Panorámica de la ciudad de Alicante
El Ayuntamiento de Alicante pide al Consell competencias para controlar y sancionar los pisos turísticos
Con el Decreto-Ley aprobado por la Generalitat Valenciana, las administraciones locales pueden aspirar a tener autoridad sobre este tipo de viviendas, desde su regulación hasta al autorización y criterios de su funcionamiento
La situación con los pisos turísticos se está descontrolando en todo el país, con un aumento considerable en los últimos años que está sometiendo su regulación a debate. En zonas especialmente concurridas y muy visitadas, como es el caso de la Comunidad Valenciana, este tipo de alojamientos se ha multiplicado casi por tres en menos de una década. Un crecimiento que ha conllevado problemas de convivencia y el hartazgo de una parte de la sociedad.
Por su parte, la Generalitat ya ha comenzado a poner coto a esta actividad con la aprobación del Decreto Ley de Regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), que incluye medidas como la obligación de renovar las licencias cada cinco años, el endurecimiento de las sanciones y un mayor margen de maniobra a los ayuntamientos. Éstos podrán limitar el uso de estos alojamientos, que han pasado de representar 38.319 en el año 2015 a suponer 105.111 a fecha del pasado 15 de julio.
La ciudad de Alicante no se queda al margen de esto y, aprovechando las iniciativas impulsadas que otorgan más poder a los consistorios, aspira a tener todo el control en la regulación, inspección y capacidad sancionadora de estas viviendas. El equipo de gobierno, encabezado por Luis Barcala, ya ha cumplimentado los primeros trámites para solicitar la cesión de las competencias.
Y es que Alicante concentra la mayor cantidad de apartamentos turísticos de toda la región, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuya cifra asciende a 19.039, contabilizados hasta el mes de marzo de 2024. No solo es la provincia de la Comunidad Valenciana con más volumen de este tipo de alojamientos, sino también la segunda de toda España, tan solo por detrás de Las Palmas, que suma 26.000.
Reforzar la lucha contra la oferta ilegal
Si la capital alicantina consigue el permiso del Gobierno valenciano para la autogestión de estas viviendas, el Ayuntamiento tendrá la capacidad de ordenar y decidir desde un punto de vista urbanístico en qué zonas y en qué condiciones podrán autorizarse, si sería un bloque completo o inmueble aislado, por ejemplo.
A esa potestad del Consistorio se sumaría la opción de reforzar la lucha contra la oferta ilegal al ejercer de forma directa la función de inspección. Es más, también podrá incoar, instruir y resolver expedientes sancionadores en caso de que se detecten posibles infracciones leves, graves o muy graves, tal como informó El Debate.
Con ese doble poder de ordenación y vigilancia, el Ejecutivo municipal contaría con los instrumentos necesarios para evitar una proliferación excesiva de unidades de alojamiento turístico en determinadas zonas o barrios que pudiesen considerarse saturadas o tensionadas, lo que debería contribuir a atajar cualquier posible problema de masificación como los que han generado contestación social en otros destinos turísticos en los últimos meses.
Además, se conseguiría combatir la actividad ilegal, que genera economía sumergida y que perjudica a los negocios regulados que sí cumplen con todos los requisitos normativos de funcionamiento.
Respuesta en el aire
Aunque Barcala ha puesto todo de su parte para tener el control de esta actividad, todavía está pendiente la resolución de la petición cursada. Actualmente, la pelota está en el tejado del Consell, que en principio, no debería demorarse más allá de unos meses en remitir una respuesta.
Por su parte, la Administración local ha incidido en que «ya avisamos que queríamos participar y colaborar de forma coordinada para normalizar el mercado del apartamento turístico y combatir la ilegalidad». También ha confirmado que al margen de la petición presentada, se han encargado distintos informes tanto a la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante como a la Concejalía de Urbanismo «para tener la base sobre la que poder tomar decisiones».
«Pretendemos que ese producto turístico no atente a la convivencia y que se regule dentro de las capacidades de una ciudad como Alicante», ha insistido Barcala en una comparecencia pública. Al tiempo, ha remarcado que la voluntad de su Gobierno es «implicarnos en combatir la ilegalidad en la oferta turística y asumimos esa responsabilidad que ofrece el nuevo Decreto Ley promovido por la Consejería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo».
