El Ayuntamiento socialista de Denia excluye a los aspirantes a pinche de cocina que no saben valenciano

El Sindicato de Empleados Públicos de la Comunitat Valenciana (SEP-CV) ha alzado la voz contra lo que considera una aplicación desigual del requisito lingüístico en el Ayuntamiento del municipio alicantino de Denia. Según la organización sindical, el Consistorio continúa excluyendo a aspirantes en ciertos procesos selectivos por no cumplir con el requerimiento de conocimiento del valenciano, mientras que en otros casos, se congelan los procedimientos selectivos ante la posibilidad de conflictos legales, generando una situación de incertidumbre y desigualdad.

La polémica surge en el contexto de la consolidación de plazas aprobada por la normativa estatal para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En 2021, el SEP-CV propuso una moratoria de tres años en la aplicación del requisito lingüístico para estos procesos, con el objetivo de evitar la exclusión de interinos que accedieron a sus puestos sin necesitar esta exigencia en su momento. La idea, según explica el sindicato, era «aplicar el requisito con sentido común y garantías jurídicas», asegurando así una transición justa y evitando la previsible litigiosidad que podría surgir.

Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el equipo de Gobierno de Denia, liderado por el socialista Vicent Grimalt, así como por el resto de sindicatos implicados en las negociaciones. Desde entonces, según denuncia el SEP-CV, la aplicación del requisito lingüístico ha sido desigual, con un impacto directo en la vida laboral de numerosos empleados y aspirantes a puestos públicos.

El sindicato ha señalado que, tras la negativa a la moratoria, comenzó una serie de exclusiones en los procesos selectivos. «Primero llegó la exclusión de los que venían por turno de movilidad, después de los que iban por promoción interna, los de mejora de empleo, y así una lista de excepciones que se ha ido ampliando», denuncian desde la organización. Este mes, a raíz de una resolución judicial, se ha ordenado la suspensión de las convocatorias de las plazas de directora de la residencia y de pinche de cocina, ambas posiciones clave en el funcionamiento de los servicios municipales.

La suspensión de estas convocatorias, que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), ha generado un gran malestar entre los aspirantes que sí cumplían con los requisitos establecidos, quienes además ya habían presentado la documentación necesaria. «Sorprende que estas dos convocatorias, que tenían que estar acabadas hace meses, según el calendario previsto, se hayan mantenido sin avanzar hasta la aparición de esta resolución judicial de suspensión, que sí se ha aplicado rápidamente», critica el SEP-CV.

La organización sindical denuncia una «falta de coherencia y justicia» en la aplicación de las normas, argumentando que si la suspensión de los procesos se basa en la espera de una decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre la aplicación del requisito lingüístico, lo lógico sería que se aplicara el mismo criterio al resto de procesos en marcha. Sin embargo, la realidad parece ser distinta, ya que los demás procesos continúan adelante, afectando de manera desigual a los aspirantes que han sido excluidos por no cumplir con la exigencia lingüística.

Altos cargos beneficiados

El SEP-CV subraya que la situación actual es de «incertidumbre» y «clara desigualdad», con una condición que parece favorecer a ciertos altos cargos municipales, quienes ven cómo se les «alargan» los plazos de manera conveniente, mientras que otros empleados de categorías inferiores son obligados a cumplir de manera estricta y en los plazos establecidos.

La situación en Denia refleja un conflicto más amplio sobre la aplicación de requisitos lingüísticos en la función pública, una cuestión que no solo afecta a la localidad, sino que también podría tener implicaciones en otros municipios de la Comunidad Valenciana donde gobierna la izquierda y mantiene su pulso a las nuevas políticas de libertad lingüística del Ejecutivo autonómico. Así, muchos de los consistorios en los que PSPV y Compromís ostentan el poder, continúan imponiendo la lengua valenciana siguiendo las mismas políticas que cuando encabezaban el Consell.