ERC y Junts, hasta que el dinero los separe

El presunto caso de espionaje a políticos y a líderes de entidades del ámbito independentista aparentemente ha unido a Junts y ERC. De hecho, han comparecido juntos para anunciar acciones legales, para pedir explicaciones al Gobierno y para llegar «hasta el final» para conocer quiénes son los responsables. Pero a pesar de esta aparente unidad, de fondo se mantienen esas discrepancias que ambas formaciones mantienen desde el inicio de la legislatura. E incluso de mucho antes, de la legislatura de Quim Torra, cuando éste dio por acabada la legislatura al acusar a ERC de «deslealtad» y de dejar «a la intemperie» la figura del 'president'. Y es que recordemos, el republicano Roger Torrent, presidente entonces del Parlament, ejecutó una orden de la Junta Electoral Central y dejó a Torra sin el acta de diputado.

Desde Junts se insiste una y otra vez en romper con el PSOE y prácticamente dejar caer al Gobierno. Lo ha dicho el expresidente Carles Puigdemont, quien considera que el caso de espionaje debe conllevar «consecuencias políticas inmediatas», o lo que es lo mismo, que ERC deje de apoyar al Ejecutivo en el Congreso y abandone la Mesa del diálogo. También lo ha pedido la presidenta del Parlament, Laura Borràs, o Jordi Puigneró.

Y desde ERC hacen oídos sordos. Sí han elevado el tono, amenazan con retirar el apoyo parlamentario al Gobierno, pero lo cierto es que republicanos y socialistas siguen pactando, evitando, por ejemplo, que miembros de una y otra formación tengan que comparecer en sede parlamentaria para explicar diversas cuestiones relacionadas con la corrupción. Y otra cuestión a tener en cuenta es que Junts y PSC gobiernan en coalición en la Diputación de Barcelona. Sólo Borràs ha instado públicamente en romper este pacto. El resto de miembros de su partido, consideran que hay que «diferenciar el ámbito municipal del nacional». Pero hay cargos en juego y, por ejemplo, a finales del año pasado la Diputación renovó el contrato a la mujer del expresidente Carles Puigdemont para hacer un programa de entrevistas en la XAL (Xarxa Audiovisual Local), por el que cobra 6.000 euros.

Hay cargos y dinero en juego. Precisamente en una entrevista reciente a El Debate, la presidenta de Sociedad Civil Catalana, Elda Mata, recordaba esta situación, que ERC y Junts están «a la greña constantemente». Pero aún así, añadía, «se van a poner de acuerdo siempre», porque esto «va de cobrar lo máximo y de colocar a los máximos para seguir perpetuándose en el poder y seguir viviendo de lo mismo». Es la opinión de Elda Mata, pero también de diputados de Ciudadanos, de VOX o del PP. El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, destacaba que estos partidos tienen «en el procesismo su modus viviendi para la hegemonía y el reparto de la poltrona». Otro diputado nos dice que son «un matrimonio de conveniencia».

Un matrimonio de conveniencia con una convivencia muy difícil y que ya se pudo ver en las negociaciones para la formación del nuevo gobierno de la Generalitat presidido por Aragonès. Y es que Junts obligó al dirigente republicano a ir a un segundo debate, y apurando plazos. Finalmente, los de Puigdemont acabaron permitiendo la investidura de Aragonès y ellos entraron al Govern, aunque habían amagado con que el republicano gobernara en solitario.

Pero no hay que perder de vista esta cifra: en un ejecutivo sin Junts, la formación habría perdido, de entrada, unos 250 puestos entre altos cargos y asesores. Y es que muchos de estos puestos cesan automáticamente con el conseller. Y los sueldos suelen estar entre los 70.000 y los 100.000 euros. Se perdería, por tanto, dinero, pero también capacidad de influencia en el reparto de los medios de comunicación públicos. Dos cuestiones que sin duda influyeron en la decisión de Junts.

