La «fiesta» de la suspensión de los lanzamientos desde la pandemia la van a pagar todos los españoles «menos los okupas»

Esta semana, al caer el decreto ley ómnibus del Gobierno en el Congreso, se acababa con la prórroga del Real Decreto-ley 11/2020 para ampliar, hasta el 31 de diciembre de 2025, la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para las personas vulnerables y sin alternativa habitacional. Una medida que se aprobó en plena pandemia. Pues bien, los expertos aconsejan pedir que se reactiven los procedimientos por lanzamientos que estaban en los juzgados y que se suspendieron por la Covid. Eso, y que también pidan, cuanto antes, las indemnizaciones a las que tienen derecho, porque así lo contemplaba el Decreto-ley.

Lo ha explicado a El Debate el abogado José María Español, quien recuerda que los grandes beneficiarios serán los pequeños propietarios, los particulares, que podrán recuperar antes su vivienda, porque, recuerda, no deben empezar todo el proceso de nuevo. Los grandes tenedores, y en el caso de Cataluña, deberán presentar una instancia a la Generalitat para hacer una mediación previa con los ocupantes de la vivienda.

En cualquier caso, Español considera una «anormalidad» toda esta situación, porque esta medida tenía sentido durante la pandemia, con un confinamiento, pero no cinco años después. Por todo ello, cree que sería «temeraria e irresponsable» la posibilidad de que el Gobierno se pueda plantear presentar un nuevo Decreto-ley, en la misma línea, para dejar en suspenso los desahucios. Recuerda que cuenta «con la posición de la mayoría de grupos de la cámara», además de que, según su opinión, «ahondaría aún más en la falta de seguridad jurídica que tenemos en este momento».

Pero no solo eso. Español ha explicado que esa inseguridad, el haber legislado «tan mal», el resultado ha sido que se discutiera incluso si el inquilino, o el okupa, tenían que seguir justificando su situación de vulnerabilidad. Según el abogado, «nos hemos encontrado con juzgados que habían suspendido por vulnerabilidad del año 2020 el proceso y se han negado a actualizar información y documentación del inquilino, o del okupa para poder mantener o para que se pudiese alzar la suspensión».

Y ahí está el problema, que alguien que pudo ser vulnerable, o al menos, que adujo que se encontraba en esa situación, ha podido estar hasta esta misma semana en la vivienda «sin pagar y sin tener que acreditar que seguía siendo vulnerable», aunque ya no lo fuera. De ahí que Español deje claro que todo ello ha sido un problema para el propietario.

Y no solo eso, sino que durante este tiempo, estos años, se han dado casos en los que se ha negado que se actualice la información sobre el inquilino o el okupa. Es decir, que pueden haber cambiado las circunstancias económicas de estas personas, que en el 2020 se pudieron declarar circunstancias, pero unos años más tarde no lo son, y se han podido mantener en la vivienda sin que nadie les eche. Por todo ello, Español dice que existe un claro perjuicio para los propietarios, que pueden reclamar al Estado.

Y ahí radica otro problema: la «fiesta», dice el abogado, la acabamos pagando todos, menos los okupas. Y es que el Real-decreto prevé que en aquellos casos de desahucio suspendidos a consecuencia de la crisis, los propietarios pueden reclamar al Estado, aunque este habilitó los fondos a las comunidades autónomas y, en el caso de Cataluña, habría que pedirlo a través de la Generalitat. En definitiva, dice que «todas las suspensiones de estos lanzamientos de estas personas vulnerables a consecuencia del COVID, lo vamos a acabar pagando todos porque lo va a tener que acabar pagando el Estado, o sea, todos».

Y recuerda José María Español que en España no se echa a nadie de una vivienda sin el conocimiento de los servicios sociales, que son los que deben encargarse de encontrar una solución habitacional para los afectados que verdaderamente lo necesiten.