Alfonso Grau, en el centro de la imagen, en un momento del juicio, este martes
El fiscal ve fraude en las campañas de 2007 y 2011 del PP de Valencia y apunta a Grau como la «piedra angular»
Considera que «el PP de Valencia cometió en las elecciones de 2007, de 2011 y, en menor medida, de 2015, fraude electoral", si bien la investigación sobre esta última fue archivada
El fiscal anticorrupción Fernando Maldonado considera probado que hubo fraude electoral en las campañas electorales de 2007 y 2011 del Partido Popular de Valencia y sitúa a Alfonso Grau y a la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster como «piedra angular» de las presuntas irregularidades.
Así lo ha señalado en un informe en la penúltima sesión del juicio por la pieza A del caso Imelsa, en relación con una presunta financiación irregular en las campañas a través de donaciones y pagos de empresas. Además de Grau y García Fuster, están acusados el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el exconcejal y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.
«Todo acto de corrupción supone un gran reproche ético y moral porque es una quiebra a la sociedad y, cuando los políticos se presentan a las elecciones como paradigmas de la transparencia y cometen fraude en las elecciones, el reproche es mayor», indica el fiscal en el escrito, en el que asegura que «el PP de Valencia cometió en las elecciones de 2007, de 2011 y, en menor medida, de 2015, fraude electoral porque incrementó su presupuesto para las elecciones mediante un dinero irregularmente obtenido».
Así, ha señalado que el PP de aquella época obtuvo dinero «irregular» de cuatro formas distintas: de dinero aportado por fundaciones y entidades municipales; de empresas valencianas y una sociedad fantasma; de ingresos en efectivo que constan, por ejemplo, en el Libro Mayor de Laterne; y billetes de 500 euros que entregó Grau a su exasesor Jesús Gordillo.
Argumenta con una campaña archivada
Dentro de su exposición, el fiscal Maldonado ha usado la campaña de 2015, que se investigó en un primer momento como un delito de blanqueo, pero finalmente fue archivada por la Audiencia, como parte de su argumentación para señalar las presuntas irregularidades de las de 2007 y 2011. «Tanto en las elecciones de 2007 como en la de 2011 y 2015 el PP ponía en juego una maquinaria para contrarrestar el efecto de los restantes partidos políticos y partía con una ventaja fundamentalmente económica», ha asegurado.
