El independentismo radical pide la participación masiva y el boicot a las elecciones simultáneamente

El 27 de junio, el Consell de la República Catalana, juguete de Puigdemont con forma de órgano privado con base jurídica belga que ejerce de parlamento catalán fake en el exilio, emitió un comunicado en el que pedía a sus seguidores «un desbordamiento democrático para bloquear las Cortes españolas». Dos días más tarde, su hasta ahora alter ego y aliado incondicional, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), convocaba un referéndum entre sus alicaídos militantes para que refrenden la propuesta de la dirección de la ANC de boicotear las elecciones generales.

Se da la circunstancia de que la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, es, a su vez, miembro del Consell de la República y, por su parte, Carles Puigdemont, presidente del Consell de la República, es militante de la ANC. Los militantes independentistas más cafeteros han colapsado y no saben si acudir a la llamada a las urnas el próximo 23-J o no.

Hasta la fecha, el augurio aznariano de que antes se dividiría el separatismo que se partiría España era una realidad debido al enfrentamiento cainita entre ERC y los neoconvergentes de Junts. Ahora esa división llega al nivel de los Monty Python y el frente popular de Judea: las dos facciones más extremas del separatismo, a las que unía su animadversión a ERC, han acabado a tortas entre ellas.

El viaje del separatismo a la desunión es largo pero imparable. Si en 2015 ERC y Junts concurrieron juntos a las elecciones autonómicas bajo la marca Junts pel si, en 2017 y 2021 volvieron a concurrir separados. A esas marcas electorales el independentismo añadió a la antisistema y filocastrista CUP y a los nostálgicos de CiU bajo la marca PDeCAT.

Tras las elecciones municipales, en las que el gato al agua en la lucha por la preminencia en el bando separatista se la ha llevado Junts, estos y ERC se han enzarzado en una lucha sin cuartel por evitar que su adversario accediera a la más mínima cuota de poder, y tanto unos como otros se han lanzado a los brazos del PSC siempre que el resultado fuera frenar el acceso a la alcaldía de sus rivales en el campo independentista.

La convocatoria de elecciones generales llegó en un mal momento para el independentismo. ERC perdió el 28 de mayo sus alcaldías más emblemáticas, Lérida y Tarragona, y 300.000 votos. La CUP también retrocedió y Junts se quedó con la miel en los labios al no conquistar Barcelona gracias al gesto del PP de ceder gratis la alcaldía a los socialistas. A este panorama se une la presentación, una vez más, del PDeCAT, en esta ocasión bajo la marca Espai CiU con el intento de reconstruir el inexistente espacio del mal llamado nacionalismo moderado, y, al fin, la batalla por la participación o el fomento de la abstención en la que se han enzarzado Dolors Feliu y Carles Puigdemont es la cima de la división.

Mientras el comunicado del autoproclamado Gobierno exterior la República catalana pide a los catalanes el voto para que «la representación independentista en el Congreso sea suficientemente numerosa para poder bloquear una posible investidura», la Asamblea Nacional Catalana ha lanzado una consulta entre su militancia, la mayoría de la cual, a su vez, es también miembro del Consell de la República, preguntando: «¿Estás de acuerdo con que en las elecciones españolas la Asamblea promueva la abstención activa y el voto nulo con la papeleta del sí a la independencia del 1 de octubre?».

Los 96.000 militantes de la ANC y los más de 100.000 del Consell de la República son en su inmensa mayoría militantes de ambas organizaciones y ahora no saben a qué atenerse. El independentismo sabe que la posible victoria del PP puede ayudarles a reactivar la calle, pero por ahora centran sus esfuerzos en anularse entre ellos mismos.