La Generalitat vuelve a aprobar un proyecto de ley de ERC para acabar con el amianto en Cataluña

En Cataluña pueden quedar hasta dos millones de toneladas de fibrocemento por retirar, y entre 6.000 y 30.000 toneladas de proyectados y calorifugados, según el Govern. Por este motivo, ha aprobado un proyecto de ley, recuperado de ERC, para acabar con el amianto en esta comunidad autónoma. Con la nueva normativa, se busca que las diferentes administraciones tengan una regulación común para avanzar en esos trabajos de retirada.

Se contempla sanciones de hasta 100.000 euros para que los propietarios que incumplan esta orden; crear un certificado de presencia de fibrocemento para las transacciones de compra, venta o alquiler; o un plan de infraestructuras que concrete las que hará falta construir para eliminar las toneladas de amianto que aún quedan por retirar.

La portavoz del ejecutivo catalán, que también es consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha destacado que se trata de una ley «pionera en España y en Europea», porque aborda la problemática de «forma transversal», de tal manera que todas las políticas quedarán integradas en un solo marco normativo. Hay que tener en cuenta que, en los últimos años, se han llevado a cabo actuaciones más concretas para retirar el amianto.

Y el Govern ha concedido subvenciones para eliminarlo de cubiertas de los edificios o de las escuelas. Y algunas de estas actuaciones han sido aún más directas, como desmantelar las cubiertas con amianto que resultaron dañadas por el granizo que cayó el verano pasado en Sant Pere de Torelló o Vidrà, en la comarca de Osona.

Sanciones

Una de las novedades de la normativa son las sanciones. La más llamativa es la que puede conllevar multas de hasta 100.000 euros para los particulares que cometan infracciones muy graves, como incumplir con las órdenes de retirada de amiento en inmuebles de titularidad propia. Hay otras tipologías de multas, como por ejemplo, en el caso de personas que manipulen estos materiales sin las debidas medidas de seguridad.

Y del mismo modo que ya hay un certificado energético para las viviendas, se contempla crear algo muy parecido en el caso del amianto, para las transacciones de compra o venta de inmuebles antes de 2022 o en los contratos de alquiler. Sería un aparejador o un arquitecto el que redacte el documento y certificará si ha encontrado este material y cuál es su estado.

Como decíamos, en Cataluña aún quedan por retirar entre dos y tres millones de toneladas de amianto. Actualmente, esta comunidad dispone de un depósito controlado al que se lleva este material una vez retirado pro empresas especializadas. Se encuentra en Castellolí (Barcelona). Esta instalación recibe cada año unas 20.000 toneladas de amianto, y para poder destruirlo, teniendo en cuenta lo que aún queda, se tardarían hasta 100 años. Por este motivo, se contempla la construcción de otros depósitos controlados.