Un colectivo catalanista subvencionado por Puig pide al Congreso llevar al TC la ley educativa de Mazón

Escola Valenciana ha instado a los partidos políticos con representación en las Cortes Generales y que rechazan la Ley de Libertad Educativa a presentar el recurso de inconstitucionalidad antes del comienzo del curso para conseguir «paralizar la norma».

La entidad, que interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el que solicitaba la suspensión cautelar de parte de la normativa, lanza esta petición a las formaciones políticas después de haber recibido una diligencia de ordenación del órgano judicial en la que se apunta que, al tratarse de una ley, puede «carecer de jurisdicción para su examen».

Escola Valenciana recuerda en un comunicado que presentó su recurso «después de la publicación de la 'Ley Rovira' en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) por ser contraria al derecho de las familias de iniciar el curso de Infantil 2024-2025 con el proyecto educativo de inmersión lingüística en el cual ya habían comenzado el proceso de admisión de alumnado».

«Familias afectadas»

Concretamente, en el escrito presentado en sede judicial, firmado por tres familias que se ven «directamente afectadas por esta situación», se explicaba que los centros escolares escogidos por parte de las madres y padres para cursar el próximo curso están incorporados dentro de los denominados «programas experimentales de inmersión lingüística en valenciano», que esta nueva ley deja sin efecto para el curso que empezará en septiembre. Por ello solicitaba la medida cautelar de paralización de esta disposición.

Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Cuarta del TSJCV ha comunicado una diligencia de ordenación en la que se informa de que, al haberse solicitado una medida cautelar, se da cuenta a la magistrada ponente. Y añade que, aunque se cumplen los requisitos que marca el artículo 45 de la LJCA, es posible que el objeto de recurso sea una disposición «no susceptible de recurso al tratarse de una ley, pudiendo carecer este órgano de jurisdicción para su examen, por lo que se pasa a dar cuenta a la magistrada ponente».

Esto se debe a que la competencia para impugnar este tipo de disposiciones legales la tiene el Tribunal Constitucional, motivo por el cual podría inadmitir el recurso presentado

Dada esta situación, Escola Valenciana se insta a los partidos políticos con representación en el Congreso «a presentar un recurso de inconstitucionalidad que consiga la paralización de la ley antes del comienzo del curso y, más concretamente, de la disposición final segunda apartado segundo que obliga en los centros de Infantil con programas experimentales autorizados, a partir del curso 2024-2025, la impartición de un mínimo del 25 % del tiempo lectivo en cada una de las dos lenguas cooficiales en la Comunidad Valenciana».

Ley «nefasta para el alumnado»

«No dejaremos que esta traba nos haga decaer, continuaremos trabajando para paralizar, en todos los niveles y en todos los ámbitos educativos, esta ley nefasta para el alumnado», asevera la presidenta de la entidad, Alexandra Usó.

Así, Escola apunta que ha lanzado una campaña de recogida de firmas para exigir la dimisión del consejero de Educación, José Antonio Rovira, que lleva más de 3.000 rúbricas en los primeros días. La entidad presentará la petición al gobierno valenciano con las firmas de las personas adheridas.

Finalmente, advierten que continuarán con las movilizaciones y acciones contra esta ley, que, consideran, «arrincona el valenciano, delega en los centros la gestión de las solicitudes mixtas, desmerece el rol docente, deslegitima los consejos escolares, obvia la situación de recesión lingüística del valenciano, no garantiza la enseñanza equitativa de las dos lenguas oficiales, discrimina el alumnado, prioriza la ideología al objetivo fundamental de enseñanza-aprendizaje y no incorpora criterios pedagógicos y didácticos».