El ocaso de Podemos en la Comunidad Valenciana: del tripartito a cero escaños, cerrar su sede y dictar un ERE

Las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo supusieron un varapalo sin precedentes para Unidas Podemos en la Comunidad Valenciana, dejando su futuro pendiendo de un hilo y con un sinfín de problemas por resolver en el corto plazo que trasciende lo estrictamente político. La formación 'morada' vive en la actualidad sus horas más bajas: sin voz en las principales instituciones, con una muy escasa influencia dentro de su alianza con Sumar e inmersa en una situación financiera más que preocupante.

A la jornada electoral, los comunistas llegaron siendo parte del tripartito que entonces gobernaba la Generalitat, con ocho escaños en las Cortes regionales y con optimismo de cara a conseguir al menos el 5 % de los votos. Esa cifra era la auténtica obsesión de Unidas Podemos, ya que no alcanzarla supondría perder toda la representación parlamentaria en el Hemiciclo valenciano. De cara a la opinión pública, sus dirigentes se mostraban confiados de lograr asientos, pero de puertas hacia dentro confesaban que asuntos como la Ley Trans o la del 'solo sí es sí', impulsadas por sus ministras Ione Belarra e Irene Montero, podían causar un notable daño en las urnas. No se equivocaban porque así terminó siendo.

Los peores pronósticos para Podemos se cumplieron en la Comunidad. No solo no consiguió que le votase el 5 % de los valencianos, sino que se quedó lejos de esa barrera, a un punto y medio, con únicamente el 3,5 % de los sufragios. La consecuencia fue que las ocho actas que tenía se redujeron automáticamente a cero, convirtiéndose así en fuerza extraparlamentaria y dejando en bandeja la presidencia autonómica al Partido Popular tras su contundente victoria.

El apoyo de Montero: «Bollera y sorda»

Las semanas que siguieron a las elecciones fueron de una enorme complejidad interna, que pronto se tornó en una cascada de dimisiones y renuncias y, por ende, en una crisis sin precedentes. Casi a la par, las dos caras más visibles de la formación anunciaron su salida. Una fue la coordinadora de Podemos en la región, Pilar Lima. Lo hizo, además, junto a toda su dirección tras cosechar el 28-M unos «malos resultados sin paliativos» fruto de «errores propios», aunque al mismo tiempo, en su opinión, debido a «múltiples causas».

Lima también se dio un sonoro batacazo a nivel local, puesto que su candidatura a la alcaldía de Valencia tampoco logró ningún concejal, quedándose fuera de la Corporación municipal por segunda convocatoria seguida. A modo de anécdota, en la campaña electoral su figura salió de la atención mediática de la capital levantina y alcanzó por unos días mención nacional a raíz de que Montero pidiese el voto para ella no por sus méritos políticos, sino por ser «bollera y sorda».

El siguiente en dimitir fue el por entonces vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca, que fue el número uno por Valencia a la presidencia de la Generalitat. 24 horas después que Lima, el dirigente 'podemita' comunicó que al finalizar su mandato con la formación de un nuevo Ejecutivo dejaría la política y volvería a su puesto de inspector de Trabajo. Curiosamente, en ese ministerio trabajó como alto cargo de la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, como director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El ERE supuso el despido de siete trabajadores

Con este panorama por delante, no es de extrañar que los 'morados' se vieran en un periodo cuando menos incierto. El efecto de todo lo anterior tuvo una traslación prácticamente inmediata en el músculo financiero de la coalición. Tras la ingente pérdida de poder territorial y de buena parte del aporte financiero que recibía hasta los comicios, dicho músculo se atrofió, obligando a aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su filial valenciana. Esta medida, a la que las principales voces de Unidas Podemos se han opuesto en todo momento y la han relacionado con los empresarios a los que denostan, supuso el despido de siete trabajadores.

En su momento, la cúpula comunista en la Comunidad rechazó esa contradicción dialéctica, asegurando que la medida era producto de afrontar «un nuevo escenario» para facilitar que «se reorganicen los recursos humanos». «Habrá gente trabajando para reforzar Podem», señalaba una carta enviada por sus dirigentes a los empleados. El valenciano no es el único ERE que ha dictado la organización. En el conjunto de España también lo ha hecho en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia y Madrid.

Las malas cifras también han provocado, al igual que en otros territorios, el cierre de la sede. En este caso, se trata de un local en la avenida Constitución de Valencia de 270 metros cuadrados por el que Podemos abonaba 850 euros mensuales y al que se había mudado tan solo un año antes. Con esta acción para adecuarse «al descenso de recursos» también se echa la persiana a ocho años de influencia y poder institucional que vive un ocaso desde el 28-M.

Asimilando todavía el golpe electoral y sus derivadas, el futuro más inmediato para Unidas Podemos en la región pasa por elegir un nuevo liderazgo. A día de hoy, la coalición la dirige una gestora compuesta por afines a Belarra tras las salidas de sus antiguos máximos responsables. Salvo sorpresa máxima, quien tome las riendas también será cercano a la ministra de Asuntos Sociales en funciones y el nombre que con más fuerza suena es el de María Teresa Pérez, exdirectora del Instituto de la Juventud de España (INJUVE). A ambas se las pudo ver juntas en un mitin de su partido en Valencia y mostrando plena sintonía.