Hablamos Español tratará de imputar al consejero de Educación valenciano si no acata una sentencia lingüística

La Comunidad Valenciana se encuentra en un periodo de transición respecto a la lengua en el sistema educativo. Tras el periodo de imposición del valenciano por parte del Ejecutivo de Ximo Puig, ahora el Gobierno de Carlos Mazón trata de implantar una «libertad educativa» que se ha pospuesto por la dana.

A la espera de que las familias voten qué lengua vehicular quieren para sus hijos en los distintos colegios e institutos, para lo que aun no hay una fecha definitiva por la riada, hay centros que se encuentran en una especie de limbo, cuando no directamente incumplen la ley.

Esto es lo que denuncia Hablamos Español respecto al colegio de Infantil y Primaria Guillem d'Entença, en la localidad de El Puig de Santamaría, que incumple la sentencia que obliga a impartir, al menos, un 25 % de las clases en castellano.

La asociación presidida por Gloria Lago lleva años batallando contra esta situación, desde que en 2022 una familia se quejó de lo que consideraban una injusticia. Desde entonces, el periplo judicial ha sido largo, pero llevó finalmente a que el pasado 5 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana les diera la razón, tras un pronunciamiento favorable en julio.

El problema es que el centro sigue sin acatar esa sentencia, fundamentada en la jurisprudencia relativa a Cataluña, y que obliga a que en Primaria se dé una asignatura troncal (Matemáticas o Sociales) en la lengua de Cervantes, y el Gobierno valenciano no estaría haciendo todo lo necesario para que así sea.

Según avanza Lago a El Debate, «pasados 20 días hábiles, habrá de hacerse efectivo» el fallo del TSJCV, que además impone a la Generalitat Valenciana el pago de las costas del juicio, como ha comprobado este diario, que ha tenido acceso a la sentencia de la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Ese periodo se cumple este viernes y entonces la Consejería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, liderada por José Antonio Rovira, deberá designar a una persona para que se encargue de que el colegio acate la ley.

«Si no cumplen ya, demandaremos al consejero», señala la responsable de Hablamos Español, quien detalla que pedirán que se le impute por desobediencia, «lo que implica una probable multa e inhabilitación». El enfado de Lago con la Administración valenciana es palpable respecto a este caso, en el que creen que «han seguido mareando la perdiz como quien no quiere pagar una multa».

Y es que el pasado 28 de octubre, un día antes de que se desatara la gota fría que devastó la provincia de Valencia, la asociación celebraba que «se nos informó que la Generalidad Valenciana, por fin, tiraba la toalla y acataba la orden del tribunal».

«Nos alegramos de que haya imperado la cordura, resultaba incomprensible que el Partido Popular reclamara para Cataluña lo que estaba incumpliendo en la Comunidad Valenciana», apuntaba entonces una Lago que, pese a la decepción posterior, al menos admite que los derechos de los hispanohablantes en todo caso los defienden mejor los 'populares' que la alternativa que ofrecen PSOE y Compromís y su modelo de inmersión lingüística.

Rovira, por su parte, defendía este jueves que con la consulta sobre la lengua base, incluida en la Ley de Libertad Educativa, se dará esa «libertad a las familias», al «aplicar un sistema equilibrado sin imposiciones» que «busca dar voz a las familias para que elijan con libertad, sin las imposiciones de la Administración, que es lo que pasaba antes», en referencia al Gobierno del Botánico.