Portavoz de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FCAPA)  Vicente Morro: «Puig y Compromís pretenden imponer una Educación única, pública, laica y en valenciano»

Una de las frases de Pablo Iglesias cuando todavía no había entrado en política fue aquella en la que denostaba la gestión diaria dentro de la Administración en favor de lo propagandístico al servicio de un proyecto ideológico: «Para ti la Consejería de Turismo. A mi dame los telediarios. Eso vale más».

Como beben de la misma fuente, Compromís también tiene esa afirmación en su génesis política y buena muestra de ello es la política educativa que está llevando a cabo en la Comunidad Valenciana con la evidente responsabilidad de Ximo Puig. En un contexto de imposición ideológica, lingüística y de continua falta de libertad en múltiples aspectos en Educación, el portavoz de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FCAPA), Vicente Morro, lo explica a los lectores de El Debate.

- ¿Cree usted que en la Comunidad Valenciana la Educación se está desarrollando en un contexto de libertad?

- Absolutamente no. En estas dos últimas legislaturas se ha adoptado una serie de medidas para recortar la libertad de elección de las familias en muchos ámbitos: lingüístico, elección de centro, imposición ideológica… Por tanto, absolutamente no.

- Entonces, usted advierte que la libertad en la región no se está perdiendo desde un único ángulo, sino en muchos aspectos…

- Exacto. En la elección de centros se recortaron aulas. Hubo que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y dio la razón a las familias y a los centros que recurrieron. También han eliminado el distrito único, que era una forma para que las familias pudieran elegir con mayor libertad cualquier colegio de la ciudad de Valencia. Se ha restringido y ahora solo pueden elegir centros de su propio distrito. Además se han quitado muchos puntos a la hora de baremar dónde se quiere que los hijos estudien como es, por ejemplo, haber sido antiguo alumno de un colegio.

Otro varapalo judicial al tripartito

- ¿Cómo ve usted esa reducción de libertad en el ámbito lingüístico?

- Se ha intentado imponer por todos los medios el valenciano. Hubo un decreto de Plurilingüismo. Lo que hacía para que la gente tuviera que elegir valenciano era primar las horas de inglés. Era una estrategia montada para que el castellano fuese perdiendo relevancia y el valenciano fuera cada vez más elegido por más gente. Hubo que recurrir de nuevo al TSJCV, que lo tumbó e hicieron una ley sobre ello porque el Gobierno valenciano tenía el deseo de imponer su concepción lingüística.

Sobre todo en los centros concertados se ha mantenido más o menos la capacidad de elegir un número de horas en español, pero en poblaciones donde hay pocos centros se ha primado el valenciano en detrimento de la libertad. Antes había un modelo con dos líneas en la que cada familia elegía la que quería. Eso ha ido fuera para imponer el valenciano.

- Una de las claves es el nacionalismo y todo lo que rodea a Cataluña…

- Sí, sí. Todos los intentos de imposición del valenciano van por ahí aunque hay zonas en las que se habla principalmente en castellano. Pero para el tripartito no es una cuestión de libertad, sino de imposición y prioridad. Eso se ha visto a la hora de primar el valenciano sobre el doctorado o exigirlo a los funcionarios como requisito y no como mérito. Todo es una estrategia para reforzar una supuesta unión de la lengua y de lo que llaman ‘Países Catalanes’. Su programa se reduce a imponer una escuela única, pública laica y en valenciano.

«Ximo Puig es el máximo responsable porque tenía que haber velado por que la educación valenciana no se politizase»

- ¿Esa interferencia del poder político también tiene reflejo en los contenidos que se estudian?

- En cuanto a los currículos, no porque están establecidos oficialmente. Pero sí es verdad que en actividades extraescolares, talleres y demás sí hay un sesgo ideológico muy grande con todos los temas de imposición de ideología de género o la Memoria Histórica. Se han hecho cursos para formar a profesores en estos ámbitos. Hay un claro contenido ideológico en todas estas actividades y, de forma transversal, cuando llegan determinadas fechas también lo hay para imponer unas posiciones ideológicas muy concretas.