Además, desde el partido que lidera Carles Puigdemont cuestionan permanentemente la figura, la autoridad y el liderazgo de Pere Aragonès y la hoja de ruta de los republicanos para la independencia. ERC ha sido la firme defensora de la llamada Mesa de diálogo con el Gobierno, ahora 'congelada' por el supuesto caso de espionaje a personas del entorno independentista. Aunque lo cierto, es que este organismo ya llevaba congelado hace tiempo, puesto que estaba previsto que se reuniera a principios de año, no fue así, y tampoco en el horizonte había una fecha fijada a corto plazo.

En cualquier caso, Junts ha rechazado de plano esta Mesa. Y lo demostró a las primeras de cambio: ninguno de sus miembros asistió a la primera reunión porque no dejaron que formara parte de la 'delegación' catalana dos de los indultados del procés, Jordi Sánchez y Jordi Turull, ni tampoco la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras. Pere Aragonès dejó claro que en esa mesa de diálogo iban a participar miembros del Govern, y ninguna de estas tres personas lo eran. Y a la mínima que pueden, además, los 'junteros' proclaman a los cuatro vientos la nula utilidad de este organismo.

Y desde ERC aprovechan también cualquier oportunidad que tienen para meter el dedo en el ojo de sus socios. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, se lo ha puesto en bandeja en varias ocasiones. Primero, por el caso Juvillà. No ha habido desobediencia de la cámara catalana a la Junta Electoral Central, a pesar de las proclamas de Borràs, que una y otra vez recordaba el precedente de la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat, y el hecho de que el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, no defendiera el escaño de Torra. Pues bien, los republicanos han exigido explicaciones a Borràs, a quien recuerdan que Torrent cumplió cuando ya había una sentencia firme, mientras que la presidenta del Parlament ha dado marcha atrás a las primeras de cambio.

Otro motivo de polémica: la presencia de Borràs en el corte independentista de la Meridiana, a pesar de que estaba prohibida por el Departamento de Interior. Desde Esquerra calificaron de «sorprendente» esta actitud de la presidenta de la cámara catalana, y le reprocharon que actúe en contra de las decisiones del Govern del que también forma parte el partido de Borràs, Junts.

Y más recientemente, Junts y ERC han mostrado sus discrepancias por otra cuestión que aparentemente les une: la defensa de la inmersión lingüística. Y es que se anunciaba desde el Govern un acto unitario como muestra de apoyo a las protestas del sector educativo por la sentencia del 25 % de castellano. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que finalmente no participaron la mayoría de los consejeros de Junts (sólo estaba el responsable de Salud, Josep Maria Argimon), ni los diputados 'junteros'. Argumentaban que los parlamentarios no habían sido «convocados formalmente». Lo cierto es que en la fotografía final sólo aparecía el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acompañado de los consejeros republicanos y algunos diputados de Esquerra, aparte de Argimon.

Y también en relación a la cuestión de la lengua, hay que destacar que Junts se desmarcaba a última hora de un pacto con ERC, Comunes y el PSC para la reforma de la Ley de Política Lingüística. Las presiones internas y las críticas en redes sociales provocaban que la formación «congelara» este pacto, en aras de un mayor «consenso» con las entidades «defensoras de la lengua» y con la comunidad educativa. Un cambio de postura que provocaba otro encontronazo con Esquerra, que lamentaba que un acuerdo «trabajado, negociado y transaccionado durante días se pueda dinamitar desde otras formaciones por partidismo», lo que consideraban una «irresponsabilidad».

Lo cierto es que en un año de legislatura no hay unidad en torno a algunos pilares fundamentales para el secesionismo, como la hoja de ruta para conseguir la independencia o la inmersión lingüística. Y las discrepancias entre ERC y sus socios de gobierno ocupan portadas muy a menudo. De momento, intentan mantener la llamada unidad de acción en relación al presunto caso de espionaje.