Mazón muestra «respeto absoluto» por la justicia mientras la izquierda la impregna de su retórica propagandística

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleva prácticamente una semana siendo el foco principal de la actualidad política. Lo es, todo hay que decirlo, por méritos propios, ya que su también rol como rival de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía y su dependencia de los argumentarios elaborados con sumo esmero en el Palacio de La Moncloa le han llevado a cuestionar el papel y la función de las universidades privadas en España y, casi al unísono, a poner en clave de solfa la presunción de inocencia como valor fundamental.

En concreto, la socialista dijo desde Jaén: «¡Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves! (…) ¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes valientes que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos».

Según esa teoría, al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no se le debería aplicar lo establecido en la Constitución de 1978. Más allá de que algunos dicen que la edad es una mera cifra, el alicantino está a cinco días de cumplir 51 años y, sobre todo, es hombre. Quizás por eso y por otros criterios de oportunidad política, Montero, su jefe de filas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la totalidad de miembros que componen el embutido Consejo de Ministros cargan contra él sin piedad y, al menos dialéctica y propagandísticamente, ya le han condenado.

Caso Begoña Gómez

Estos episodios justicieros no vienen siendo desde el pasado 29 de octubre, día de la dana, algo esporádico, casual o azaroso. Nada más lejos de la realidad. Son la argamasa de una estrategia cuya clave de bóveda es un poder judicial maravilloso si responde a los intereses de la izquierda y, al mismo tiempo, detestable si los troncha.

Así, la incipiente instrucción sobre la riada se debe encumbrar mientras los múltiples escándalos que acechan a Sánchez y a su entorno más próximo en el Gobierno y en su familia han de ser rechazados. Como muestra valdría el botón de que el grupo Socialista en las Cortes Valencianas, con tal de criticar las actuaciones del juez Peinado sobre la mujer del presidente, Begoña Gómez, deslizaron la «ascendencia» del PP con el magistrado.

Esta actitud tampoco es aislada en lo que estrictamente a las siglas se refiere, ya que el socio preferente del PSOE en la Comunidad Valenciana, Compromís, tiene una extensísima hemeroteca en lo que a criticar determinadas decisiones de los tribunales se refiere. El caso de Mónica Oltra, por el que su exmarido fue condenado a cinco años de cárcel por abusar sexualmente de una menor tutelada por la Consejería de la nacionalista y por cuyo presunto encubrimiento la propia Oltra está a la espera de sentarse en el banquillo es el más paradigmático.

De nuevo, sale a relucir el manual de la propaganda y de la narrativa al servicio de un proyecto político: «Intentar destruir la reputación y vida de una persona»; «continuar alejándose de la verdad»; «ponerse del lado de Vox»; «permitir estas actuaciones judiciales malintencionadas que sólo buscan destruir la reputación y la vida personal de personas íntegras, honestas y comprometidas con la democracia de su país» o actuar «sin ninguna prueba ni indicio» fueron algunas de las lindezas que Compromís lanzó contra la Audiencia Provincial de Valencia tras la reapertura de la causa contra Oltra.

Frente a todo lo anterior, la postura de Mazón es tan clara como reiterada en las no pocas preguntas que los periodistas le han realizado en estos más de cinco meses desde la dana. Fuere sobre la apertura de una causa en un juzgado de Catarroja, sobre las imputaciones de su exconsejera de Interior y su secretario autonómico de Emergencias o cualquier otra derivada procesal, la respuesta siempre ha sido la misma: «Absoluto respeto».