Torrevieja y Benidorm piden las competencias para sancionar a los dueños de los pisos turísticos ilegales

El Ayuntamiento de Benidorm ha dado un paso pionero en la regulación del creciente sector de las viviendas turísticas al convertirse en el primer Consistorio de la Comunidad Valenciana en solicitar formalmente a la Consejería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo las competencias para inspeccionar y sancionar a las viviendas que incumplan la normativa. Esta petición, registrada oficialmente, marca un antes y un después en la lucha contra las irregularidades en el ámbito del alojamiento turístico.

El sector de las viviendas de uso turístico ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, particularmente en destinos vacacionales tan emblemáticos como Benidorm. La ciudad, que cuenta con 7.823 pisos turísticos registrados, ha decidido asumir un papel activo en la gestión y control de estas actividades tras la reciente modificación de la normativa autonómica, aprobada por el Consell el pasado dos de agosto.

La modificación legislativa aprobada por el Gobierno valenciano busca establecer un mayor control sobre el sector de las viviendas turísticas, con el objetivo de detectar y sancionar las irregularidades que se producen en este ámbito. Una de las principales novedades que introduce esta reforma es la posibilidad de que los ayuntamientos puedan solicitar competencias para iniciar, instruir y resolver procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en su territorio. Esta delegación de competencias permitirá a los consistorios actuar de manera directa y efectiva en la gestión de un sector que, en algunos casos, ha operado sin control.

El Ayuntamiento de Benidorm, presidido por Toni Pérez, también presidente de la Diputación de Alicante, ha sido el primero en solicitar estas competencias. Esta medida permitirá al Gobierno local actuar de forma autónoma contra las irregularidades en materia de alojamiento turístico sin depender de la Consejería, cuyo cuerpo de inspectores es limitado para abarcar todo el territorio autonómico. «La ley de ocio y hospitalidad de 2018 tenía algunos preceptos que nos perjudicaban como ciudad ordenada y planificada y como líder turístico, y estábamos esperando este decreto del Consell para poder solicitar las competencias», afirma Pérez.

Recaudación de multas y control local

Con esta nueva normativa, los ayuntamientos que asuman la potestad sancionadora también tendrán derecho a recaudar las multas derivadas de las sanciones impuestas a las viviendas turísticas ilegales. Las infracciones más graves pueden acarrear multas de hasta 600.000 euros, lo que representa un fuerte incentivo económico para las localidades que decidan asumir estas competencias. Además, los municipios recibirán un extra dentro del fondo de compensación habilitado por Turismo.

La consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha calificado la solicitud de Benidorm como un «hito» y una demostración de que el nuevo decreto del Consell otorga a los ayuntamientos herramientas suficientes para ordenar turísticamente sus municipios. «Benidorm es uno de los principales destinos vacacionales de España, y su interés en utilizar estas herramientas muestra que vamos en la dirección correcta», asegura Montes.

Asimismo, la titular de Turismo destaca que el nuevo marco legal busca reforzar la seguridad en el control de las actividades no regladas y aumentar la capacidad inspectora mediante la colaboración entre la Generalitat y los ayuntamientos. La consejera subraya que este tipo de alojamiento creció sin un control adecuado durante los últimos ocho años, y que esta normativa permitirá ordenar el sector.

Otros municipios interesados

Benidorm no es el único municipio de la Comunidad Valenciana que ha mostrado interés en asumir competencias para sancionar las irregularidades en las viviendas turísticas. El Ayuntamiento de Alicante, que cuenta con 4.107 viviendas de uso turístico registradas, también ha iniciado conversaciones con la Consejería para tramitar la cesión de competencias en esta materia. Asimismo, Torrevieja, otro importante destino turístico de la provincia, y que cuenta con 9.200 pisos turísticos, según aseguran fuentes municipales a El Debate, también ha anunciado su intención de solicitar estas competencias.

Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, ha explicado que el alojamiento en viviendas turísticas ha adquirido una gran relevancia en la ciudad, ya que el 69 % de las viviendas en el municipio corresponden a segundas residencias, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Dolón considera que reforzar la regulación de esta modalidad de alojamiento es crucial para mantener el equilibrio y la calidad del sector turístico en la ciudad.

El proceso para que los ayuntamientos asuman estas competencias requiere de la aprobación del pleno municipal, conforme a lo estipulado en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Además, los municipios deberán cumplir con los requisitos establecidos por la legislación para poder asumir la delegación de competencias, lo que incluye la capacidad de gestionar eficazmente los procedimientos sancionadores.

Una regulación más efectiva del turismo

La posibilidad de que los ayuntamientos puedan asumir la potestad sancionadora en materia de viviendas turísticas es una medida que responde a la necesidad de reforzar el control sobre un sector en constante expansión. En destinos turísticos como Benidorm, Alicante o Torrevieja, la proliferación de viviendas de uso turístico ha generado tanto oportunidades económicas como desafíos como la subida de precios de viviendas de alquiler debido a la menor oferta de estas para arriendos de largas temporadas en zonas turísticas.

La colaboración entre la administración autonómica y los ayuntamientos tratará de permitir una mayor eficacia en la detección de irregularidades y en la imposición de sanciones a quienes operen al margen de la ley. Con esta medida, la Generalitat Valenciana refuerza su capacidad de control sobre un sector que se ha expandido de manera descontrolada en los últimos años, con el objetivo de garantizar un turismo más ordenado y sostenible en el futuro.