Marlaska, en evidencia ante el aumento de la criminalidad en Valencia y su negativa a reforzar efectivos

La consejera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, y sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil han reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que amplíe el catálogo de puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana y dote a las unidades actuales, «bastante mermadas», de más medios materiales.

Así lo han abordado en una reunión en es departamento en la que han participado la consejera y representantes del Comité Regional y Provincial de Valencia de la Confederación Española de Policía y de la Asociación Española de Guardia Civil (AEGC).

Núñez ha trasladado su apoyo a los sindicatos, ya que ha advertido que el catálogo de la Guardia Civil lleva sin ampliarse desde 2010, y ha exigido a Grande-Marlaska que «no mire hacia otro lado» ante «el aumento de la delincuencia y de la inmigración ilegal».

Papel de la delegada del Gobierno

Además, ha denunciado que los municipios valencianos de Torrente y Alzira están infradotados tanto de medios materiales como de humanos. En el caso del primero, ha asegurado que las denuncias han aumentado un 12,4 % en la última década, mientras en Alzira ha alertado sobre el aumento de los hurtos de productos agrícolas y los robos en segundas viviendas.

En general, la titular de Interior ha lamentado los datos «escalofriantes y muy preocupantes» del balance de criminalidad de 2023, al haber aumentado un 8,1 % en la Comunidad frente a la subida del 6 % a nivel estatal. «Por mucho que se quiera enmascarar o maquillar los datos y decir que lo que ha aumentado ha sido el número de las denuncias, los delitos han aumentado», ha subrayado.

Ante esta situación, ha insistido en reclamar una dotación «justa» de medios a la región una petición que ha dirigido tanto al ministro como a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a la que ha emplazado a mantener una reunión sobre seguridad «si lo considera oportuno».

Preguntada por la situación de la unidad de Policía adscrita a la Generalitat y por la posibilidad de plantear la creación de un cuerpo autónomo a nivel autonómico, Núñez ha explicado que es una opción que «llegado el momento habría que estudiar», pero que no se han planteado.

En cualquier caso, ha reiterado que el convenio de esta unidad lleva «un año y medio sin renovarse» y que dispone actualmente de 396 agentes cuando debería contar con 500, una infradotación que ha asegurado que afecta a las comunidades donde gobierna el PP o PP y Vox como en la región.

Por parte de los sindicatos, Eduardo Moreno, de la Confederación Española de Policía, ha lamentado que el catálogo de puestos de la Policía Nacional en la Comunidad data de 2008 mientras «los barrios están creciendo y no hay cantidad de policías que debería haber».

En la misma línea, Antonio Fernández (AEGC) ha señalado que las plantillas «no se adecúan a la realidad delincuencial y poblacional» y no están dotadas para atender la ciberdelincuencia o los robos en el campo: «Siendo la segunda jefatura más importante de España, no llegamos ni a un 15 % de los funcionarios que hay en Madrid», ha aseverado.

En el caso de la provincia de Valencia, ha advertido que el instituto armado asume la seguridad de más de 270 municipios sin policía local, además de denunciar que el cuartel de La Pobla de Vallbona tiene «el mismo número de agentes que en 2010» a pesar de que la población se ha disparado.