Una sanitaria demanda a la Generalitat por excluirla del acceso a una plaza fija por no acreditar nivel de catalán

Rosa Cochachi, auxiliar de enfermería en el Hospital Vall d’Hebron durante más de una década, ha decidido llevar a los tribunales al Institut Català de la Salut (ICS) tras ser excluida de una plaza fija por no acreditar el nivel de catalán requerido, según ha podido sacar en exclusiva el periódico El Mundo, después de entrevistarla. A sus 54 años, Rosa considera que este requisito es desproporcionado e injusto, ya que ha demostrado sobradamente su capacidad profesional en sus 11 años de servicio, principalmente en el área de oncología.

Una exclusión que afecta a 212 sanitarios

La auxiliar, nacida en Perú y nacionalizada española en 2009, es la primera entre los 212 sanitarios afectados por esta normativa que decide demandar al ICS. Aunque ha aprobado los exámenes teóricos en las cuatro convocatorias a las que se ha presentado, Rosa ha sido excluida en las tres últimas por no alcanzar el nivel B1 de catalán exigido. Actualmente, solo cuenta con un nivel A2, lo que ha atribuido a sus circunstancias personales, como el cuidado de su hijo con un 82% de discapacidad y la atención a su madre hasta 2019.

«Nunca he tenido problemas con los pacientes por el idioma. Entiendo el catalán, pero hablarlo me resulta complicado por vergüenza y nervios», explica Rosa. La situación le genera ansiedad y frustración, ya que, a pesar de aprobar las pruebas sanitarias, no puede optar a la estabilidad laboral que busca desde hace años.

Un requisito cuestionado por sindicatos y juristas

El sindicato Som Sanitat respalda la causa de Rosa, calificando la exigencia lingüística como una «barrera excluyente». Julián Roselló, presidente del sindicato, critica la postura «inflexible» de la Generalitat y el ICS, subrayando que muchos de estos profesionales han demostrado su valía durante la pandemia y en su día a día, pero quedan fuera por no poder acreditar el nivel requerido. «Esto no trata de que no hablen o entiendan catalán, sino de no haber alcanzado un nivel certificado», señala.

El abogado Ángel Escolano, autor del recurso presentado por Rosa, sostiene que la normativa supone una «discriminación desproporcionada» contra profesionales que, pese a cumplir con los requisitos técnicos, son descartados por un criterio que considera más político que funcional.

Propuestas de solución y un llamado a la justicia laboral

Los representantes sindicales sugieren que se ofrezca un plazo razonable para que los sanitarios acrediten el nivel de catalán requerido tras obtener la plaza, evitando así el impacto laboral de esta exigencia. También denuncian la falta de transparencia en los exámenes de lengua y piden que no se utilice el idioma como un arma política.

Rosa y otros afectados seguirán adelante con la demanda, buscando justicia para garantizar que la calidad profesional prevalezca sobre los requisitos lingüísticos en el acceso a la función pública.