Elecciones 28-M  Fin al chollo independentista en Valencia: cero subvenciones, elección de centro y aulas sin adoctrinamiento

Las elecciones autonómicas de 2015 en la Comunidad Valenciana dejaron como resultado un panorama que no se daba desde hacía dos décadas, como fue la suma de la izquierda. Ese hecho permitió que el socialista Ximo Puig le arrebatara la presidencia al Partido Popular en virtud a los apoyos cosechados de Compromís y Podemos.

Para conformar el nuevo Gobierno, los nacionalistas se apresuraron a exigir estar al frente de la Consejería de Educación, en una maniobra cuyo objetivo último no era otro que calcar en la región la política en este ámbito llevada a cabo en Cataluña por los independentistas de Junts per Cataluña y Esquerra Republicana, que en esos años gobernaban bajo la presidencia de Carles Puigdemont.

Compromís no se encontró con pega alguna por parte de Puig para esa misión, por lo que, con su salida cuando Carlos Mazón llegue al Palacio de la Generalitat previsiblemente este verano, habrá estado ocho años aplicando una hoja de ruta puramente secesionista. Está basada en un fuerte adoctrinamiento, en la imposición del valenciano y en un recorte de la libertad de los padres a la hora de elegir el centro donde quieren que estudien sus hijos.

Pero ese mimetismo con los separatistas no solo lo ha aplicado Compromís en el seno del tripartito. Podemos ha hecho lo propio, pero es Puig quien ha permitido y promovido que las ideas catalanistas campen en todos los órdenes de la vida diaria. De hecho, ha sido su Gabinete el que ha destinado casi diez millones de euros a asociaciones independentistas para que promuevan los 'Países Catalanes', yendo de esta manera contra las señas de identidad valencianas.

Ley de Señas de Identidad

Tras el 28-M, y a tenor de prometido durante la campaña electoral por Mazón, el contexto de primacía de los postulados separatistas tendría los días contados. Si consiguiera alzarse con la presidencia regional, emprendería una enmienda a la totalidad a la ejecutoria de socialistas, nacionalistas y comunistas en este ámbito.

A su juicio, en la Comunidad «hay un procés que hay que parar de manera inmediata», tal como declaró en su entrevista en El Debate y ha venido insistiendo durante meses. En base a ello, se dejarán de conceder subvenciones a entidades rupturistas que operan desde Cataluña. Una de las más beneficiadas por los flirteos de Puig con el independentismo es Plataforma per la Llengua, la autodenominada «ONG del catalán» y que espía a los alumnos en los recreos para informar sobre si hablan en castellano.

En esta línea, el futuro Gobierno de Mazón también sacará adelante una ley de Señas de Identidad para proteger «la cultura, los símbolos, la historia y las tradiciones» de la Comunidad Valenciana, en palabras del propio dirigente popular. Es decir, frente a la 'estelada' secesionista que persigue la anexión de la región a Cataluña, la nueva Generalitat defenderá la Real Señera, la única que tiene la condición de Real y que no se inclina «ante nada ni ante nadie».

Una de las iniciativas que más tempranamente aprobó Compromís en la Consejería de Educación fue eliminar el distrito único para elegir el centro escolar donde estudiar y que permitía a los padres de los alumnos escoger el centro escolar donde preferían que sus hijos cursaran los estudios. Al suprimirlo, la libertad de las familias se ha visto drásticamente limitada, ya que el colegio o instituto que les corresponde es el que se encuentre más próximo al domicilio en que estén censados. Según el programa del PP, en la región se volverá a aplicar el distrito único.

Dentro de las aulas, el tripartito no ha tenido el más mínimo disimulo en implementar sus planes. Una de las herramientas que ha utilizado para ello es la marginación del español. El 25 % mínimo de las horas que el Tribunal Constitucional establece que se han de impartir en castellano ha sido ignorado por muchos centros de titularidad pública durante estos ocho años. Así, la Generalitat ha promovido que el uso del español esté siendo utilizado solo en unas pocas asignaturas no troncales.

Esa imposición del valenciano también tiene su extensión a la cartelería y señalización dentro de los centros, en los avisos por megafonía, en las reuniones del claustro de profesores, así como en las comunicaciones que el colegio hace con los padres. Tal como denuncian familias, asociaciones como Hablamos Español y El Debate ha informado de ello en numerosas ocasiones, estas llegan exclusivamente en la lengua autonómica.

Lejos de ser un error o un descuido administrativo, en la mayoría de las veces cuando los padres contestan pidiendo que se las envíen en español, los centros responden en valenciano o, directamente, hacen caso omiso a esa petición y no mandan nada. Lo mismo sucede con los exámenes. Tanto en colegios como en las universidades ha habido denuncias en las que se exponía la negativa de profesores a redactarlo en castellano. De hecho, la asociación presidida por Gloria Lago ha llevado este tipo de situaciones a la Justicia con tal de defender los derechos de los alumnos.

Por último, la política del PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos ha llevado su ideología al temario de los libros a estudiar. En ellos se intenta explicar que el valenciano es un mero dialecto o una variación del catalán, al que está supeditado, y al contrario de lo que la Historia señala.

Esta pretendida unidad de la lengua no es sino una falsedad más sobre las se asienta el relato separatista: del idioma se pasa a una cultura común y, de esta, a una mitológica anexión de todos los territorios que supuestamente tienen el mismo origen.

En definitiva, Mazón lo tiene claro: «Que nadie nos diga a los valencianos lo que somos ni lo que tenemos que ser» y para ello hay que dejar de subvencionar al independentismo, las familias han de recuperar la libertad y hay que tener una educación «que no esté politizada».