ERC pacta con el PSC mientras pide que rueden cabezas en el PSOE

Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, viajó a Madrid para reunirse en el Congreso con los grupos parlamentarios independentistas catalanes, vascos y gallegos. A la reunión se sumo Podemos y Compromís. En el encuentro Echenique y Aragonés pidieron que «rodaran cabezas» para depurar responsabilidades en el caso de presupuesto espionaje a 63 políticos independentistas y algunos de sus familiares.

Mientras el portavoz podemita y el presidente de la Generalitat se afanaban a construir el cadalso a los pies de la escalinata de la Carrera de San Jerónimo para que Margarita Robles pudiera emular a las víctimas de Termidor revolucionario en la Ciutadella, sede del parlamento de Cataluña, el PSC de Salvador Illa y ERC pactaban aparcar las peticiones de comparecencia de líderes de ambos partidos atenazados por diversos casos de corrupción.

Menos de 24 horas después de que Aragonés anunciara solemnemente la congelación de relaciones con Pedro Sánchez y simultáneamente a que Aragonés y el resto de líderes separatistas se estuvieran golpeando en el pecho en su reunión en el Congreso, republicanos y socialistas demostraban la solidez de su relación librando a la presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marin (PSC) y a Xavier Vendrell (ERC) de dar explicaciones en la cámara autonómica sobre los casos de desviación de fondos en el Consejo Deportivo de L’Hospitalet, ciudad de la que Nuria Marín es alcaldesa, y que ha llevado a la dimisión de su número dos y de la recalificación de unos terrenos en Cabrera de Mar (Barcelona), municipio donde ERC gobierna y donde unos meses antes se habían incautado durante un registro de la Guardia Civil 50.000 € en efectivo que el concejal de urbanismo, también de ERC, guardaba en un cajón de su despacho del Ayuntamiento.

Asimismo, ERC y el PSC con el apoyo de los Comunes, la marca catalana de Podemos, también libraron a Gabriel Rufián de comparecer en el parlamento catalán para justificar sus declaraciones, en las que equiparó a cargos de Junts per Catalunya con «James Bond de pacotilla» en relación a los contactos entre el entorno de Carles Puigdemont y el Kremlin.

Puigdemont mantiene la coalición con el PSC en la Diputación de Barcelona

Si bien a nivel declarativo el tono de Junts ha sido más incisivo que el de ERC, –y siguiendo su retórica habitual, han tachado al «Estado español de país con residuos franquistas» y ha conminado a ERC a romper sus acuerdos con el PSOE cuando se ha requerido a Junts sobre si romperían la alianza que mantienen con el PSC para gobernar conjuntamente la Diputación de Barcelona– fuentes del partido de Puigdemont han descartado de forma contundente que pueda producirse dicha ruptura.

Tampoco la CUP, que participó en la reunión del Congreso y que uno de sus diputados consta en la lista de los presuntamente escuchados, ha realizado paso alguno para romper el acuerdo de gobierno que mantiene con el PSC en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

La sesión de control de la próxima semana así como la votación para convalidar el decreto de medidas para paliar los efectos de la invasión de Ucrania será el momento álgido del postureo independentista. El PNV ha presentado ya una pregunta pidiendo información sobre la cobertura legal de las presuntas escuchas y ERC amenaza con no votar la convalidación del decreto.

Los Comunes afirman que la legislatura no está en peligro

Por su parte, Podemos apoya la petición realizada por los grupos independentistas de abrir una comisión de investigación, pero la misma será rechazada dado que el PSOE no da muestras de apoyar dicha petición. Además, Jaume Asens, portavoz de los Comunes en el Congreso y hombre de contacto entre los morados y el independentismo catalán, afirmó ayer «que no veía peligrar la legislatura».

El Congreso tiene en la actualidad 99 leyes en tramitación, pero las amenazas de ERC no alteran especialmente a Pedro Sánchez, dado que prorrogando los presupuestos puede llegar hasta el final de la legislatura y el entorno presidencial calcula que, a lo sumo, desde Moncloa deberá incrementarse las cesiones a las exigencias de independentistas vascos y catalanes.