El Gobierno valenciano precisa que no se podrán construir hoteles a menos de 200 metros de la costa
Desde la Secretaría autonómica de Presidencia aseguran en un comunicado que el Decreto publicado este miércoles «respeta la Ley de Costas» y piden a la oposición que «deje de hacer demagogia»
El Consell ha negado tajantemente la posibilidad de construir hoteles a menos de 200 metros de la costa, en respuesta a la controversia generada por la publicación del Decreto Ley de Simplificación Administrativa. Este decreto, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), ha suscitado críticas por parte de la oposición sobre una posible flexibilización de las restricciones en el litoral, lo que ha llevado a una aclaración oficial del Gobierno valenciano tras la ambigua redacción de la norma.
El secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, ha asegurado en un comunicado que «nadie va a poder edificar ningún hotel a 100 metros de la costa, en ningún caso y bajo ningún concepto». García enfatiza que «los hoteles se podrán construir a 200 metros de la costa como muy cerca» y que las construcciones permitidas entre 100 y 200 metros de la línea de costa son únicamente aquellas que son desmontables.
Sin embargo, la redacción del texto publicado en el DOGV resulta ambigua y confusa, ya que da a entender que se habla de hoteles. El decreto establece que «en los suelos no urbanizables de litoral se permitirán usos terciarios, públicos o privados, vinculados a la acampada, la vida al aire libre o a los deportes y actividades náuticas». Y añade que «los terciarios hoteleros no podrán emplazarse a distancia inferior a los 100 metros medidos en proyección horizontal desde el límite interior de la ribera del mar tierra adentro y habrán de ajustarse a las exigencias de la legislación sectorial en materia de costas y del litoral y a las determinaciones que resulten del planeamiento territorial y urbanístico».
Los grupos de la oposición en Las Cortes Valencianas (PSPV y Compromís) han criticado duramente el nuevo decreto, argumentando que «enmascara» una reducción de la distancia permitida para construir en el litoral «de los 500 metros actuales establecidos por el Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del litoral de la Comunidad Valenciana) a 100 metros». Desde los grupos de izquierdas han acusado al Ejecutivo de Carlos Mazón de aprobar «por la puerta de atrás» una norma que consideran «de destrucción del territorio».
«No introduce ningún cambio»
En defensa del decreto, el Consell ha reiterado que este es «conforme con la normativa estatal que en su artículo 23 regula la servidumbre de protección del deslinde del marítimo terrestre y que, como en el caso de la normativa valenciana, prohíbe las construcciones dedicadas o destinadas a edificación residencial». García ha subrayado que la norma «no admite hoteles o construcciones residenciales, sino otro tipo de construcciones desmontables (como beach clubs o chiringuitos) y otras actividades, siempre previo informe de Costas».
El secretario autonómico ha insistido en que «no existe contradicción alguna entre el Decreto Ley de Simplificación y el proyecto de Ley del Litoral, que se ajustará a la ley estatal, porque respeta la servidumbre de costas del Estado y no introduce ningún cambio ni autoriza ninguna actividad o construcción que vulnere la competencia estatal».
«Se ajusta a la Ley de Costas»
García ha defendido que el proyecto de Ley del Litoral, actualmente en fase de tramitación, incorporará estos parámetros, considerando los supuestos prácticos y la orografía de la Comunidad Valenciana, tal como se ha hecho en el Decreto de Simplificación. Asimismo, ha apelado a dejar «las cuestiones técnicas para los técnicos y las políticas para los políticos», pidiendo que «se deje de hacer demagogia con algo tan sensible como es nuestra costa y la sostenibilidad».
La controversia radica en la interpretación del texto legal y en las sospechas de una posible reducción de las restricciones que protegen el litoral valenciano. Mientras el Gobierno autonómico afirma que se ha ajustado estrictamente a la Ley de Costas del Estado, la oposición teme que la nueva normativa permita desarrollos que pongan en riesgo la sostenibilidad y conservación de la franja costera.