El alcalde de Elche, Pablo Ruz, interviene en el pleno municipal de septiembre
PP y Vox acaban con el reglamento que imponía el valenciano en Elche desde hace casi tres décadas
Con el nuevo reglamento ambas lenguas tendrán el mismo protagonismo en la Administración, por lo que todas las comunicaciones municipales, carteles y nombres de calles figurarán en los dos idiomas
El Pleno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado este lunes el Reglamento de Cooficialidad Lingüística, una normativa que consagra tanto el castellano como el valenciano como lenguas oficiales e históricas del municipio. Con los votos a favor de PP y Vox, el reglamento sustituye la anterior normativa de 1997, que promovía el predominio del valenciano, por una nueva legislación que otorga igualdad de trato a ambas lenguas y garantiza la libertad de los ciudadanos para utilizar la que prefieran.
El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha calificado la jornada como «un buen día para Elche», destacando que el nuevo reglamento otorga «libertad personal» a los ilicitanos para escoger entre el valenciano y el castellano «según consideren en cada momento». Para el primer edil, este cambio supone un avance en la convivencia lingüística al reflejar la realidad sociolingüística de Elche, una ciudad con una población diversa, incluyendo inmigrantes tanto de otras regiones de España como de países latinoamericanos.
El nuevo reglamento establece que todos los documentos municipales deberán ser redactados en valenciano y castellano, incluidos impresos, formularios, convocatorias y órdenes del día de los órganos colegiados. Asimismo, los acuerdos aprobados por el Ayuntamiento se publicarán en ambas lenguas, salvo en situaciones excepcionales en las que solo sea posible hacerlo en una de ellas por razones de urgencia.
Los topónimos y nombres de calles y espacios públicos también se expresarán en castellano y valenciano, salvo cuando la denominación histórica se haya fijado tradicionalmente en una sola lengua. Esto incluye tanto las nuevas rotulaciones como la revisión de las ya existentes, siguiendo criterios de respeto al patrimonio lingüístico.
Además, se garantiza el derecho de los ciudadanos a dirigirse al Ayuntamiento en la lengua de su elección, ya sea valenciano o castellano, y a recibir respuesta en la misma lengua. Los funcionarios que trabajen en atención al público deberán contar con un conocimiento suficiente del valenciano, para lo cual el Ayuntamiento organizará cursos formativos.
Libertad y diversidad lingüística
Aurora Rodil, portavoz de Vox, defiende que el nuevo reglamento valora y protege la riqueza del bilingüismo, pero siempre «desde el respeto a la libertad de las personas». «La lengua debe ser un instrumento de comunicación de los pueblos y no un arma arrojadiza de confrontación política», afirma Rodil, celebrando la eliminación de lo que califica como la «imposición» del valenciano en ciertas áreas del municipio.
El reglamento también introduce medidas para promover el uso del valenciano en la Administración y en la vida pública, incluyendo la creación de una Agencia de Promoción del Valenciano. Esta agencia se encargará de organizar campañas, cursos de valenciano para empleados municipales y población adulta, y apoyar la traducción y corrección de textos. Sin embargo, algunos aspectos más intervencionistas de la anterior normativa, como la promoción activa del valenciano en determinados ámbitos, han sido suavizados.
Críticas desde la oposición
El nuevo reglamento ha suscitado críticas por parte de la oposición, en particular desde Compromís y el PSOE. Esther Díez, portavoz de Compromís, acusa al Gobierno de PP y Vox de «abandonar a su suerte un patrimonio único» como es el valenciano, y denuncia que la nueva normativa supone un recorte en la igualdad lingüística. Díez defiende que el valenciano ha sido históricamente una lengua minoritaria, en parte debido a la dictadura y la persecución lingüística, y argumenta que ahora se verá agravado por la nueva normativa.
En una línea similar, Mariano Valera, portavoz del PSOE, señala que el reglamento «no protege el valenciano como establece la Constitución» y lo califica de insuficiente para revertir el retroceso del uso de esta lengua en la ciudad. Valera hace referencia a estudios de la Academia Valenciana de la Lengua y universidades que advierten de una disminución del uso del valenciano en Elche, y denuncia que el nuevo reglamento pivota sobre un «bilingüismo irreal» que no refleja la situación de desigualdad entre las lenguas.
El debate sobre la igualdad lingüística en Elche ha sido central en la discusión del nuevo reglamento. Para Ruz, la cooficialidad de castellano y valenciano garantiza esa igualdad, mientras que para la oposición se trata de una «igualdad ficticia» que ignora la realidad de «la marginación histórica» del valenciano.
Finalmente, el Reglamento de Cooficialidad Lingüística ha sido aprobado con los votos de PP y Vox, abriendo una nueva etapa en la política del municipio. Aunque desde el Gobierno local celebran la libertad de elección y el respeto a la diversidad, la izquierda asegura que la nueva normativa conducirá a un mayor descenso en el uso del valenciano.
