El TC admite a trámite la petición del TSJC de revisar la ley que elimina el 25 % de español en las aulas

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite la petición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de revisar la ley aprobada por el Govern que elimina la obligatoriedad de impartir el 25 % de las clases en español. Así lo ha anunciado este miércoles el Tribunal de Garantías, que recuerda que será el magistrado Enrique Arnaldo el encargado de redactar la ponencia sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por los jueces del tribunal de Cataluña.

La Sala del TSJ catalán que se encarga de ejecutar la sentencia del 25 % fue la que elevó al Constitucional el caso, al tener dudas sobre la legalidad del decreto aprobado por el Gobierno de Cataluña el pasado mayo –que fijaba la «inaplicación» de porcentajes de las lenguas en la enseñanza en un intento de sortear la sentencia del TSJC– que, a su juicio, da «preferencia» al catalán. Asimismo, los jueces del tribunal presentaron una cuestión de inconstitucional sobre la ley sobre uso y aprendizaje de lenguas oficiales.

Fue el pasado julio, el TSJ de Cataluña constató la imposibilidad de ejecutar la sentencia que obligaba a impartir un 25% de horas lectivas en castellano porque se contradice con la nueva normativa catalana sobre uso de lenguas oficiales en la enseñanza, que suscitó «serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad».

Los magistrados acudieron al Tribunal de Garantías al considerar que ambas normas suponen un modelo lingüístico que «no permite reconstruir la posición del castellano en paralelo a la del catalán sin incurrir en fraude de ley». De esta forma, alertaron de que las nuevas normas son incompatibles con su sentencia, no solo porque elimine los porcentajes de uso de cada lengua sino que la incompatibilidad «es completa puesto que responde a un modelo diferente e incompatible».

Recursos de PP, Cs y Vox

El pasado septiembre el Constitucional admitió a trámite los recursos presentados de forma conjunta por el Partido Popular y Ciudadanos contra varios artículos de la ley. Ambas formaciones consideraron que, con estas normas, el Govern catalán vulnera la Constitución al omitir cualquier referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña.

Por su parte, también en septiembre, Vox presentó recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Govern que lidera Pere Aragonès, al considerar que el Ejecutivo catalán volvía a intentar con ello «ahondar en vericuetos legales para seguir vulnerando los derechos fundamentales de los catalanes».