Los economistas valencianos alertan de las consecuencias de los privilegios de Sánchez hacia Cataluña

El Colegio Oficial de Economistas de Valencia (COEV) ha realizado una edición extraordinaria de su encuesta 'Economistas Opinan' para conocer la opinión de sus colegiados sobre las consecuencias que los pactos de investidura alcanzados entre el PSOE y los partidos nacionalistas y separatistas puedan tener en aspectos relacionados con la fiscalidad, la economía y la empresa.

El decano del COEV, Juan José Enríquez, y el vicedecano del COEV, Alfredo Hernández, han presentado los resultados de una encuesta compuesta por tres preguntas centradas en la consecuencias económicas y jurídicas que pueden tener la ley de amnistía, los efectos de la aplicación de un cupo fiscal para Cataluña, y la condonación de una parte de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

La encuesta busca trabajar «desde la lógica económica del entendimiento y de la búsqueda del interés común» para aportar, ante la situación actual la visión del Colegio, que cuenta entre sus integrantes con personas con un profundo conocimiento del ámbito económico en vertientes diferentes como fiscalidad, finanzas o empresas.

Así, lo ha explicado el decano del Colegio, quien ha señalado que se ha optado por crear una edición extraordinaria por considerar que resulta «la mejor manera» de conocer las aportaciones de los colegiados «era hacerles llegar una encuesta con la que pudiéramos conocer sus opiniones y preocupaciones frente a algunos de los puntos que han permitido al PSOE afrontar y sacar adelante una nueva investidura».

La encuesta plantea una puntuación del 0 a 10 en cada una de las preguntas, que ha sido seleccionada por los participantes dependiendo del grado conformidad o disconformidad con los aspectos planteados.

Efectos de la ley de amnistía

Una de las cuestiones abordadas versa sobre los efectos que puede tener una ley de amnistía sobre aspectos como la imagen que España está dando de cara a captar inversiones. En este sentido, el 70 % de los encuestados muestran su preocupación por las consecuencias que pueda tener para la llegada de inversores, y de ellos un 60 % se muestran altamente preocupados.

Por otra parte, el 19 % los considera beneficioso y de ellos un 9 % piensa que esta ley puede activar las inversiones, mientras que el 11 % creen que no habrá cambios en este ámbito tras la aprobación de la citada norma.

Sobre la influencia de la amnistía sobre la seguridad jurídica y la previsibilidad de las decisiones públicas, un 72 % considera que puede ser claramente perjudicial, frente a un 13 % que se queda en las opciones neutras, mientras que un 15 % elige entre las opciones que van de 7 a 10, considerando que la ley puede ser beneficiosa, aunque solo un 7 % la ven como claramente beneficiosa.

En lo que respecta al efecto que la amnistía pueda tener sobre la solvencia del Estado legislador y la confianza de las instituciones, el 72 % creen que la aprobación de esta ley va a afectar muy negativamente a este aspecto, y de ellos un 58 % cree que va a ser muy perjudicial. Un 11 % se queda en medio de la tabla, frente a un 16 % que consideran que puede ser beneficioso, pero solo un 7 % lo ven claramente beneficioso.

El cupo catalán

Otra parte de la encuesta se centra en los efectos que tendría la aprobación de un régimen fiscal para Cataluña similar al que tienen País Vasco y Navarra, algo que el 72 % de los encuestados consideran perjudicial para la igualdad y la solidaridad entre españoles y un 70 % cree que afectará a la estabilidad del sistema tributario español.

Un 69 % considera que el establecimiento de un cupo fiscal para Cataluña tendrá consecuencias negativas en la competencia fiscal entre regiones, un porcentaje que es el mismo para aquellos que creen que perjudicará la cobertura de gastos de la Administración central.

Condonación de la deuda

Los colegiados también han sido preguntados sobre su grado de conformidad con el hecho de que se pueda condonar una parte de la deuda que Cataluña tiene con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), cifrada en 15.000 millones de euros. Una decisión que el 58 % considera inadmisible porque no consideran que ésta sea una comunidad que se encuentre en una situación de infrafinanciación.

Por otra parte, el 68 % de los encuestados, preguntados sobre si el Estado debería condonar la deuda al conjunto de las autonomías, con independencia de su cuantía y origen, se manifiestan contrarios a esta posibilidad, aunque un 53 % admite que esta decisión pueda adoptarse en el caso de comunidades infrafinanciadas, como es el caso de la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia.

Por otra parte, el 61 % se manifiestan contrarios a que se condone la deuda de las comunidades autónomas por considerar que suponen un incentivo al gasto y al endeudamiento.