Dos agentes de la Policía Nacional, en una imagen de archivo
Marlaska diezma a la Comunidad Valenciana de recursos policiales en plena vorágine delictiva
El Gobierno de Sánchez destina en la región 120 agentes menos de la Policía Nacional que hace una década y pretende cerrar 13 cuarteles de la Guardia Civil mientras la tasa de criminalidad aumenta más del 8 % en un año
La Comunidad Valenciana está cada vez más desprotegida contra el crimen. La región cuenta con 120 agentes menos de la Policía Nacional que hace una década y el Gobierno de Pedro Sánchez prevé cerrar hasta 13 cuarteles de la Guardia Civil. Esta merma de efectivos e infraestructuras de seguridad ciudadana se produce, además, en un momento en el que los delitos no paran de crecer.
Durante el primer trimestre del año, la criminalidad aumentó un 3,7 % respecto al mismo periodo del año pasado, si bien en el caso de algunos de los delitos más violentos, éstos aumentaron de manera «alarmante», según el Gobierno de la Generalitat Valenciana, que en junio reactivó su Observatorio de Seguridad. Por ejemplo, los asesinatos casi se triplicaron, hasta los 21, un 162,5 % más que en primer trimestre de 2023. En el caso de las violaciones, en ese mismo periodo de 2023 se produjeron 87 frente a las 121 del primer cuarto del 2024, cuando se registraron 121, casi un 40 % más.
La comparativa anual también es desalentadora, con un aumento del 8,1 %, como acaba de denunciar el Grupo Popular en las Cortes Valencianas, que ha pedido al Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, que aumente de forma urgente el número de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil en la Comunidad Valenciana para mejorar la seguridad y luchar contra la delincuencia.
«Los robos con violencia e intimidación aumentaron un 7,1 % y el tráfico de drogas un 24 %. Y, pese a esto, el Gobierno de España no manda más efectivos policiales y anuncia el cierre de 13 cuarteles de la Guardia Civil en las tres provincias. No tiene sentido cerrar cuarteles sino aumentar recursos y medios para mejorar la seguridad», afeaba este fin de semana al Ejecutivo de Sánchez la diputada 'popular' Andrea Gigante.
PNL de PP y Vox en las Cortes
Según la parlamentaria, «a día de hoy, la unidad adscrita de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana cuenta con 120 efectivos menos que hace una década». «Necesitamos aumentar de forma urgente el número de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil para devolver la sensación de seguridad a los ciudadanos de la Comunitat», exigía Gigante en el momento de presentar una Proposición No de Ley en la Cámara autonómica solicitando que, además de no cerrar instalaciones de la Guardia Civil, se aumente de forma urgente el número de agentes de la Benemérita y del CNP.
La diputada del PP en las Cortes Valencianas Andrea Gigante, durante un pleno
Unas medidas que desde el PP consideran esenciales para luchar contra la delincuencia y el aumento de la criminalidad en la región, donde, señalan, se deben actualizar los «desfasados catálogos» a la población actual y a los nuevos fenómenos delincuenciales. La PNL, presentada conjuntamente con Vox, solicita dotar de los medios adecuados para el desempeño de sus funciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y «la cobertura de las vacantes y la renovación urgente del Convenio que regula la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat en condiciones adecuadas para nuestra tierra».
Los 'populares' han recabado del Departamento liderado por Marlaska y de otras informaciones los cuarteles de la Guardia Civil que están en riesgo de desaparición para ser sustituidos en algunos casos por oficinas de atención ciudadana. En la provincia de Valencia hay ocho dependencias de la Benemérita que podrían desaparecer, en las localidades de Jarafuel, Vallada, Simat de Valldigna, Alginet, Sollana, Poliñá de Júcar y Corbera.
En Castellón, como ha venido repasando este diario, los municipios que se podrían quedar sin cuarteles del Instituto Armado son Artana, Alcocéber, Bechí, Benasal y Lucena, que pasarán a ser oficinas de atención ciudadana. En Alicante, el cuartel de Jacarilla está en ruinas y sus agentes están pendientes de traslado. Asimismo, en 2023 echaron el cierre las dependencias de Benisa.
La subdelegación del Gobierno en Castellón apuntaba recientemente a que no se está diezmando las plantillas de la Guardia Civil, sino que se está produciendo un reagrupamiento que permitirá a los agentes patrullar más. La realidad, mientras tanto, es que la criminalidad aumentó el año pasado en la región dos puntos más que en la media de España.
