Comunidad Valenciana Puig y la financiación: de callar ante las cesiones de Sánchez a apelar al espíritu de la Transición
Los partidos valencianos coinciden en la necesidad de reformar el modelo de reparto de fondos, pero Moncloa prioriza la relación con sus socios
La reforma del modelo de financiación autonómica es uno de esos temas recurrentes en la discusión y análisis políticos en la Comunidad Valenciana. Son años y años los que se lleva hablando de ello, apelando a un mejor reparto, al sostenimiento de los servicios públicos, del famoso criterio poblacional… pero siempre con la seguridad de que ese discurso va a caer en saco roto y las cosas se van a quedar tal como están. Eso tampoco cambia.
El último en sacar el asunto a relucir ha sido el consejero de Hacienda valenciano, Arcadi España. En una conferencia con motivo del cuarenta aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región, el responsable del erario público ha aportado un nuevo formato al relato sobre la financiación.
En este sentido, España insta a que la reforma del reparto de los fondos se produzca de común acuerdo entre las comunidades: «Debemos recuperar el consenso político en este sentido, como ocurrió en los Pactos de la Moncloa, o el espíritu de la Transición».
Para el consejero, este aspecto obedecería a una razón «de igualdad y justicia». Para ello, en alusión al Gobierno central, ha señalado que la Comunidad Valenciana está abierta «al diálogo institucional que permita tender puentes entre todos los territorios».
Así, en opinión de España, ello sería sinónimo de «comprender que el constitucionalismo financiero se define sobre la base de la solidaridad y la igualdad».
Ni un solo compromiso de Sánchez
Está por ver cómo les ha sentado a Compromís y Unides Podem que el responsable de Hacienda haya hecho sendas referencias al paso de la dictadura a la democracia, ya que los socios de Ximo Puig se suelen manifestar respecto a la Transición con dosis de distancia, desdén y, en no pocas ocasiones, de desprecio y deslegitimación.
Sin embargo, las menciones históricas y presentes a los principios fundamentales de la Constitución de 1978 que ha realizado España chocan de frente con la actitud que el tripartito valenciano está poniendo en práctica a la hora de que las reivindicaciones regionales se escuchen y calen intramuros del Palacio de la Moncloa.
Y es que, hasta la fecha, Puig no ha hecho valer su condición de presidente autonómico de peso y de ser uno de los más relevantes barones socialistas para hacer presión y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se decida a cambiar la reforma del modelo de financiación.
De hecho, su papel en este asunto está siendo más testimonial que predominante, llegando incluso a rogarle al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que intercediese ante su propio jefe de filas.
Si bien es cierto que la relación entre Puig y Sánchez está notablemente deteriorada desde que el valenciano anunció, saltándose las directrices de la Moncloa, una bajada de impuestos en la región, tampoco ha conseguido arrancar el más mínimo compromiso a Sánchez sobre financiación. Ni a corto, medio ni a largo plazo.
Otro aspecto por el que llama la atención que desde el Ejecutivo valenciano se hayan referido a la Transición, a la justicia y a la igualdad es porque ni el presidente ni ninguno de sus 12 consejeros ha alzado la voz para criticar el evidente agravio comparativo hacia la Comunidad Valenciana en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado (PGE) respecto a otras comunidades, como Cataluña principalmente, donde Sánchez tiene a su socio estratégico para salvar la legislatura, Esquerra Republicana de Cataluña.
Para el portavoz de Hacienda del Partido Popular en el parlamento valenciano, Rubén Ibáñez, todas estas circunstancias las achaca a la «debilidad absoluta» de Puig, fruto de un «liderazgo inexistente» que le hace permitir «ser ignorado reiteradamente por el presidente del Gobierno».
Para el popular, esta actitud de estar «decidido a borrarse de la reivindicación de un nuevo modelo» de reparto de los fondos entre las autonomías está provocando que la Comunidad «pierda 111 millones de euros cada día que pasa».
Si la actitud de Puig y del tripartito de izquierdas en pleno no pasa de combativa, a tales niveles no llega la del diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, puesto que en el último debate del Estado de la Nación tan solo le dedicó cinco segundos entre sus dos turnos de intervenciones.
Únicamente se dirigió al presidente sobre este tema para pronunciar la frase «financiación: es escandaloso, es vergonzante que aún estemos como hace siete años». El resto de su tiempo, eso sí, lo utilizó para hablar del PP, de Bárcenas y de la ultraderecha.