Comunidad Valenciana  Otro golpe de Puig a los agricultores: les obliga a litigar por los terrenos de la gigafactoría de Volkswagen

Los agricultores de la Comunidad Valenciana no están pasando su mejor momento. Hace tan solo unos días, el Consejo de Ministros aprobó de forma definitiva el recorte del trasvase Tajo-Segura.

Pese a contar con la firme oposición de los regantes de Alicante, Murcia y Almería, el Gobierno ignoró sus advertencias medioambientales, económicas y sociales y acometió una rebaja que puede condenar a los campesinos del Levante.

Esta postura contó con la inestimable equidistancia del presidente valenciano, Ximo Puig. El arreón que el socialista tuvo frente a Pedro Sánchez durante los últimos días de 2022 y los primeros del nuevo año apenas duró lo mismo que un cubito de hielo derritiéndose a pleno sol.

Poco les duró la esperanza a los agricultores, que rápidamente volvieron a comprobar que su presidente se alineaba con la Moncloa y las siglas del Partido Socialista antes que con la viabilidad del campo alicantino.

Afecta a 800 agricultores

Los problemas y contratiempos para el sector no se limitan a la infraestructura entre los ríos Tajo y Segura. En la localidad valenciana de Sagunto, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha puesto en contra a 800 agricultores a cuenta de la gigafactoría que la automovilística alemana Volkswagen va a construir en el municipio.

Tal como explica a El Debate el secretario General de la Unión de Agricultores y Ganaderos (La Unión), Carles Peris, el Gobierno de la Generalitat está ofreciendo a los propietarios de los terrenos donde se levantará el macrocomplejo unos precios «muy por debajo de lo que el Jurado Provincial de Expropiaciones está fijando».

Según el responsable del colectivo agrario, la empresa Parc Sagunt II –participada por la Administración valenciana y el Gobierno central– ofrece una cuantía máxima de «entre nueve y 15 euros por metro cuadrado».

Sin embargo, «los valores de mercado» realizados por la Junta Provincial de Expropiación fijan un «mínimo de 16 euros» y un «máximo de 40».

Por tanto, Peris subraya que el importe más bajo tasado por el órgano «independiente y compuesto por expertos» –que se daría a parcelas abandonadas o caminos de acceso– es superior al máximo que pretender dar los Ejecutivos valenciano y central. «Es ridículo», incide.

Esta paradoja que tiene enojados a los agricultores de la zona ha llevado a que se estén produciendo situaciones «surrealistas» en opinión del secretario General de La Unión. Una de estas es la que le está tocando vivir a un pequeño propietario y que relata el responsable de Expropiaciones de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Juanma Peiró.

Con tal de no abonarle la diferencia de tan solo 1.073 euros entre la cantidad ofrecida y el justiprecio según mercado, el Ejecutivo de Puig ha interpuesto en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una demanda. Así, ha iniciado un procedimiento por lo contencioso-administrativo en el que van a ser «más caros los costes burocráticos, independientemente de lo que dictamine el juez».

Llegados a este punto, Peiró considera la actitud de las dos administraciones concernidas como «demencial» porque costará más todo lo relativo a la causa que si se le pagara lo estipulado por el Jurado «directamente al agricultor».

Lo normal en este tipo de actuaciones, tal como afirma Peris, es que se «llegue a un acuerdo por el justiprecio», por lo que no comprende que en este caso «se haya judicializado».

Tanto Peiró como Peris se ciñen a las expropiaciones en sí y obvian hacer valoraciones sobre la gigafactoría que se construirá, aunque reconocen que puede ser «positivo y genere empleo».

En cambio, en palabras del dirigente de La Unión, «que la Generalitat quiera hacer un proyecto con una multinacional alemana no tiene que causar un perjuicio a los propietarios agrícolas». Asimismo, «que hayan vendido a la empresa los terrenos por debajo del valor por los que se vendieron en su día no quiere decir que tengamos que regalar nuestros terrenos», hace hincapié un molesto Peris.

La Unión y AVA-ASAJA han unido fuerzas en cuanto a las expropiaciones en Sagunto y un estudio que han realizado ambas organizaciones apunta que la cuantía que el Ejecutivo regional dejaría de abonarles a los campesinos ascendería hasta los «25 millones de euros».

En este sentido, aunque advierten al tripartito de que la Justicia «suele otorgar al Jurado la presunción de veracidad y acierto en sus valoraciones», también critican que la Generalitat «no escatima en recursos económicos para llevar a cabo la urbanización».

Por ello mismo, aseguran que la actuación del Gabinete de Puig se basa en que hay «dinero a espuertas para Volkswagen». Además, este sería «regalado a costa de pagar migajas a los agricultores, quienes van a ser despojados de forma forzosa de su patrimonio y de su medio de vida».

Con todo lo anterior, AVA-ASAJA y La Unión piden al Gobierno autonómico que «rectifique» y deje de «insultar a los agricultores», a la par que avisan que, como sus compañeros de Alicante, Murcia y Almería, entre sus planes no está el de darse por vencidos.

«No nos merecemos este robo, expolio o como quieran llamarlo. En un Estado democrático este comportamiento manipulador de la Administración no cabe. O retiran la vía judicial o nos tendrán en la calle», avisan.