Dos niñas entran en el colegio público CEIP Antonio Machado de Valencia

Dos niñas entran en el colegio público CEIP Antonio Machado de ValenciaRober Solsona / Europa Press

Nace una entidad nacionalista de familias en defensa del valenciano que desafía la ley educativa de PP y Vox

Demandan una educación íntegra en la lengua autonómica para evitar su retroceso frente al español

Se llaman Famílies pel Valencià y son un actor más dentro de la oposición civil a la Ley de Libertad Educativa que aprobaron PP y Vox en la Comunidad Valenciana. Nacionalista y contraria a la libertad de elección de lengua, esta plataforma se une a otras entidades como Plataforma per la Llengua (la «ONG del catalán») o Escola Valenciana en su cruzada por imponer el valenciano a los alumnos.

Con una página web recién creada y, según aseveran, 3.000 familias ya inscritas, esta organización deja claro en su manifiesto fundacional que se deben proteger los 'derechos' de la lengua autonómica, frente a los de las personas. Cabe recordar que la mitad de los valencianos no usa nunca la lengua regional ni con la familia ni con sus amigos, pese a los ocho años de imposición desde el Gobierno de Ximo Puig, entre otros, en las aulas.

«La ley deja en manos de las familias la elección de la proporción de asignaturas que vehiculará cada lengua durante las distintas etapas educativas. Sin embargo, esta decisión, que se enmarca dentro del ámbito pedagógico, debería quedar en manos de profesionales docentes, lingüísticos y pedagogos. Profesionales con los que deberíamos confiar para remontar, desde las evidencias científicas, la situación de minorización lingüística del valenciano», apuntan.

Y es que, en la línea de lo anteriormente escrito sobre la situación del valenciano, Famílies pel Valencià reconoce que «los últimos estudios sobre conocimientos de la lengua y el día a día en la calle nos demuestran que el valenciano pierde terreno de forma irreversible respecto al castellano. Una lengua que cuenta con la casi totalidad de los medios de comunicación, con una notable presencia en las redes sociales y que comienza a ser mayoritaria entre nuestros niños, niñas y adolescentes».

Un «proceso de sustitución lingüística»

«En el proceso de sustitución lingüística que vivimos -continúan-, consideramos que los centros educativos deben jugar un papel clave y determinante para poner freno al retroceso del valenciano y por eso queremos que nuestros hijos e hijas puedan estudiar en valenciano». Por ello piden marcar la casilla del valenciano cuando se haga la consulta a las familias en los distintos centros, previsiblemente el próximo mes de noviembre.

Desde la entidad ven imprescindible que «las familias tomemos conciencia de lo enriquecedor que es para nuestros críos y lo importante que es para el futuro de la lengua que marcamos la casilla del valenciano». Además, reclaman que «nuestros hijos e hijas puedan estudiar plenamente en valenciano dentro del sistema de enseñanza pública y que la administración garantice este derecho tal y como marca la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano».

Vuelta a la «normalización»

Por último, demandan que se derogue la Ley de Libertad educativa, que sustituye a la Ley de plurilingüismo que se implantó en tiempos del Botánico, «y caminemos hacia una educación que garantice la verdadera normalización de la lengua», ya que con la actual norma, argumentan, el valenciano está «en peligro».

Esta entidad no dispone por el momento de un CIF ni ningún otro dato de registro que permita identificar a quienes están detrás de la iniciativa. Sean quienes sean, en todo caso, no están solos en su oposición a la ley impulsada por el Ejecutivo de Carlos Mazón, y es que la norma se encuentra ya en manos del Tribunal Constitucional después de que Compromís recabara el apoyo de 50 diputados del Congreso (el grueso de los socios de Pedro Sánchez, a excepción del propio PSOE).

Asimismo, desde el Gobierno central esperan que los 'populares' eliminen tres puntos de la norma referentes a la lengua, en una negociación bilateral que de no dar como fruto un acuerdo hará que el Ejecutivo de Sánchez también recurra ante el TC, como han anunciado en distintas ocasiones tanto la ministra de Educación, Pilar Alegría, como la de Ciencia, Diana Morant, también líder del PSPV.

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