Elecciones 28-M  Las rentas medias y bajas valencianas serán las que menos impuestos paguen de España con la reforma del PP

En las campañas electorales quien pega primero, como se suele decir, pega dos veces. En los últimos tiempos, además de un programa de gobierno con el que granjearse la confianza ciudadana, este ha de ir acompañado de un relato sólido. En él, adelantarse es primordial.

Uno de los temas más habituales en esta narrativa política es el de los impuestos y está siendo el Partido Popular el que ha tomado la delantera. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se creyó el líder de la carrera en este ámbito, pero no fue así. Y no ocurrió por un doble motivo.

El primero fue que su reforma fiscal apenas se va a notar en la declaración de la Renta que ya ha comenzado. Y segundo, y quizás más decisivo a la hora de tomar la decisión de aprobarla, fue que más que una convicción económica o ideológica, le movió llevarle la contraria al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e intentar remontar en unas encuestas nada positivas para el valenciano.

Sin embargo, ahora en campaña ha sido el PP quien ha presentado su plan de impuestos para todo este año 2023. En realidad, no lo ha presentado como tal, sino que lo que ha hecho ha sido actualizarlo, tal como viene haciendo casi cada mes en el último año.

Antes de profundizar en las medidas concretas, hay dos datos que llaman la atención. Uno es que sus propuestas beneficiarían, siempre cuando Carlos Mazón sea el próximo presidente autonómico, al 80 % de los ciudadanos de la Comunidad.

El otro, como consecuencia, es que el impacto de la bajada de impuestos será de 1.750 millones de euros, una cantidad similar a la que Puig, según el popular, «ha requisado» a los valencianos en sus años al frente del Ejecutivo autonómico.

«Carácter confiscatorio»

Para lograr semejantes registros de efectividad y que no se queden en un simple anuncio como el de Puig, Mazón acometerá una reforma tan «ambiciosa» como «justa» del sistema impositivo valenciano. Dicho con otras palabras, una «rebaja general a todos los ciudadanos» en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con especial atención a los que tienen «salarios bajos y medios».

De este modo, habrá una «simplificación de tramos» en dicho tributo. Actualmente, las competencias regionales establecidas por el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos fijan nada más y nada menos que once tramos, que abarcan desde el 9 % hasta el 29,50 %, a lo que habría que añadir la tarifa estatal. Con el PP al frente de la Generalitat, Mazón se ha comprometido a que sean un máximo de siete tipos, con un mínimo del 8,75 % y un máximo del 24,50 %.

La intención no es otra que desterrar el «carácter confiscatorio» que ha caracterizado la ejecutoria de socialistas, nacionalistas y comunistas y, por ende, que ningún valenciano pague «más del 50 % de su renta».

La «ambiciosa» rebaja de impuestos de los populares no queda ahí, ya que se reducirán todos los tramos del IRPF. Los ciudadanos que cobren anualmente hasta 35.000 euros tendrán un tipo del entre el 8,75 % y el 18 %. Por tanto, las rentas medias son «las más beneficiadas».

Más allá de ese tramo, aquellos trabajadores que perciban hasta 55.000 euros de base liquidable deberán abonar el 23,5%, mientras que el máximo –24,5 %– corresponderá a quienes dicha base sea de 75.000 en adelante.

Todas estas medidas suponen reducir en un 10 % «la última tarifa» fijada por el tripartito, lo que provocará que los salarios de hasta 35.000 euros sean los que menos impuestos paguen de toda España.

Esta bajada de tributos «sin exclusión» supondrá que la Comunidad, según el PP, se vuelva a colocar a la «vanguardia de la competitividad fiscal», a la par que devolverá a los vecinos el «esfuerzo» realizado por imposición de Puig y sus socios, que han colocado a la región como la segunda con impuestos más altos, tan solo superada por Cataluña.

A su vez, la reducción de tipos irá acompañada de una decena de deducciones y desgravaciones totalmente complementarias. Estas se encuentran divididas en dos grandes bloques. El primero de ellos, la «prioridad», es el social.

En él se incluyen ayudas a los mayores de 65 años con descendientes no contribuyentes a su cargo (desde 350 euros hasta 600) o la deducción de hasta 300 euros por el 30% de los gastos que generen miembros de una unidad familiar que requieran ayuda por padecer «cualquier patología asimilada a problemas de salud mental».

Igualmente, por cantidad de 200 euros habrá una deducción para los mismos aspectos, pero en este caso relacionados con «enfermedades crónicas de alta complejidad o las llamadas 'raras' o minoritarias».

En este capítulo, también se incorporan ayudas del mismo tipo para las personas diagnosticadas de alzhéimer o daño cerebral adquirido, así como para la salud bucodental o visual, que incluyen lentillas y gafas de graduación.

Las deducciones y desgravaciones también van encaminadas a fomentar el crecimiento económico. Así, a cualquier autónomo nuevo que sea mayor de cincuenta años o menor de 35 le corresponderá deducirse 250 euros si no lo ha sido anteriormente y mantiene su negocio abierto al menos durante dos años.

La contratación también se ve incentivada. Si un autónomo contrata a su primer empleado que sea menor de 35 años o mayor de cincuenta se podrá beneficiar de la deducción de 150 euros, que será de 250 si el empleado es mayor de 45 años.

Mazón también promete que habrá deducciones de 250 euros por el 10 % de las inversiones que se realicen en un negocio, siempre que quien las haga sea un autónomo menor de 35 años, mayor de cincuenta o una persona con discapacidad.

Por último, la reforma fiscal del PP se compromete a eliminar impuestos como el de Sucesiones o Patrimonio, así como a dejar «prácticamente» finiquitado el de donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales –el de Vivienda– será «progresivo» hasta alcanzar un tipo «superreducido del 3 %». El mensaje es claro: «Se puede recaudar más, mejor y de forma más justa».