Impulso Ciudadano ha presentado 200 denuncias ante la Junta Electoral por vulneración de la neutralidad institucional

En lo que llevamos de campaña electoral, Impulso Ciudadano ha presentado 201 denuncias ante las Juntas Electorales de Zona por vulneración de la normativa electoral, básicamente, por la presencia de símbolos partidistas en espacios públicos, como esteladas, lazos amarillos o placas que recuerdan el día del referéndum ilegal. La mayoría de estas infracciones se han presentado en la provincia de Barcelona, casi un centenar, seguida de Gerona, con 63. Y en concreto, es la Junta Electoral de Vic la que ha recogido más casos, una treintena; la de Gerona 29 y la de Balaguer (Lérida), 37.

Por otro lado, estos organismos han utilizado diferentes fórmulas para conseguir que las instituciones, sobre todo ayuntamientos, cumplieran con la normativa, que deja claro que especialmente en período electoral, se debe mantener la neutralidad institucional. Así, por ejemplo, las Juntas de Manresa y de Igualada aprobaron cautelarmente un acuerdo genérico dirigido a los ayuntamientos de sus demarcaciones para que retiraran la simbología partidista tanto de los edificios, como de los espacios públicos con advertencia de que, en caso de no hacerlo, daría lugar a la apertura de expediente sancionador.

En Granollers, se ha dictado una resolución dirigida a todos los consistorios, en la que les insta a retirar todos los símbolos que vulneren la neutralidad institucional. Y no sólo eso, sino que les deja claro que no pueden sustituirlos por otros de similares características. Otras Juntas han ordenado a policías locales o Mossos que retiren los elementos que no respeten la neutralidad; otras han dado un plazo a los consistorios para hacerlo por iniciativa propia; y también han exigido certificaciones de secretarios de ayuntamientos o policía para que acrediten que, efectivamente, se han retirado los símbolos en entredicho.

Otras resoluciones sí que han fijado doctrina de especial relevancia, según destaca Impulso Ciudadano. La de Barcelona ha ordenado la retirada de banderas esteladas, lazos amarillos, pancartas y cualquier tipo de simbología partidista a los ayuntamientos cuando se encuentren en el espacio público con independencia de que hayan sido o no colocadas por las autoridades municipales y de si estaban antes o después del inicio de la campaña electoral. La Junta Electoral de Zona de Gerona ha ordenado la retirada de una placa conmemorativa del 1 de octubre con el lema «Aquí vam votar, aquí vam guanyar» (aquí votamos, aquí ganamos), que estaba colocada en un colegio de Banyoles, porque se trataba de un centro educativo público y porque, además, será colegio electoral.

Estelada en un Parque Natural

También en Gerona se ha ordenado retirar una pintada de un muro con las palabras «República Catalana» que se encontraba en la carretera C-252 a la altura de Ultramort, por estar en el espacio de dominio público de la vía y estar prohibido cualquier tipo de publicidad en las carreteras que dependen de la Generalitat. Y otra resolución, curiosa, es la que ordena retirar una estelada que se encontraba en un Parque Natural, en el del Cadí. En concreto, la bandera estaba situada en el mirador de la Gorgollosa de Gisclareny (el municipio menos poblado de Cataluña, sólo tiene 27 habitantes). En un primer momento, la Junta Electora de Berga desestimó la denuncia de Impulso Ciudadano, porque la bandera estaba «en medio de la montaña». decisión que rectificó la Junta Electoral Provincial de Barcelona porque estaba en un Parque Natural de gestión pública.

También se han considerado contrarias a la neutralidad pintadas en centros educativos, como la de una niña con una estelada negra en las paredes de un centro educativo de Anglès (Gerona); carteles a favor del catalán como única lengua de enseñanza en las fachadas de los ayuntamientos; urnas de plástico en monumentos como los de la Plaza de Salvador Dalí de Cadaqués, o la bandera estelada que preside el monumento al 1 de octubre de Molins de Rei.

Recordemos que, en caso de no cumplir estos requerimientos, existe la posibilidad de incurrir en desobediencia penal, y también se establecen sanciones de hasta 600 euros, y en otros casos, las Juntas las suben hasta los 3.000.