Los propietarios con casas okupadas en Cataluña, en pie de guerra

Según datos de Criminalidad del Ministerio de Interior, Cataluña sigue siendo, y con diferencia, la comunidad autónoma en la que más ocupaciones ilegales se registran. Concentra, de hecho, el 40 % de los 10.345 que se registraron en España hasta agosto de 2023. Y uno de los fenómenos que engloba la ocupación es la llamada inquiocupación, es decir, inquilinos que dejan de pagar el alquiler.

Contra esta situación, los afectados quieren decir basta, y han convocado para este sábado una concentración en la plaza Sant Jaume de Barcelona organizada por APROVIJ, una asociación sin ánimo de lucro formada por «propietarios unidos con el fin recuperar sus viviendas y luchar contra ocupación». La entidad nació hace cuatro años de un grupo de WhatsApp en el que se decidió llevar a cabo «una lucha para reivindicar nuestros derechos y una unión para poner fin a esta situación».

Precisamente el debate sobre la ocupación ilegal ha vuelto a la primera plana en Cataluña tras conocerse el caso de un propietario de Gerona, que tuvo que dejar su casa a instancias de la policía local, porque había «indicios» de que los okupas vivían en su casa. Tal indicio era un vídeo facilitado por ellos en los que se les veía durmiendo con mantas y cocinando. Los agentes advirtieron al propietario de que si no se iba, podría ser acusado de violación de domicilio.

Precisamente, a raíz de este caso, otros afectados por la ocupación han explicado situaciones surrealistas. Es el caso de Cristina Rúbies. Ella explica que ya tenía una sentencia firme de un juez para desalojar a un inquilino que no le pagaba el alquiler desde hacía meses. Pero llegó la pandemia y todo se fue al traste. Primero, porque los alzamientos quedaron suspendidos.

Pero cuando acabó el confinamiento, llegaron las llamadas de los vecinos que se quejaban de que el piso se había convertido «en un punto de venta de drogas y prostitución, con escándalos, amenazas y peleas». Algunos de estos vecinos tuvieron que irse de sus viviendas porque la situación se volvía cada vez más complicada. Pero el secretario judicial, y ante la acumulación de casos que tenía, les recomendó que negociaran con el okupa.

En agosto de 2023 llega otro sobresalto: «su» okupa consiguió alquilar una plaza de aparcamiento en el mismo edificio. El problema es que tenía un vehículo muy grande de gama alta, y «destrozó el coche de la plaza de al lado como amenaza». De hecho, consiguió que el propietario aparcara fuera del inmueble. Y mientras tanto, el okupa alega, para parar cualquier trámite, que había un menor en la vivienda.

Cristina explica también como «novedades» de su situación, que como el okupa dispone de un par de plazas de parking «gratis», se ha comprado otro coche de alta gama. Y que ha denunciado al presidente de la comunidad, un hombre de unos 80 años, por amenazas.

Salva, otra víctima de la ocupación, asegura que su caso «es aún más bestia». No entra en detalles, pero asegura que «hace más de un año me han ocupado mi única casa que es donde resido y de la que soy el propietario. No me los quitan y eso que estoy en peligro y la Policía sabe».