Los tres puntos de la discordia de la ley de educación valenciana que la izquierda trata de tumbar

La Ley de Libertad Educativa, impulsada por el equipo de gobierno valenciano, conformado en su momento por el Partido Popular y Vox, sigue causando polémica meses después de su aprobación. Tras múltiples intentos fallidos por la izquierda de tumbar esta nueva norma y que no llegase a oficializarse, ahora pretenden llevarla al Tribunal Constitucional.

Compromís ha logrado reunir la firma de 50 diputados para recurrir ante el TC la norma que la formación asegura que «discrimina a los alumnos valencianoparlantes» y no da seguridad jurídica a los padres a la hora de matricularlos en esa lengua. A las firmas de los parlamentarios de Sumar se unirán las de ERC, Junts, EH-Bildu, Podemos y el BNG, con lo que alcanzan el mínimo requerido que exige la ley para presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Por su parte, el presidente del Consell, Carlos Mazón, se ha pronunciado sobre la denuncia encabezada por Compromís, aseverando que los 50 diputados nacionales que han firmado para recurrir la nueva ley «se quieren pasar por el arco del triunfo el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el estado de las autonomías, nuestras competencias ejecutivas y Les Corts porque quieren seguir apoyando el proceso de imposición y de inmersión al estilo catalán».

Mazón ha manifestado que «es sorprendente la velocidad con la que se indulta y se apoyan las imposiciones separatistas en una comunidad española y la rapidez con la que se actúa contra el autogobierno de los que queremos la igualdad, la libertad y la ausencia de imposiciones». En esa línea, ha afirmado que los firmantes «van a tener que explicar si creen o no en el estado de las autonomías y si lo que están es tratando de que siga en la Comunitat Valenciana ese procés de imposición catalanista que ha dominado estos últimos ocho años».

Por su parte, José Antonio Rovira, consejero de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, ha asegurado estar «muy tranquilo» sobre las discrepancias manifestadas por el Gobierno acerca de diversos aspectos de la ley. También ha señalado que la norma ha pasado «todos los filtros jurídicos» y ha especificado que se trata de «pequeñas puntualizaciones» por parte de la Administración central, que «las resolveremos sin ningún problema».

Según Rovira, el Gobierno «solo hace una pequeña discrepancia», concretamente con el artículo 14, que se refiere a la exención de la materia de Valenciano en la evaluación y calificación del alumnado y fomento de su estudio en zonas de predominio lingüístico castellano, y las disposiciones adicionales primera y cuarta.

De hecho, los socialistas no forman parte de los diputados que han firmado para llevar la Ley educativa al Tribunal Constitucional. A pesar de no estar de acuerdo en todos los puntos que recoge la norma, el PSOE descarta «prestar diputados» a Compromís para recurrir.

«Si el Partido Socialista decide presentar un recurso de inconstitucionalidad, lo hará el Partido Socialista», subrayaba el síndico del PSPV en Las Cortes, José Muñoz, que recordaba que «se está trabajando» en la comisión bilateral Gobierno-Generalitat, una fase de negociación que ha indicado que es la habitual para evitar que una ley autonómica se inmiscuya en la legislación estatal.

Cambios de la nueva ley

La norma, que ha provocado un intenso debate en la Comunidad Valenciana, plantea una serie de cambios que restablecen el derecho de las familias a elegir libremente la educación de sus hijos, algo que estuvo limitado durante los ocho años de Gobierno del Botánico, cuando Compromís lideraba la Consejería de Educación. Sin embargo, la coalición, ahora en la oposición, argumenta que esta nueva ley «no solo vulnera diversas normativas de rango superior, incluida la Constitución, sino que pone en peligro el aprendizaje equilibrado de las lenguas cooficiales en la región».

Uno de los puntos más relevantes en la disputa es la cuestión del idioma en la educación. Durante los años se implementó una política de plurilingüismo que imponía el valenciano como lengua vehicular en detrimento del castellano. Aunque la normativa pretendía equilibrar el uso de ambas lenguas cooficiales en la región, muchos padres y sectores educativos criticaron que el sistema favorecía al valenciano en muchas áreas, obligando a las familias a aceptar proyectos lingüísticos que no coincidían con sus preferencias.

Otros de los puntos «en discordia» de la norma que no comparte la izquierda es la vuelta del llamado «distrito único». Una medida que permite a las familias elegir centro educativo sin estar condicionadas por la ubicación geográfica.

En tercer lugar, discrepa del contenido de la disposición adicional cuarta de esta ley, que regula situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado y permite que el funcionariado de otras comunidades que pida una comisión de servicios en la comunidad pueda obtenerla durante cuatro años sin acreditar conocimiento del valenciano.