El Consejo de Garantías Estatutarias avala la reforma del reglamento del Parlament para que voten los prófugos

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) avala, por unanimidad, la reforma del reglamento del Parlament que, entre otras cuestiones, permitirá que los diputados prófugos de la justicia, Lluís Puig y Carles Puigdemont, puedan votar a distancia. El dictamen, que se ha hecho público este miércoles, considera que la reforma es plenamente constitucional. Y, de esta forma, ya tiene vía libre para su aprobación definitiva, que será en el pleno que se celebrará mañana. PP y Vox habían solicitado este informe.

El CGE considera que no se vulnera ni el artículo 23.2 de la Constitución, que hace referencia a la igualdad en el ejercicio del voto; ni tampoco el artículo 9.3, relativo a la seguridad jurídica, que es lo que aseguraban los populares. El organismo solo hace una precisión a una frase del artículo 2 de la propuesta, que dice que «el voto de la persona delegante se contabiliza en el mismo sentido que el voto emitido por la persona a quien se delega». Para su completa constitucionalidad, pide que se cambie, de tal forma, que si el sentido del voto es diferente, se informe a la Mesa antes del inicio de la sesión.

Aspectos controvertidos

Entre otras cuestiones, la reforma introduce nuevos supuestos de delegación de voto, se incluye los que se encuentren en causas incluidas en la ley de amnistía; también se flexibiliza el procedimiento para constituir grupos parlamentarios y se modifica la mayoría necesaria par aprobar las declaraciones institucionales del Parlament.

Lo que ha generado más controversia son los añadidos para delegar el voto: «situaciones excepcionales debidamente justificadas a criterio de la Mesa». Pero también se añade que podrán utilizar la delegación, los diputados que se encuentren en causas incluidas en la ley de amnistía.

Con relación a la constitución de los grupos, se permite cambiar de adscripción aunque estos ya estén constituidos. Este punto podría beneficiar a la CUP. Y, otra cuestión polémica, es que se cambia la mayoría para aprobar declaraciones institucionales. No será necesaria la unanimidad, sino una mayoría de dos tercios.

Desde Vox, el líder de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga, lamenta que las instituciones en esta comunidad autónoma «llevan años al servicio de la causa socialista y separatista y, por ende, de la ilegalidad». Y ha dejado claro que «de nada sirven las duplicidades orgánicas a nivel autonómico, menos aún cuando no sirven al bien común». Y ha concluido: «acabaremos con todo el circo que han levantado».