Imagen del pleno del Ayuntamiento de Castellón durante la votación del cambio de topónimo
PP y Vox tumban las 36 alegaciones al doble topónimo de Castellón y avanzan para que el nombre sea bilingüe
El equipo de gobierno elevará al Pleno del 25 de julio el expediente y lo trasladará directamente a la Generalitat para que el cambio del denominación sea oficial en 2025
Castellón llega a la recta final del camino para recuperar su doble topónimo en valenciano y castellano. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón, formado por el Partido Popular y Vox, trasladará el 25 de julio su petición de manera formal a la Generalitat Valenciana para recuperar el nombre de la ciudad de manera bilingüe.
Ese mismo día se aprobará definitivamente el expediente municipal con la desestimación en el Pleno de las 36 alegaciones en contra que ha recibido la propuesta, derivadas de asociaciones, otros partidos políticos y particulares.
En la Comisión Plenaria de Ciudadanía y Participación, que se celebrará este mismo miércoles, ya se producirá el primer rechazo del Ejecutivo local, que avala la valoración de los técnicos municipales que desechan «cada uno y todos» los recursos presentados en contra de esta moción.
«Se considera una muestra normal de convivencia entre las dos lenguas cooficiales». Así concluye el informe que respalda esta medida, en alusión al valenciano y al castellano. «Se busca fomentar el respeto y la protección de la diversidad lingüística española, asegurando los derechos de aquellos que la hablan y reconoce su valor como generador de riqueza cultural, social y económica», según el dictamen.
La medida pasará por Comisión tras tener luz verde en el Pleno ordinario del mes de mayo, con mayoría absoluta de PP y Vox, a pesar de los votos en contra del PSPV-PSOE y Compromís. El 1 de junio se publicó la moción en el Boletín Oficial de la Provincia y, tras los preceptivos 20 días hábiles de exposición pública para la presentación de alegaciones al cambio de topónimo, se han presentado un total de 37, 36 de ellas con argumentos en contra, que serán todas desestimadas.
Éstas 36, presentadas por 24 particulares y 12 entidades o grupos políticos, versan sobre el marco jurídico aplicable y las potestades de los poderes públicos, la competencia lingüística del técnico redactor del informe, Santiago Fortuño, el origen etimológico de la denominación de la ciudad y la posible arbitrariedad de la actuación o la inclusión en el expediente de las consideraciones filológicas de la Universidad Jaime I.
En respuesta a estas alegaciones por parte del equipo de gobierno, en el documento se apela a que «el trámite ha seguido el procedimiento exigido por la normativa reguladora sin vulnerar el ordenamiento jurídico, con un estudio técnico suscrito por un experto designado por la Concejalía ajustado a Derecho y dando cumplimiento a este requisito fundamentos históricos y lingüísticos». Además, recalcando en el escrito, con el «voto favorable de la mayoría en el Pleno».
Alegaciones
Entre las alegaciones presentadas ha estado la del grupo PSPV-PSOE, que alegó que el informe «contiene errores filológicos e históricos, y [...] va en contra de las resoluciones oficiales e informes de la Academia Valenciana de la Lengua, de la Fundación Huguet, del Cronista Oficial de la Ciudad y del propio Servicio de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Castellón, entre otras instituciones. Y así lo remarca el informe del Departamento de Filología y Culturas Europeas de la Universidad Jaime I»
La «ONG del Catalán» también ha intentado paralizar el cambio de denominación del nombre de la ciudad de la Plana. Según Plataforma per la Llengua, el informe técnico que presentó el Ayuntamiento «no ha sido elaborado por un experto en lingüística, sino por Santiago Fortuño, especialista en literatura pero no en lingüística ni toponimia».
El plazo esperado para culminar el cambio de topónimo de manera oficial, tras toda la tramitación administrativa que comenzará tras el pleno del 25 de julio, será durante el primer trimestre de 2025.
Desde el momento en que la solicitud llegue a la dirección general de la Administración Local, la Generalitat tendrá un máximo de medio año para resolverla, según el decreto 69/2017, de 2 de junio, del Consell, de regulación de los criterios y procedimiento para el cambio de denominación de los municipios y otras entidades locales de la Comunidad Valenciana.
