Los hechos que desmontan el argumentario de la izquierda sobre la Ley de Concordia valenciana

La Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana ya es una realidad después de que el Partido Popular y Vox le diesen definitivamente luz verde parlamentaria en las Cortes regionales este jueves. Tal como se preveía, el debate en el Hemiciclo autonómico fue tenso por parte de los partidos de izquierdas, que, al igual que durante los meses transcurridos desde que la norma se presentó y se registró, pusieron en práctica un discurso duro, cuando no incendiario.

Así, tanto por parte del PSPV-PSOE como de Compromís, la línea argumental fue que la ley limita derechos, hace una defensa del franquismo y es un freno a la hora de que las familias con personas desaparecidas puedan encontrar los restos de sus parientes. Respecto a los socialistas, la portavoz Mercedes Caballero acusó a bloque de centro-derecha de aprobar un texto que «iguala dictadura con democracia», que «blanquea» la etapa de Franco y que «justifica el golpe de Estado» de 1936.

Igualmente, la portavoz adjunta de los nacionalistas, Isaura Navarro, alegó que la Ley de Concordia valenciana es un «gloria a Franco», por lo que la considera un «panfleto franquista» que «deroga derechos de la ciudadanía, derechos humanos, derechos del pueblo valenciano y derechos de reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo».

«Dictadura» aparece varias veces

Sin embargo, no solo es que ninguna de las diputadas no pudiera concretar qué derechos específicos conculca la norma, sino que basta con echar un vistazo a ésta para comprobar que ese argumentario se cae por su propio peso. Por ejemplo, en el segundo párrafo de la exposición de motivos ya se define lo ocurrido entre 1939 y 1975 como una «dictadura», un término que se repite varias veces a lo largo del articulado.

Del mismo modo, lejos de justificar la Guerra Civil, la Ley de Concordia apunta que el conflicto bélico «llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores». «Nos debe enseñar que no importa el bando, ni el origen, ni las creencias. El sufrimiento y la muerte fue la misma para todos. Las víctimas fueron y son víctimas con independencia del lugar donde cayesen», continúa el texto.

En cuanto a la búsqueda de desaparecidos en la contienda, PP y Vox acordaron implantar que «se debe satisfacer la justa demanda de la localización de las víctimas de la violencia social, política o religiosa (…) con independencia de su credo o militancia». Este aspecto se concreta en el artículo 2, llamado Derechos de las víctimas y sus familiares. En su primer apartado, se «reconocen y protegen» las «actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas».

El siguiente hace lo propio con «la reparación y preservación de su memoria, evitando cualquier intento de revanchismo o manipulación de nuestra historia que aliente el enfrentamiento entre españoles», mientras que el tercer apartado fomenta el «acceso a los documentos en poder de las administraciones públicas valencianas para la investigación de los sucesos que rodearon los actos de violencia descritos».

Por tanto, la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana no elimina derechos a los represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo ni impide que se busquen a desaparecidos durante esos años, sino que los amplía a otras personas en situaciones similares desde 1931 y no 1936 y hasta la actualidad, con lo que también beneficiará a los que padecieron «el azote del terrorismo etarra e islámico».