110 detenidos por regularizar extranjeros ilegales de quienes obtuvieron cerca de un millón de euros

Agentes de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante han neutralizado un presunto entramado criminal cuya actividad principal consistía en el favorecimiento de la inmigración ilegal. Los hechos los llevaban a cabo mediante la confección de contratos de trabajo falsos a cambio de elevadas sumas de dinero que exigían a los extranjeros implicados.

El inicio de la investigación se produjo a principios del año 2022. En aquel momento un ciudadano de origen argelino puso en conocimiento de la Policía Nacional una serie de hechos de carácter delictivo. Esta persona abonó la cantidad de 3.500 euros a un «empresario» para que éste, a cambio, le proporcionase un contrato de trabajo ficticio y le diera de alta en la Seguridad Social.

Los contratos obtenidos por los ciudadanos extranjeros ilícitamente eran utilizados posteriormente para la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, en su modalidad de arraigo social. Con ello, por lo tanto, se podría conseguir regularizar la situación en España ilícitamente.

Tras esta primera denuncia se localizaron, al menos, otras cuatro víctimas más, originarias igualmente del país argelino, que del mismo modo habían pagado por contratos ficticios con diferentes empresas.

Empresas implicadas

Siguiendo las pistas se pudo dar con el presunto cabecilla del entramado criminal y se comprobó que actuaba en connivencia con los administradores de varias empresas, por lo que valiéndose de la personalidad jurídica de éstas, vendía los citados contratos por cantidades comprendidas entre los 1.000 y los 6.000 euros a personas extranjeras irregulares. La organización se componía asimismo de otros individuos extranjeros que realizaban la función de intermediarios y se encargaban del proceso de captación.

La investigación condujo al análisis de más de 150 expedientes en los que se emplearon contratos con hasta ocho empresas relacionadas con la organización criminal, solicitándose la apertura de dichos expedientes en diversas Oficinas de Extranjería repartidas por diversas provincias españolas. (Alicante, Murcia, Toledo, Huesca, A Coruña, Navarra)

Las pesquisas llevaron a los investigadores a la comprobación de los emplazamientos que figuraban en los contratos, resultando que las direcciones eran inexistentes, pertenecían a locales abandonadas, negocios cerrados, descampados, urbanizaciones privadas o bien bloques de pisos residenciales sin actividad económica, todo ello evidenciaba claramente la ilicitud de las contrataciones.

Una vez acumulados todos los indicios y pruebas, los agentes consiguieron vislumbrar el modo de proceder de la organización criminal investigada. Ésta se enriquecía a costa de la necesidad de los inmigrantes que precisan regularizar su situación, procediéndose entonces y por todo lo descubierto a la primera fase de explotación que se produjo en agosto de 2023, si bien, se destaca, que se produjeron muchas más detenciones en los meses posteriores, entre el mismo año 2023 y el 2024.

Las cifras hablan por sí mismas en cuanto a la envergadura de la investigación, en la que se han realizado un total de 110 detenciones, 83 varones y 27 mujeres, entre los delitos cometidos se encuentran; el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (concretamente el de facilitación de la inmigración irregular), falsedad documental, estafa, fraude a la seguridad social e incluso delito contra la seguridad vial.

También se investigan ocho empresas utilizadas para llevar a cabo las contrataciones fraudulentas, consiguiendo detener a nueve de sus administradores.

Beneficio cercano al millón de euros

Se calcula que el rango medio de dinero exigido al inmigrante por cada contratación fraudulenta estaría entre los 2.500 y 3.500 euros, pudiendo obtener un beneficio estimado de casi un millón de euros (980.000€) dicha organización criminal desarticulada.

Enumerando los diferentes países de los que son originarios los detenidos, se encuentran; Argelia, Marruecos, España, Colombia, Ecuador, Bangladesh y Polonia.

Finalmente mencionar que la cabeza del entramado es un varón, español y de 74 años de edad. De todo lo actuado conocen los Juzgados de Instrucción de Alicante.