13 asociaciones provida piden al gobierno catalán que anule la 'lista negra' de objetores de conciencia

Un total de 13 asociaciones provida con presencia en Cataluña piden al gobierno catalán y al Parlament que anulen la lista negra de objetores de conciencia anunciada este martes por el ejecutivo de Pere Aragonès. En concreto, piden que «se deje sin efecto el registro obligatorio de objetores de conciencia».

Entre los firmantes del comunicado, hecho público este jueves, están la Asociación Católica de Propagandistas, la Corriente Social Cristiana (antes, e-Cristians), la Plataforma por la Familia o la asociación de Médicos Cristianos de Cataluña, entre otros. Consideran que «dada la importancia del tema», la decisión de impulsar este registro «sobrepasa las competencias de mera gestión que tiene un gobierno en funciones» y «vulnera derechos muy importantes en nuestra vida común».

El comunicado recuerda que el derecho a la objeción de conciencia es «un pilar fundamental en las sociedades democráticas», reconocido en múltiples marcos jurídicos nacionales e internacionales. «En defensa de este derecho –añaden– resulta crucial oponerse a la pretendida legitimidad con la cual la administración pública crea listas de objetores, ya que esta práctica vulnera derechos fundamentales y socava la confianza en las instituciones».

«Serias vulneraciones éticas»

Para los firmantes, la creación de este tipo de listas negras por parte de la administración pública «plantea serias vulneraciones éticas y jurídicas», ya que «podrían ser utilizadas para discriminar o estigmatizar a estas personas, afectando su reputación y derechos laborales».

Son listas, también, que fomentan «un ambiente de desconfianza entre los ciudadanos y la administración pública», ya que «los individuos pueden sentir que su libertad de conciencia está siendo controlada». Además, añaden, su existencia podría disuadir a otros de ejercer este derecho «por miedo a represalias».

Desde un punto de vista jurídico, dicen, recopilar datos sobre objetores de conciencia sin su consentimiento expreso «viola el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales garantizados en numerosos instrumentos legales».

«El gobierno de Cataluña –concluyen– debe fomentar una cultura de respeto hacia la diversidad de convicciones personales, asegurando que la objeción de conciencia sea vista como una expresión legítima de derechos fundamentales y no como un obstáculo al cumplimiento de deberes legales o administrativos».