Las familias de los 74 muertos por covid en la residencia DomusVi de Alcoy lamentan el abandono de Ximo Puig

Este lunes ha comenzado el juicio civil contra la residencia de mayores DomusVi Alcoy (Alicante) por la muerte de 74 residentes durante el primer mes de la pandemia de covid. Los familiares de las víctimas buscan respuestas y la depuración de responsabilidades, con la esperanza de que esta tragedia no se repita tras sentirse abandonados por la dirección del centro y el Gobierno autonómico, entonces en manos del socialista Ximo Puig.

José Luis García, presidente de la Asociación de Familiares Afectados en las Residencias DomusVi de Alcoy y Cocentaina, ha expresado que, tras más de cuatro años de espera, el juicio representa «una oportunidad» para que se esclarezcan las circunstancias que llevaron a la muerte del 52 % de los mayores internos en el centro durante la primera ola del virus. Según ha indicado García a la agencia Efe , el objetivo de la vista es arrojar luz sobre las carencias en la gestión de la pandemia en la residencia y, además, abrir una puerta a la esperanza para otros familiares que aún esperan justicia por las miles de muertes ocurridas en residencias de toda España.

Este juicio es el primero en España que se celebra contra una entidad gestora de una residencia de mayores por las muertes derivadas de la covid, lo que lo convierte en un caso pionero. La vista se celebra en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Alcoy y está previsto que se extienda hasta el 11 de octubre, aunque el cierre del juicio podría aplazarse debido al festivo del nueve de octubre en la Comunidad Valenciana. En el proceso están personadas 46 familiares de 18 de las 74 víctimas fallecidas en la residencia, y solicitan una indemnización de unos dos millones de euros.

Los familiares decidieron acudir a la vía civil después de concluir, tras reunirse con la fiscalía, que una demanda por la vía penal tendría pocas probabilidades de éxito debido a las circunstancias extraordinarias de la pandemia global. El proceso penal habría sido más largo y con pocas esperanzas de prosperar, por lo que optaron por la vía civil, donde las demandas se centran en la reparación económica por los daños sufridos.

El silencio del Gobierno valenciano

El presidente de la asociación ha aclarado que no todas las familias de las víctimas están involucradas en la demanda, principalmente por motivos económicos o por la falta de fuerzas para enfrentarse a un proceso judicial de esta magnitud. Aun así, ha lamentado la falta de información recibida tanto por parte de la residencia DomusVi como de las administraciones competentes, en particular las consejerías valencianas de Políticas Inclusivas, encabezada en aquel momento por Mónica Oltra y de Sanidad, cuya titular era la socialista Ana Barceló. Según el relato de los familiares, el silencio del Gobierno de Ximo Puig fue «inesperado y frustrante».

La indemnización de dos millones de euros responde a la naturaleza del proceso civil, centrado en la compensación por los daños causados, que han sido cuantificados por peritos en función de los informes clínicos de las víctimas. García ha recordado que, en un principio, los familiares deseaban optar por la vía penal, lo que podría haber conllevado penas de cárcel para los responsables de la gestión de la residencia, pero finalmente la compensación económica se ha convertido en el objetivo de este procedimiento.

Sin disculpas ni reconocimiento

Uno de los aspectos que más ha indignado a los familiares es que, hasta la fecha, la residencia DomusVi no ha ofrecido disculpas ni ha reconocido ningún tipo de error en su gestión de la pandemia. Según han denunciado los demandantes, la residencia parece sostener que actuó correctamente, pese a que en solo un mes fallecieron 74 personas, 56 de ellas en apenas 14 días, una cifra que califican de «barbaridad». Los familiares sostienen que esta situación solo pudo ser el resultado de múltiples errores y negligencias en la gestión de la emergencia sanitaria.

En la segunda sesión del juicio, familiares de algunos de los mayores fallecidos han ofrecido testimonios que reflejan el dolor y la impotencia vividos durante aquellos días. Jorge, hijo de una de las residentes fallecidas, ha lamentado que no pudo despedirse de su madre, quien murió el 30 de marzo de 2020. Según su relato, solo pudo verla una vez por videollamada, ya postrada y sedada, sin haber sido informado previamente de su estado crítico. En otra ocasión, le dijeron por teléfono que ella escuchaba sus palabras, pero esa breve conversación fue su última despedida: «Le dije 'mamá, aguanta ahí'. Esa fue mi despedida», relata emocionado.

Otro testimonio vino de Mónica, nuera de uno de los fallecidos, quien explica que la familia no presentó demanda por no poder afrontar los costes judiciales. A pesar de esta decisión, describió la angustia vivida, especialmente cuando el personal de la residencia apenas proporcionaba información clara sobre la salud de los residentes.

Concepción, hija del primer fallecido en DomusVi Alcoy, también ha declarado como testigo, expresando su deseo de que este juicio sirva para que se haga justicia y se mejoren las condiciones de las personas mayores en las residencias. Además, ha criticado la falta de personal adecuado en la residencia, lo que, según ella, contribuyó a la negligente gestión de la pandemia.

La vista oral, que se prolongará hasta mediados de octubre, se espera que arroje conclusiones sobre las responsabilidades de la residencia y de las administraciones públicas en la gestión de esta tragedia, en concreto de la Generalitat Valenciana, en aquel entonces en manos de PSOE, Compromís y Podemos. Los familiares de las víctimas mantienen la esperanza de que este juicio se convierta en un precedente y que sirva para evitar que algo similar vuelva a ocurrir.