Comunidad Valenciana  Pulso en el Ayuntamiento de Valencia: la bajada de impuestos queda en el aire mientras Catalá no integre a Vox

Primer gran contratiempo para la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Durante los cerca de cuatro meses que han pasado desde que fue investida, la ejecutoria de la regidora había transcurrido con relativa tranquilidad, sin mayores sobresaltos que los que proporciona la habitual trifulca política entre distintos partidos. Sin embargo, este viernes esa tendencia se quebró, provocando un revés a la mandataria popular cuyo alcance definitivo todavía está por ver.

El escenario donde todo ocurrió fue en el Ayuntamiento levantino, concretamente mientras se tenía que votar el nombramiento de Raúl Castelblanque y Juan Alumbreros como nuevos director adjunto y director Corporativo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), la compañía pública encargada de gestionar el servicio de autobuses en la capital del Turia. Ambas designaciones eran a propuesta del equipo de gobierno municipal -del PP íntegramente- y tras la reunión los dos han sido rechazados por los votos en contra tanto de Vox como de Compromís y el PSPV-PSOE.

Las razones que unos y otros han argumentado para justificar su opinión son muy distintos. Así, mientras las formaciones de izquierdas han puesto sobre la mesa que los nombres eran fruto de las «cacicadas» y las «imposiciones» de Catalá para intentar «camuflar el desproporcionado aumento de sueldo de uno de los directivos vendiendo un ahorro en los costes», Vox ha argüido, por boca de su portavoz en el Consistorio, Juan Manuel Badenas, que se trataba de contratar a «personas que se encuentran en el tránsito de una puerta giratoria que pasa de la Generalitat al Ayuntamiento de Valencia, proviniendo de cargos que fueron nombrados por el PSPV-PSOE y que ahora van a ser asumidos por María Jose Catalá».

La lista más votada el 28-M

Sin embargo, los motivos de este desencuentro entre partidos de centro-derecha va más allá de las meras discrepancias y tiene su origen en que los de Santiago Abascal no forman parte del equipo de gobierno municipal. En las elecciones locales del 28 de mayo, el Partido Popular ganó en la ciudad de Valencia obteniendo trece concejales. Al lograr Vox cuatro actas, impidieron que socialistas y nacionalistas revalidaran su coalición y, por tanto, no pudieran sumar para que el ya exalcalde Joan Ribó consiguiera un tercer mandato.

En el Pleno de constitución de la nueva Corporación, los cuatro partidos que obtuvieron representación en el Consistorio -PP, Compromís, PSPV-PSOE y Vox- presentaron sendas candidaturas que fueron votadas por sus respectivos ediles. Al no alcanzar ningún candidato la mayoría absoluta -diecisiete escaños- Catalá fue automáticamente designada alcaldesa de Valencia al haber sido la lista más votada en los comicios, gobernando desde entonces la capital regional en solitario y conformando un Gabinete únicamente por miembros de su organización.

Ese hecho no gustó a Vox, que en la misma sesión de ese 17 de junio advirtió a la recién elegida alcaldesa que necesitaría sus cuatro votos para sacar adelante cualquier medida. La respuesta de la popular fue elevar a la formación verde a la categoría de «socio preferente», manteniéndole al margen de todo tipo de decisión ejecutiva. Sin que se hubiera aliviado el ambiente de calma tensa, Badenas dejó caer a comienzos de esta misma semana que su partido no respaldaría al Gobierno municipal mientras él y sus compañeros no formaran parte del mismo: «Es lógico», dijo el portavoz verde tras ofrecerse a la primer edil con vistas a configurar un gabinete «estable, sólido y eficiente».

Esa petición de Badenas cayó en saco roto y al no verse satisfechas sus aspiraciones, el resultado ha desembocado en la negativa a oficializar los nombramientos en la EMT de este viernes. No obstante, las consecuencias de esta polémica pueden tener otras derivadas si se mantuviera en el tiempo. De este modo, Catalá y sus concejales tendrían muy complicado aprobar los Presupuestos locales para 2024, del mismo modo que también peligraría la aprobación de las Ordenanzas Fiscales. Ninguno de estos dos asuntos son menores, ya que las cuentas públicas marcan la hoja de ruta de la gestión a lo largo de un año y las segundas contemplan una significativa bajada de impuestos a la que Catalá se comprometió en campaña electoral y en su investidura.

Reducción del 20% del IBI

Si el órdago lanzado por Vox no se solucionase, en el aire quedaría una reforma fiscal que, aunque la Junta de Gobierno Local ya le ha dado luz verde, todavía ha de pasar por la Comisión de Hacienda y, finalmente, se llevaría a Pleno para ser debatida y votada por los 33 concejales. Por tanto, todavía no es seguro que los valencianos vayan a beneficiarse de un alivio en sus bolsillos que, según la edil del ramo, María José Ferrer, tendría un impacto económico de entre sesenta y setenta millones de euros.

La misma concejala señala que el paquete de medidas incluye una reducción del 20 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y una bonificación del 95 % en el de Plusvalía por herencia. Además, si el plan fiscal saliera definitivamente, habría «por primera vez» una disminución de este gravamen en la transmisión entre personas vivas y con vínculos de familia de inmuebles que acojan negocios familiares siempre que se mantenga la actividad. Todo ello responde, según indica Ferrer, al «compromiso de bajar los impuestos a los valencianos» que adquirió Catalá con sus vecinos.

Ante la posibilidad de que la iniciativa termine decayendo si las tiranteces con Vox siguieran por la misma senda, la responsable de las cuentas públicas asegura que el Ejecutivo valenciano va a «cumplir» con lo apalabrado con los ciudadanos porque «supone la reducción de impuestos más grande de la historia municipal de Valencia». El Debate se ha puesto en contacto con fuentes conocedoras de ello para saber la deriva que puede adquirir el asunto y aseguran «desconocer qué hará Vox», a la par que muestran su estupor porque «ha votado con la izquierda».