sistema educativo de Cataluña».

Otro de los frentes está protagonizado por las asociaciones de padres impulsadas por Hablamos Español y CCC. En los próximos días se presentará ante el TSJC la petición de ejecución de la sentencia, aunque en este caso, la aplicación de la resolución judicial se aplicaría en cada centro. Y finalmente estarían las peticiones individuales, que se «aplicaría para las aulas de los hijos» de los padres que así lo soliciten.

Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), en un escrito, lamenta la «voluntad incumplidora» del gobierno catalán, y para ellos aporta diferentes pruebas, como, por ejemplo, el pacto entre independentistas y PSC para reformar la Ley de Política Lingüística porque no «garantiza el cumplimiento» de la resolución judicial.

También considera «intrascendentes» dos documentos que aporta el Govern en su comunicación: un Estudio sociodemográfico y lingüístico del alumnado de 4º de ESO, del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, y un informe del Síndic de Greuges sobre derechos y usos lingüísticos de niños y adolescentes.

Pero la entidad también recuerda las reiteradas manifestaciones públicas de altos cargos de la Generalitat, empezando por el propio presidente Pere Aragonès, «descalificando la sentencia del 25 % o llamando a su incumplimiento». Según José Domingo, abogado responsable de la demanda, «han dedicado sus esfuerzos a hacer inviable e imposible la ejecución de la sentencia».

En la demanda, se pide que el TSJC requiera al Consejero de Educación «para que se garantice el derecho de todos los alumnos a recibir la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales, esto es el castellano y el catalán, en porcentajes que no pueden ser inferiores al 25 % en cada una de estas lenguas». Y en este sentido, se insta a que se ordene al Departamento de Educación para que todos los centros educativos catalanes recojan la condición de lengua vehicular para castellano y catalán; y también que se determine «un plazo máximo de un mes para la modificación de los proyectos lingüístico».

También pide al tribunal que requiera certificados a la Conselleria de Educación con el porcentaje de horas lectivas en castellano y catalán en cada centro educativo, y certificados en la misma línea firmados por todos los directores y visados por la Inspección educativa.

Pero, además, en el texto de la demanda, se recoge que, en caso de incumplimiento, se advierta al Consejero de las responsabilidades que esto pueda acarrear, y en el caso de los directores de los centros educativos, también se les advierta «de que pueden incurrir en responsabilidades penales así como hacer frente a la indemnización de daños y perjuicios».

José Domingo ha asegurado que su voluntad no es judicializar el proceso, pero también ha dejado claro que «nos parecería un fracaso de todos que, al final, la actitud desobediente del conseller o directores hicieran necesario que el tribunal, padres o entidades tuvieran que acudir a la vía judicial por prevaricación, desobediencia o lo que se considere oportuno».