- ¿Hay marginación en el ámbito educativo de lo concertado?

- Existe mucha marginación en temas de profesorado. Los maestros de la escuela concertada tienen mucho más difícil acceder a las becas para hacer estancias en el extranjero. Está muy restringido y totalmente abierto para la pública. En cuanto a los auxiliares de conversación de inglés, ha habido comunidades autónomas que lo han abierto para que llegue a los concertados y en la Comunidad Valenciana no se ha querido.

Por tanto, estos profesores tienen más dificultades para adquirir formación. También se han dado casos, principalmente en la concertada, de docentes que han estado prácticamente medio año sin cobrar la nómina. Normalmente, los problemas burocráticos han afectado más a los profesores de la concertada que de la pública. Ahí también se nota el sesgo ideológico.

- Ha hablado de que la Justicia ha dado algunos varapalos a la Generalitat y de una estrategia. ¿Cree que la del tripartito es seguir adelante con ella aunque se le diga judicialmente que por ahí no ha de seguir?

- Por supuesto. Ellos tienen un proyecto ideológico muy claro. De hecho, cuando se tumba el decreto del Plurilingüismo tuvieron que crear una ley porque no puede ser recurrida por los ciudadanos, solo por el Gobierno o las Cortes. Cada vez que se han encontrado con un problema con los Tribunales han buscado una vía de escape. Con el covid-19 ha habido una rebaja de la conflictividad, pero estoy convencido de que si el tripartito tiene otros cuatro años, va a apretar el acelerador en las cosas que todavía no ha conseguido.

Para el tripartito, elegir la lengua en la que se estudia no es una cuestión de libertad, sino de imposición y prioridad”

- Usted da por seguro que si se reedita el Gobierno de izquierdas, sus partidos apuntalarán su proyecto. De haber vuelco electoral, ¿todo lo hecho en los últimos ocho años puede revertirse?

- Dependerá de la presión que seamos capaces de hacer la sociedad civil y el ámbito educativo. Si consiguen gobernar las formaciones que no están en el tripartito, que están defendiendo la libertad de las familias, que están criticando los modelos de imposición lingüística e ideológica, le reclamaremos que cumplan sus promesas y que muchas de las medidas las reviertan. Por ejemplo, hay un compromiso del PP de volver al distrito único. En esa línea, le pediremos que el tema lingüístico vuelva al modelo de las dos líneas. Exigiremos que den pasos para recuperar la libertad. Parece que el PP y otros partidos están en ello: reconocer la libertad educativa, que es lo que establece la Constitución Española en su artículo 27.

- ¿Cree que la Ley Celáa da alas a que gobiernos como el valenciano cercenen la libertad educativa?

- Totalmente. De hecho, el exconsejero Vicent Marzà en varias ocasiones mientras se estaba tramitando la Ley Celáa presumía de que en la Comunidad Valenciana ya se estaban haciendo muchas cosas de las que proponía el texto del Ministerio. Por ejemplo, respecto a la educación diferenciada dijo que les gustaría acabar con ella y es algo que la Ley Celáa ha permitido.

Lo mismo sucede con la Educación Especial, la falta de calidad, pasar de curso con varias asignaturas suspendidas… Todas esas cuestiones que degradan nuestro sistema educativo y que provienen del recorte de la asignatura de Religión son proyectos que ellos tenían y que se han visto reforzados. Se van a apoyar en la LOMLOE para seguir recortando la libertad de las familias.

- A modo de conclusión, ¿se ha antepuesto la ideología al futuro de los estudiantes minando sus opciones laborales?

- Totalmente. Ponen por delante el proyecto ideológico y político al futuro de los alumnos. Es así. Es una política de ingeniería social, de transformar la sociedad para que esté próxima al nacionalismo y con vinculación a Cataluña y lo quieren imponer como sea. Por eso Compromís se apresuró a asegurarse la Consejería de Educación, aunque la responsabilidad máxima es del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, porque tenía que haber velado para que la educación valenciana no se politizase.