La reapertura judicial del caso Oltra complica su esperado regreso a la política

La reapertura del caso, ordenada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, ha obligado al Juzgado de Instrucción número 15 a procesar a Oltra y a otras quince personas, a pesar de que inicialmente se había decretado el sobreseimiento provisional de las diligencias. Este desarrollo judicial surge después de que se estimaran parcialmente los recursos interpuestos por la acusación particular, representada por la víctima, y las acusaciones populares, lideradas por Vox y la asociación Gobierna-Te.

El juez de instrucción, que inicialmente había archivado el caso en abril, consideró que los indicios de encubrimiento eran insuficientes, calificándolos de «meras sospechas y conjeturas». Sin embargo, la Audiencia Provincial de Valencia ha señalado que «hay suficientes indicios para proseguir con el caso», cuestionando la actuación de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas dirigida por Oltra. Según la Audiencia, «no solo no se protegió a la menor, sino que se permitió que el educador implicado volviera a su puesto, poniendo en riesgo a la víctima».

Además, la Audiencia no descarta que la apertura de un expediente informativo por parte del departamento de Oltra, a pesar de que el caso ya estaba judicializado, tuviera la intención de «desacreditar el testimonio de la menor y minimizar las acusaciones en su contra». Este expediente, según los magistrados, «podría haber victimizado aún más a la menor al hacerla pasar por nuevas entrevistas y pruebas periciales, con el objetivo de influir en su disposición para acusar».

Desde que Oltra dimitiera en junio de 2022, han pasado dos años de intensa batalla legal y mediática. En ese momento, Compromís, el partido de Oltra, confiaba en que su retirada sería temporal y que su retorno a la política sería posible una vez se resolviera favorablemente su situación judicial. Sin embargo, la reciente decisión de reabrir el caso ha puesto en jaque esas expectativas, prolongando lo que muchos dentro del partido describen como un «calvario» judicial.

El archivo provisional del caso en abril había dado un respiro a Oltra y sus seguidores, quienes vieron en esa decisión una posible vía para su regreso. Pero la orden de la Audiencia Provincial ha reavivado las dudas y complicaciones, haciendo que quienes defendían su inocencia deban, de momento, guardar silencio y esperar el desenlace judicial.

Compromís ha expresado su frustración ante la reapertura del caso, destacando que es la tercera vez que «la Audiencia actúa en contra de una decisión del juez instructor». Joan Baldoví, síndico de la formación nacionalista en Las Cortes, ha insinuado que el proceso judicial podría estar influenciado por «factores políticos», sugiriendo que el juicio «podría coincidir con una campaña electoral», afectando negativamente a la formación y sus aspiraciones de gobierno.

Un retorno incierto

A pesar de las complicaciones judiciales, los nacionalistas valencianos han mantenido abierta la posibilidad de un retorno de Oltra a la política, respaldada por su propio partido, Iniciativa, una de las tres patas de la coalición. Recientemente, en su asamblea, Iniciativa ovacionó a Oltra y le pidió disculpas por no haberla defendido con mayor firmeza.

El caso Oltra volvió a ser relevante en la política nacional cuando el presidente del Gobierno Pedro Sánchez mencionó su caso como un ejemplo de la judicialización de la política o lawfare.

En este contexto, el futuro político de la exvicepresidenta valenciana permanece en el aire, condicionado por el desenlace de su caso judicial. Por ahora, quienes la apoyan deberán esperar y observar cómo se desarrolla este nuevo episodio judicial en los tribunales, conscientes de que su regreso a la política está ligado a la resolución de estos procedimientos legales.

De esta manera, los partidos de izquierda hablan de nuevo de judicialización de la política, semanas después de la absolución completa de políticos del Partido Popular como Francisco Camps, que demostró su inocencia 16 años después de su imputación en causas denunciadas mayoritariamente por el PSOE y Compromís. De hecho, la misma Mónica Oltra lucía camisetas con fotos del político 'popular' entre rejas y no esperó a una resolución judicial firme para condenar su carrera política o la de otros cargos del PP como Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia o Sonia Castedo, que fue la primera edil de la ciudad de Alicante y tras 16 años imputada también demostró su inocencia.