Los vecinos afectados por la DANA, ante el dilema de reconstruir o marcharse: «No quiero vivir con ese miedo»

Tras el paso de la DANA más devastadora de la historia reciente en la Comunidad Valenciana, que ha dejado más de 200 muertos y cientos de personas afectadas, los vecinos de los municipios más golpeados, como Torrente, Paiporta, Masanasa o Picaña, se enfrentan a una difícil decisión: invertir nuevamente en la reconstrucción de sus casas y negocios o trasladarse a áreas más seguras para evitar futuros desastres. «Es duro dejarlo todo, pero no puedo seguir invirtiendo en algo que sé que puede desaparecer otra vez. No quiero vivir con ese miedo», explica Alba, una vecina de Masanasa.

Una vecina de Torrent, quien prefiere mantener su anonimato, señala a El Debate que «muchos estamos pensando que no vale la pena invertir aquí si puede volver a ocurrir algo así«. »No estamos seguros de si esto podría repetirse. No queremos perderlo todo otra vez», apunta. La joven residente, quien ha vivido en este municipio toda su vida, añade que los temores de los vecinos no solo tienen que ver con las continuas lluvias y las inundaciones, sino también con la falta de medidas efectivas en la infraestructura fluvial que han sido planteadas desde hace años.

El barranco del Poyo, cuyo desbordamiento arrasó con casas, comercios y vías públicas, es uno de los focos de la discusión. Según un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el cauce contiene biodiversidad protegida, lo que ha limitado las labores de limpieza y mantenimiento en los últimos años. Esta decisión, aunque respaldada por criterios medioambientales, ha sido cuestionada tras la tragedia, ya que el agua desbordada arrastró no solo viviendas y negocios, sino también grandes cantidades de vegetación que contribuyeron a obstruir el flujo de agua.

La controversia sobre el mantenimiento del barranco del Poyo y otros cauces similares ha aumentado. Algunos expertos señalan que eliminar la vegetación podría agravar las riadas. Según Pau Fortuño, técnico del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf), las canalizaciones y limpiezas excesivas de los ríos aumentan la velocidad del agua, incrementando su fuerza destructiva. Además, la Directiva Marco del Agua indica que los ecosistemas fluviales en condiciones naturales cuentan con mecanismos que minimizan la necesidad de limpieza artificial.

Sin embargo, otros especialistas consideran que el crecimiento incontrolado de cañas y vegetación densa dentro de los cauces es un factor clave en la magnitud de los daños. Estas plantas pueden formar barreras que reducen la capacidad de desagüe, agravando el desbordamiento. La publicación del Ministerio para la Transición Ecológica sobre el Inventario Español de Conocimientos Tradicionales describe cómo las cañas, al no ser cortadas, generan marañas que modifican el cauce y pueden convertirse en obstáculos.

Robert Daga, el alcalde de Ribarroja, ha reclamado que la Confederación Hidrográfica del Júcar ejecute las inversiones que estaban planificadas desde 2009 para el municipio, que se ve afectado por el río Turia y los barrancos del Poyo y Pozalet, especialmente las presas para la retención de agua, mejorar la gestión del agua y optimizar el drenaje de los barrancos.

Los daños provocados por la DANA no solo han devastado el entorno natural, sino que también han afectado gravemente a la economía de la región. Según Cámara Valencia, más de 48.700 empresas y 44.900 autónomos de 68 municipios se han visto perjudicados. La producción de las empresas afectadas suma 53.117 millones de euros anuales, lo que representa casi un tercio del total provincial, mientras que las pérdidas estimadas en comercio y hostelería superan los 1.500 millones de euros.

Los sectores más afectados incluyen el comercio minorista, con más de 5.000 establecimientos dañados, de los cuales un 67,6 % presentan daños graves, y la industria agroalimentaria, que ha perdido gran parte de la cosecha de cítricos y caquis en las 33.700 hectáreas afectadas. Asimismo, los daños en mercados municipales, mercadillos y centros comerciales como Bonaire ascienden a cifras alarmantes, sumando más de 100 millones de euros en reparaciones.

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha subrayado la urgencia de las ayudas: «Es prioritario que las pymes y los pequeños comercios reciban el dinero ya. La situación es insostenible para miles de negocios y trabajadores». Durante un encuentro empresarial con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, las empresas y asociaciones presentes también reclamaron rapidez en el restablecimiento de infraestructuras y suministro eléctrico, y destacaron la necesidad de apoyo financiero, como líneas de aval del ICO con condiciones favorables.

A pesar de que las ayudas gubernamentales han sido anunciadas, los vecinos critican que las soluciones presentadas no abordan el problema estructural de vivir en áreas de riesgo. La propuesta de medidas como reforestación en la parte alta de los cauces, bolsas de laminación y pequeñas presas para frenar el agua, defendida por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se perfila como una opción para minimizar futuros desastres, pero su implementación requiere tiempo y recursos significativos.

Además, iniciativas previas para mejorar los cauces, como la enmienda de Compromís a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, fueron rechazadas. Este proyecto proponía una partida de siete millones de euros para acondicionar los márgenes del barranco del Poyo y crear un carril bici que conectara las localidades afectadas con el Parque Natural de la Albufera. La falta de apoyo en el Senado por parte del PSOE y sus socios de Gobierno dejó la propuesta sin ejecutar, lo que refuerza las críticas sobre la falta de planificación a largo plazo.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) había firmado en 2023 un convenio para mejorar la calidad del agua del Barranco del Poyo y del lago de la Albufera. Estas acciones, centradas en la conservación del patrimonio natural, no contemplaron actuaciones específicas para reducir el riesgo de inundaciones, un vacío que ha quedado dolorosamente expuesto tras la tragedia.

Mientras las administraciones debaten las soluciones a largo plazo, los vecinos enfrentan decisiones inmediatas. En áreas donde la reconstrucción parece inevitable, se plantean si esta es la mejor inversión. Al mismo tiempo, trasladarse a zonas seguras no está exento de complicaciones, ya que supone un coste elevado y la ruptura de vínculos con su entorno.

La devastación causada por esta DANA, comparable únicamente con la Gran Riada de 1957, podría ser un punto de inflexión para la planificación territorial en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, para los afectados, la prioridad es clara: necesitan soluciones rápidas que garanticen su seguridad y el respaldo económico necesario para retomar sus vidas.