El PSOE intenta apaciguar a Compromís con el caso Oltra prometiendo actuar sobre jueces y medios críticos

La reapertura de la causa judicial contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra por el caso de encubrimiento de los abusos sexuales de una menor tutelada por parte de su entonces marido trasciende a sus protagonistas. Y es que más allá de las consecuencias legales para la exdirigente de Compromís y otras 15 personas de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que ella lideraba, el proceso ha golpeado de lleno las relaciones de los nacionalistas valencianos con el PSOE de Pedro Sánchez y el PSPV de Diana Morant.

Con una federación socialista poniéndose de perfil, cuando no tragando directamente, con la propuesta de financiación singular para Cataluña por parte del ala socialista del Ejecutivo, lo que ha provocado las amenazas de Compromís de retirarle su apoyo en el Congreso de los Diputados si la Comunidad Valenciana no obtiene exactamente los mismos beneficios que sus vecinos del norte, el caso Oltra ha dejado vía libre para que los soberanistas vuelvan a exigir medidas a los socialistas, que no han tardado en dar su brazo a torcer. Y es que hay que recordar que Compromís está integrado en Sumar, que gobierna en coalición con los socialistas.

Así, ante lo que desde Compromís se considera «el peor caso de persecución judicial» de la historia reciente, los valencianistas han demandado al PSOE que no se pare en su coto a los medios de comunicación críticos, sino que actúe también sobre la Justicia. La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, demandaba a Sánchez este sábado que no solo se limitase a adoptar medidas de «regeneración» para evitar «bulos» vertidos por algunos «inframedios», entre los que incluyen a este diario, sino que exigía la fiscalización de los jueces. «El Poder Judicial tiene que estar también dentro del espacio de fiscalización y democratización y, por tanto, en esta cuestión tenemos que ir más allá», apuntaba.

Desde las filas socialistas parecen haber adoptado de buen grado la petición de los valencianistas, ya que se alinea completamente con la estrategia anunciada por Sánchez tras su periodo de reflexión de actuar contra la Justicia y la prensa no afín una vez comenzadas las averiguaciones en torno a los negocios de su mujer, Begoña Gómez. La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia era la encargada de responder, también este sábado a Micó, recordando que el Gobierno prepara «un paquete legislativo» para democratizar la Justicia y «regenerar la democracia» contra el lawfare antes del 30 de julio. Unas medidas que son un «compromiso» de Sánchez, como recordaba.

«El presidente del Gobierno tiene un compromiso con la regeneración democrática en este país y ver de qué manera la política no puede convertirse en esa acción a través de la mentira, del fango y la persecución ideológica para tumbar gobiernos que han sido legítimamente escogidos por la ciudadanía», afirmaba Morant, en referencia a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la trasposición de la directiva europea sobre los medios de comunicación a la legislación española que «garantice la libertad de información de la ciudadanía».

La Audiencia de Valencia, en la diana

En el plano judicial, estas advertencias elevan la presión sobre la propia Fiscalía y, principalmente, sobre Audiencia Provincial de Valencia, que ha sido la encargada de ordenar la reapertura del caso Oltra y que mantiene una postura discrepante con el juez instructor, quien procesaba este viernes a Oltra y su equipo «por imperativo legal». Esto es, a regañadientes, obligado por la decisión de la Audiencia, que entiende que «no se denunciaron unos hechos graves ni se protegió a la menor tutelada por parte de quien tenía la obligación de hacerlo, colocándola por el contrario en una situación de riesgo, pues el educador que había cometido los abusos fue reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida».

Una opinión diametralmente opuesta a la del magistrado, que en su archivo, el pasado abril, señalaba que los indicios del encubrimiento de los abusos sexuales de Luis Ramírez, ahora exmarido de Oltra, se habían «desvanecido», convirtiéndose, a su juicio, en «meras sospechas, conjeturas o elucubraciones». Ahora tanto el Ministerio Público como las acusaciones -la víctima, Teresa Tanco, Vox y la asociación Gobierna-te, de Cristina Seguí, deben presentar sus propios escritos para solicitar la apertura de juicio oral con un escrito de acusación o para pedir el sobreseimiento de la causa, si bien la pelota está en el tejado de la Audiencia, que puede ordenar que el juez reabra la causa aunque en un primer momento la sobresea.

Ante esta tesitura, desde Compromís ya han puesto en la diana a la Audiencia de Valencia, que actúa por tercera vez «en contra» del criterio del juez instructor, y contra el propio magistrado de la Sección Cuarta, encargado de reabrir la causa. Así, le afean que es el mismo que archivó el caso del 'pitufeo' del PP en el Ayuntamiento de Valencia y el de la visita del Papa a Valencia, en el que se investigaba al expresidente 'popular' de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, por lo que le acusan de tener una «doble vara de medir». Desde el PSOE han recogido el guante, asumiendo el relato de que existe una «utilización de la Justicia de manera antidemocrática», en palabras de una Morant que trata de apaciguar a Compromís con esa ofensiva anunciada por Sánchez con la que ambos partidos ganan.