Comunidad Valenciana  La Comunidad Valenciana, eterna perjudicada por los pactos del PSOE con los independentistas catalanes

El debate político nacional lleva semanas –más bien desde mitad del verano– girando en torno a la amnistía que el fugado Carles Puigdemont exige al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para ser investido. Ese indulto generalizado está centrando las negociaciones para reeditar un nuevo Gobierno de coalición del PSOE con Sumar y con el resto de partidos nacionalistas e independentistas.

Sin embargo, este proceso viene ocultando una serie de condiciones extras que hacen cumplir a la perfección el dicho de que 'el árbol no te deje ver el bosque'. Se trata de, por ejemplo, la demanda de Junts per Cataluña y Esquerra Republicana para que la ampliación del puerto de Valencia siga bloqueada sine die a pesar de ser un proyecto estratégico, ya que beneficiaría al conjunto de España en general y reforzaría la posición de la capital levantina, algo del todo inasumible en el imaginario secesionista.

Tras años de demora por la indecisión del palacio de la Moncloa a acometer las actuaciones, el optimismo a que la situación adquiera un nuevo y definitivo impulso es ínfimo, no solo porque Puigdemont y Junqueras se nieguen en rotundo a ello, sino también porque Compromís –y por ende Sumar– supedita su voto afirmativo al líder socialista a que la obra siga encallada. La razón supuesta que los nacionalistas ponen sobre la mesa respondería a un presunto ecologismo que, por contra, desaparece por ensalmo cuando el puerto a ampliar es el de, precisamente, Barcelona.

Mazón promovería movilizaciones

De confirmarse ese boicot, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, considera que sería un hecho «muy grave» y, parafraseando el himno de la Comunidad, anuncia que habría movilizaciones: «Si esa agenda oculta de Pedro Sánchez viene incluso con la estrangulación del Puerto, lo de ‘en peu alcem-se' (en pie alcémonos, en valenciano) se va a quedar corto para lo que vamos a poner en marcha en esta tierra», advierte el dirigente autonómico.

En su opinión, que los independentistas consiguieran una «paralización expresa» del proyecto gracias a las cesiones del jefe del Ejecutivo sería el «acabose» porque significaría «no solo hablar de ninguneo, sino tirar por la borda» todo un plan que cree «necesario, urgente e irrenunciable» para el crecimiento de la región. «Se ha generalizado que hay una agenda oculta en toda esta negociación de Pedro Sánchez con el separatismo. Hay una sospecha generalizada de agenda oculta, más allá de amnistías, referéndums y prebendas. Si acaba como está, ya sería grave, pero puede empeorar», lamenta Mazón.

Totalmente alineada con el presidente autonómico está la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que avisa al presidente del Gobierno de que con sus negociaciones no puede «convertir» a la capital del Turia en «una moneda de cambio para estar en Moncloa». Acerca de las exigencias que Junts, Esquerra y Compromís plantean a Sánchez, la regidora afirma que tanto sus concejales como el Partido Popular están «muy preocupados». La razón ella misma la deja clara: «No se puede otorgar esa venta a partidos minoritarios, radicales, sectarios, que además lo único que quieren es mermar las posibilidades de la ciudad de Valencia y su puerto para que el puerto de Barcelona nos adelante por la derecha, por la izquierda y por el centro», afirma.

Más allá del plano institucional y de disputas políticas, la protesta es unánime. Así, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, se compromete a trabajar «sin descanso» en la ampliación, para lo que ha pedido que cese el «ruido» al respecto porque no ayuda «a la captación de carga» y, por ende, dificulta la estrategia de dinamización de la economía autonómica: «Como organismo público, nos dedicamos a tramitar expedientes con la máxima seguridad jurídica y el refrendo de todos los organismos y administraciones competentes que tienen que ver en la materia», sostiene a colación de las quejas de los partidos de izquierda para obstaculizar las obras.

Largo historial de agravios

Tampoco se muestran especialmente entusiasmados los empresarios regionales con la deriva por la que navega Sánchez con tal de conseguir ser reelegido gracias al independentismo. El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Salvador Navarro, reclama que «no se utilice, de forma directa o indirecta, como moneda de cambio en ningún tipo de negociación política» la ampliación del puerto levantino, por lo que pide al líder del Partido Socialista que «desoiga» las exigencias de los independentistas: «Dos formaciones catalanas no pueden condicionar la decisión sobre una infraestructura clave para el futuro de la Comunidad Valenciana; clave desde el punto de vista económico, empresarial y social», subraya.

Los perjuicios a los valencianos como contraprestación para que se pueda formar un Gobierno del PSOE gracias a los votos de los rupturistas no es algo nuevo y ni mucho menos lejano. En 2004, José Luis Rodríguez Zapatero derogó el Plan Hidrológico Nacional (PHN) para conseguir el apoyo de Esquerra Republicana, una política siempre a la contra de la Comunidad que mantuvo durante sus casi ocho años al frente del Ejecutivo. Con Sánchez, todo se ha agravado: además de lo concerniente al puerto, ha habido recorte en el trasvase Tajo-Segura, Alicante es la última provincia en inversión en los Presupuestos Generales del Estados, los anexionistas están envalentonados y de la reforma del modelo de financiación poca o ninguna expectativa hay.

El propio Carlos Mazón lo explica: «Ya sabemos que si sigue Sánchez seguiríamos sin agua. Ya sabemos que si sigue Sánchez seguiríamos sin financiación. Ya sabemos que si sigue Sánchez seguiríamos con los peores Presupuestos Generales del Estado y ya sabemos que si sigue Sánchez nos costará mucho que la ampliación del Puerto pase por el Consejo de Ministros».